El exconcejal de Marbella Carlos Fernández intenta sin éxito volver a España tras prescribir sus causas

El nombre del exconcejal de Marbella aún figura en la orden internacional de detención dictada por Interpol por las causas que dejó pendientes al huir durante la 'operación Malaya', hace ya 19 años. Una vez que las autoridades locales comprueban que el procedimiento ha prescrito, según consideró la justicia argentina, Fernández es puesto en libertad, pero ya con la imposibilidad de abordar el vuelo. Esta situación, según sendos escritos que la defensa del exconcejal ha presentado en la Audiencia Nacional, le impide regresar a España una vez que la justicia argentina negó su extradición al considerar prescritas las causas por las que se le reclamaba. Formalmente ya no tiene causas pendientes, pero aún sigue prisionero en un bucle legal.

Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Marbella primero por el GIL y posteriormente por el Partido Andalucista, huyó en junio de 2006 cuando la policía se presentó en su casa para detenerlo en el marco de la 'operación Malaya', que destapó una red de corrupción en la ciudad entonces gobernado por el GIL. Se le perdió la pista y estuvo en paradero desconocido durante más de diez años, hasta que en septiembre de 2016 se entregó voluntariamente a la policía en la provincia argentina de San Juan, en el oeste del país junto a la frontera con Chile, donde llevaba tiempo residiendo y había formado una familia tras casarse con una mujer argentina con la que tuvo dos hijos.

El exconcejal, que llevaba tiempo trabajando como 'coach' y ha prestado servicios a políticos y empresarios de la zona, fue enviado a prisión, donde compartió pabellón con algunos exmilitares argentinos que cumplían condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que padeció el país sudamericano.

Dos meses más tarde fue excarcelado y después un largo proceso, la Corte Suprema argentina (equivalente al Tribunal Supremo español) resolvió en diciembre de 2022 rechazar el pedido de extradición solicitado por la Audiencia Nacional al considerar que todas las causas por las que la justicia española le reclamaba habían prescrito.

En teoría, esa resolución del caso le abría las puertas a su objetivo de regresar a España, motivo último por el que el expolítico había decidido entregarse y blanquear su situación ante las autoridades argentinas. Sin embargo, dos años y medio después sigue varado en el país sudamericano y ni siquiera puede regularizar su situación, ya que sigue en situación de indocumentado. A pesar de estar casado con una argentina, al no tener documentación tampoco puede optar a la nacionalidad de ese país.

El motivo, según los escritos presentados por su defensa ante la Audiencia Nacional, es que la orden internacional de detención dictada en su día continúa activa en los sistemas de control fronterizo.

Esto provoca que cada vez que el antiguo prófugo intenta embarcar con destino a España en algún aeropuerto argentino, saltan las alarmas, por lo que es retenido por la Policía Federal argentina. Una vez que se comprueba que su situación jurídica en el país sudamericano es regular y ya no procede la extradición, es dejado en libertad, pero no se le permite salir del país «quedando atrapado en un bucle administrativo de retención y liberación sin solución efectiva», sostiene uno de los escritos presentados ante la Audiencia Nacional por su defensa, que considera que no se trata de un impedimento jurídico, sino práctico, el que le impide volver a España para regularizar su situación.

Al no tener documentación alguna, Fernández acude al aeropuerto con un salvoconducto que le proporciona la embajada española en Buenos Aires válido solamente para un día en concreto que se le expide al comprar el billete, según explicó el exconcejal a este periódico.

Lo ha intentado varias veces y en todas ellas el desenlace ha sido el mismo. El código rojo de la orden de detención salta en los ordenadores del aeropuerto e inmediatamente es detenido. Generalmente la policía argentina demora entre 48 y 72 horas en aclarar su situación, ya que no tiene cuentas pendientes en el país de acogida, y durante ese tiempo permanece detenido.

La defensa asegura que a pesar de que la justicia argentina ha considerado que la extradición no procede, Fernández tiene la intención de comparecer de manera voluntaria en España y someterse al procedimiento aún pendiente en la Audiencia Nacional, pero esta situación se lo impide. Por ese motivo, ha solicitado que la Sala levante de manera provisional la requisitoria aún vigente «con el único propósito» de que pueda viajar de Argentina a España y agilizar de esa manera su «comparecencia voluntaria» .

La Audiencia Nacional ya ha respondido a una de estas solicitudes y se ha negado a atenderla al considerar que la requisitoria internacional dictada en su día no es obstáculo para que el exedil comparezca si así lo desea.