Los consejos consultivos: el retiro dorado de los expresidentes

Esto le ahorra prepararse voluminosos dictámenes sobre temas tan variopintos como el carácter y uso de la lengua valenciana o el recurso que el Ejecutivo de Alberto Fabra quiere interponer contra el impuesto estatal de depósitos bancarios. Camps, experto en Derecho constitucional, lee lo que trabajan sus cinco colegas y opina, pero sin mucho margen de maniobra. Los juristas que le acompañan dicen que es cumplidor: «Viene siempre, salvo cuando acude a las Cortes, donde conserva su escaño, aunque renunció al sueldo. Ahora bien, lo que haga en el despacho es cosa suya».

El presidente del consejo asturiano, Bernardo Fernández Pérez, ex profesor de Derecho en la Universidad de Oviedo, ex vicepresidente y ex viceconsejero de diferentes gobiernos asturianos socialistas, «entiende» que estos organismos «estén en entredicho, aunque no del todo. España es un país de pícaros y uno es lo que hace».

Bernardo atiende el teléfono, sin intermediar un gabinete que frene y filtre la información como ocurre en otras regiones. Es de los que va muchas tardes y más de una noche al despacho de un consejo de tamaño medio, con cinco vocales y 1,5 millones de euros de presupuesto anual. El volumen de trabajo es fuerte. Como en los otros 16 consejos regionales, debe emitir todo tipo de informes sobre cuestiones que le consultan el gobierno, el parlamento y los ayuntamientos por imperativo legal. Lo mismo les cae un recurso de inconstitucionalidad, que una demanda por negligencia médica. Una ley estatal ordenó crear estas instituciones, a imitación del Consejo de Estado, para repartir tarea, dar más garantías al ciudadano y blindar jurídicamente los decretos de las autonomías. En la inmensa mayoría sus decisiones no son vinculantes, aunque los que les han sentado ahí los ejecutivos y legislativos regionales les hacen bastante caso.

En Asturias no hay consejeros natos, los cinco tienen dedicación exclusiva y cobran lo mismo: 63.705 euros brutos al año. En estos tiempos de crisis, donde parece que sobra todo y la periferia tiene que plegarse a la capital, Fernández Pérez se reivindica con cifras: «He estudiado el tema y el Consejo de Estado no podría asumir el trabajo de los autonómicos con la estructura actual. Imposible. Se multiplicaría por seis su trabajo. Somos imprescindibles».

Aragón 323.000 euros de presupuesto anual y La Rioja 360.000 son los más discretos. El primero tiene nueve miembros: siete juristas de reconocido prestigio y dos ex altos cargos. Entre los riojanos tampoco hay consejeros natos, aunque su presidente es Joaquín Espert Pérez-Caballero (PP), jefe del Ejecutivo regional de 1987 a 1999. Un año después entraba en este club de sabios que tercia en polémicas tan dispares como las vacaciones fiscales vascas, la plantación ilegal de viñedos, la reciente muerte de un adolescente al caerse por una zanja o el guirigay que le montaron unos farmacéuticos a un colega que cerró su botica del pueblo para abrirla en un centro comercial. Les honra que devuelven «íntegra» la dieta de comidas. Almuerzan todos en casa.

En Cataluña, por duplicado

Baleares, con medio millón de presupuesto, y Murcia, con 900.000 euros, les siguen en modestia. Los venerables murcianos se tienen que conformar con una retribución media anual y bruta de 26.000 euros. Y eso que las consultas han subido un 85% en los últimos cuatro años de crisis. No tienen dedicación exclusiva, cobran por sesión. Tampoco aquí hay plaza fija para los ex presidentes, aunque nos volvemos a encontrar con un ex vicepresidente de la comunidad, Antonio Gómez Fayrén (PP).

Les tienen que mirar con envidia a los catalanes, los más rumbosos con la cartera. Sí, hay quien gana más que Gallardón. Cataluña tiene dos órganos para resolver estas cuestiones: la Comisión Jurídica Asesora de perfil más técnico, orienta al Govern y a los ayuntamientos y el Consejo de Garantías Estatutarias, que valida o no los proyectos de ley del Parlamento. Es el órgano que, por ejemplo, dictaminó en agosto que la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre no infringe la Constitución. Cada uno de los nueve consejeros gana 112.403 euros. Y hay pluses anuales de dedicación especial: 7.735 euros para el presidente (Joan Egea, catedrático de Derecho Civil), 6.077 para el vice y otros tantos para el consejero secretario. Un portavoz de la institución aclara que «no son estratosféricos, están igualados con los sueldos del Govern». El presupuesto sube a los 3,4 millones. El de su prima hermana, 2,6 millones, un 21% menos que hace 5 años. La Comisión Jurídica Asesora tiene 15 consejeros con retribuciones más moderadas: rondan los 85.000 euros.

Donde se han apretado de verdad el cinturón es en Andalucía. De puro sofocón. Hace un par de años se destapó que el presidente, Juan Cano Bueso, ganaba 92.531 euros, un pellizco más que entonces José Antonio Griñán, y se lo han dejado en 64.000. De los 15 consejeros había 6 que también cobraban más que los miembros del Gobierno andaluz y sus nóminas han pasado por la guillotina. Aquí tienen sillón hasta que cumplan 75 años los ex mandatarios andaluces. Pero solo ha ejercido este derecho Rafael Escuredo (PSOE), el primer presidente electo de la Junta. Esta misma semana se ha aprobado su incorporación al consejo con carácter exclusivo y a tiempo completo; desde 2011 lo era de forma parcial.

Para bronca, la de Extremadura. No tanto por los sueldos, que oscilan entre los 67.292 y los 61.000 euros, sino por lo engrasadas que andan algunas puertas giratorias: «No es tolerable que Pedro Tomás Nevado-Batalla, ex consejero de Monago, dejara su cargo y le colocaran inmediatamente en la presidencia del Consejo Consultivo. Y que Clemente Checa dejara la presidencia del Consejo Consultivo para ser consejero de Monago. Este hecho rompe la poca imparcialidad que le quedaba a la institución», denuncia José Francisco Sigüenza, coordinador de UPyD en Extremadura. Aquí al menos son transparentes y dan todo tipo de información.

Lo contrario que en Castilla-La Mancha, donde remiten a las leyes presupuestarias para poner ceros a los sueldos y a su web para tratar de dar con algún alto cargo. 71.000 euros anuales se llevan los excelentísimos señores de esta casa. Y aquí también les guardan sillón a los ex presidentes regionales, aunque solo lo ocupó el socialista Jesús Fuentes. En Galicia se andan con menos contemplaciones. Gerardo Fernández Albor (PP) a sus 97 años es el decano, Emilio Pérez Touriño (PSOE) y Fernando González Laxe (PSOE). Los tres ex presidentes, los tres en el consejo consultivo.

«Hay un miedo terrible a que al socaire de la crisis se nos interprete como chiringuitos para colocar a gente. Esto no es la cueva de Alí Babá», coinciden diferentes consejeros. La mayoría son juristas de relumbrón apoyados por letrados, su labor es tan importante como desconocida y los 87.440 euros de Gallardón solo los superan los conselleres catalanes. Pero es que suman 30,1 millones de euros de presupuesto anual, 8 ex presidentes autonómicos (sin contar a los ya jubilados), 2 ex vicepresidentes, ex consejeros, ex alcaldes...