Italia vs España: dos modelos distintos en la gestión de radares de velocidad

La nueva Ley n.º 105 de 2025 de Italia obliga a los municipios, provincias y regiones a enviar un censo completo de todos los radares de su territorio al Ministerio de Infraestructuras y Transportes. La información debe incluir la localización del radar, su modelo, marca y la certificación de homologación.

El incumplimiento de este censo tendrá consecuencias directas: el radar se considerará no apto para multar, y las sanciones que genere serán nulas. Según expertos, esta reforma busca poner fin a la jurisprudencia que ya había anulado multas por falta de homologación y fomenta una práctica más transparente, donde la función principal de los radares sea la prevención de accidentes, y no la recaudación.

Además, la ley italiana contempla la creación de una plataforma pública para que los ciudadanos puedan verificar la ubicación y el estado de certificación de cada dispositivo. En palabras del abogado Andrea Gullo, del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting, la reforma es crucial para evitar la «ilegitimidad de las sanciones» y para asegurar la «verdadera función preventiva de los radares».

A diferencia de la situación en Italia, la DGT en España ya tiene un sistema de transparencia establecido. A través de su página oficial, publica un listado de todos los radares de velocidad, incluyendo su ubicación y el tipo de dispositivo. Esta política, aplicada desde hace años, busca que los conductores sepan dónde se encuentran los controles de velocidad, fomentando así la conducción segura y la reducción de accidentes en los tramos más peligrosos.

Aunque el número de radares en España es elevado (se estima que hay más de 2.000, incluyendo los de tramo y los móviles), el modelo de transparencia de la DGT evita la percepción de que su función es puramente recaudatoria.

Pese a ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha alcanzado un récord histórico en recaudación por multas, superando los 539 millones de euros en 2024. Según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), se impusieron un total de 5.413.507 denuncias, lo que representa un aumento del 5,14% respecto al año anterior.

El estudio de AEA confirma que el exceso de velocidad sigue siendo la principal causa de sanción, representando dos de cada tres multas. En total, se registraron 3.440.530 denuncias por esta infracción, lo que supuso un incremento del 4,10%.

Otras de las multas más comunes fueron por no haber pasado la ITV, conducir sin carnet, usar el teléfono móvil al volante y no llevar puesto el cinturón de seguridad. El informe también señala un preocupante aumento en las denuncias por conducir bajo la influencia de drogas, que subieron un 5,52%.

En el ámbito geográfico, Andalucía fue la comunidad con mayor número de multas, pero Madrid destacó por su densidad, con 202 denuncias por kilómetro de carretera. Por su parte, La Rioja, Aragón, Melilla y Andalucía fueron las regiones con el mayor aumento porcentual de multas.

Mientras Italia comienza ahora un proceso de censo y regulación, España ya cuenta con un sistema consolidado que prioriza la prevención por encima del castigo, estableciendo una diferencia clara en la gestión de la seguridad vial en ambos países.