Más de 40.000 compradores de vehículos eléctricos esperan las ayudas del Plan Moves

El Plan Moves III, dotado inicialmente con 400 millones de euros, fue aprobado en la pasada primavera con carácter retroactivo desde el 2 de enero de 2025 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Pero la gestión del plan de ayudas se realiza a través del IDAE, y el reparto de los fondos se efectuó en función de la población y no de la demanda real de vehículos eléctricos.

Esta metodología ha provocado que los principales mercados por volumen de ventas de coches eléctricos, como Madrid y Cataluña, agotaran sus fondos en julio y septiembre, respectivamente. Actualmente, hay diez Comunidades Autónomas en las que ya se han agotado los fondos disponibles. Dado que el plazo del plan sigue abierto hasta el 31 de diciembre, los clientes de estas regiones pasan a engrosar una lista de espera al formalizar sus compras, según estimaciones del sector automovilístico desveladas por Europa Press.

El mercado electrificado ha experimentado un alza exponencial este año, con cuotas de mercado que superan el 20% al sumar vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Se estima que los eléctricos puros, que iniciaron el año por debajo del 6%, terminarán 2025 por encima del 9% y en el entorno de las 100.000 ventas.

El sector atribuye este crecimiento a las ayudas a la compra y a la llegada de modelos más asequibles, que se sitúan incluso con precios inferiores a los 15.000 euros tras aplicar las subvenciones.

Desde el sector de automoción se subraya que la falta de una prórroga presupuestaria está provocando la pérdida de pedidos de vehículos eléctricos. Existe ahora el temor de que las ventas se paralicen durante el mes de diciembre a la espera de un anuncio oficial sobre la prórroga del Moves III o un futuro plan de ayudas para 2026.

El actual plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos contempla un importe de entre 7.000 y 9.000 euros en caso de achatarramiento para vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos, mientras que para los turismos, la ayuda alcanza los 4.500 euros por vehículo (7.000 euros con achatarramiento).

Contempla dos tipos de actuaciones: por un lado, ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y por otro, ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

En cuanto a las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables, los vehículos financiables podrá ser híbridos enchufables (PHEV), vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), vehículos eléctricos de batería (BEV), así como vehículos eléctricos de pila de combustible (FCV y FCHV).

Pueden acceder a estas ayudas particulares, autónomos, comunidades de propietarios, empresas y entes públicos. El monto de la ayuda varía en función del solicitante, el tipo motorización del vehículo, su categoría o su autonomía, y se sitúa entre los 1.100 euros y los 7.000 euros (o 1.300 euros y 9.000 euros en caso de que se acompañe del achatarramiento de un vehículo de más de siete años). Los detalles se encuentran recogidos en el Anexo III del Real Decreto que regula las ayudas.

Sobre las ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, el importe también varía según el tipo de solicitante. En el caso de particulares, se puede solicitar hasta el 70% del coste, mientras que para empresas la ayuda asciende hasta el 35%. En municipios con menos de 5.000 habitantes, estos porcentajes pueden aumentar hasta el 80% y el 40% respectivamente.

La concesión de las ayudas del Plan Moves III se realiza a través de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que gestionan su distribución dentro de sus respectivos territorios. Este enfoque descentralizado busca adaptar el programa a las necesidades específicas de cada región. Por tanto, las solicitudes deben presentarse a las comunidades autónomas o a las entidades colaboradoras que estas designen.

Esto implica que el tiempo que tardan en pagarse las ayudas del Plan MOVES III una vez solicitadas varíe significativamente dependiendo de cada Comunidad Autónoma. En términos generales, el cobro puede demorarse entre ocho meses y dos años después de la presentación completa de la documentación requerida. En cualquier caso, las autoridades disponen de un plazo de seis meses para resolver la solicitud desde que se le asignan fondos.