Marbella exige en el Parlamento Andaluz que se mantengan las concesiones de los puertos deportivos
El Gobierno autonómico retoma la tramitación de la modificación de la ley que impide mantener el plazo original de los contratos anteriores a 1988 y los limita a 30 años
El Parlamento Andaluz hizo en julio el primer intento de aprobar una modificación de la ley de 2007 sobre el Régimen Jurídico y Económico de ... los Puertos Andaluces que reconozca el plazo original previsto en las concesiones de los puertos. La propuesta conjunta de PSOE, PP y Ciudadanos se topó con la oposición de Podemos e IU y el debate se trasladó a después del verano. Ayer, en la Comisión de Fomento de la Cámara andaluza se dio voz a diversos agentes sociales para su pronunciamiento sobre la Proposición de Ley (PL) que persigue el Ejecutivo andaluz. Uno de ellos fue el Ayuntamiento de Marbella que, como concesionario del Puerto Deportivo Virgen del Carmen, reclama que se mantengan los plazos inicialmente otorgados en las concesiones de antes de la Ley de Costas de 1988, y quede por tanto sin efecto la norma aprobada en 2014 que establece en 30 años, a partir de 1988, el plazo máximo de las concesiones de puertos. Con esa norma de 2014 vigente, las concesiones de la mayor parte de los puertos deportivos andaluces tendrían que ser rescatadas en este 2018.
«La mayoría representada en esta cámara ha encontrado una fórmula para unificar criterios, para homogeneizar la situación de los puertos y darles la cobertura legal que permita su libre ejercicio económico», defendió el concejal de Puertos de Marbella, Manuel Cardeña, durante su intervención en la que estuvo acompañado por el director del Puerto Deportivo, Javier Mejías.
Uno de los recintos afectados por la normativa vigente es Puerto Banús. La concesión de esta marina, aprobada en 1968, se formalizó por 99 años, pero con la ley actual ha caducado en este ejercicio. «Hoy venimos a defender los intereses de Marbella y a hacer cumplir el deseo de todos los vecinos: que la relación ciudad-Puerto Deportivo goce por mucho años de buena salud», continuó Cardeña, quien hizo referencia igualmente a que para la ciudad, la Costa del Sol y Andalucía «es vital que Puerto Banús tenga estabilidad para seguir creando empleos. Creo que nuestra comunidad autónoma le debe mucho al Puerto José Banús y queremos que siga brillando». Sobre La Bajadilla y Cabopino, destacó «que necesitan que se les dé una solución que les puede hacer aportar aún más a la economía de la ciudad».
Problemas «que no existen»
El edil marbellí arremetió contra las formaciones políticas que se han opuesto a la Proposición de Ley. «No podemos crear problemas que no existen, aplicando supuestos inaplicables, perjudicando al sector náutico. Todo, por el complejo que tienen los 'podemitas' e IU con el sector turístico. Ya hicieron enfermar al mundo del golf, procuremos que el sector de puertos goce de buena salud», concluyó
En el texto de la Proposición de Ley para la modificación de la Ley 21/2007 de Régimen Económico de los Puertos de Andalucía, los grupos proponentes fundamentan este cambio en que la aplicación de la limitación de plazo sobre las concesiones «puede conllevar muy importantes efectos económicos», tanto los referidos a los concesionarios como especialmente a la multitud de empresas que funcionan en los recintos portuarios y que han llevado a cabo sus negocios en función a un precio vinculado a una duración. Y en ello basó su argumento el presidente de Marinas de Andalucía, José Carlos Martín, que intervino igualmente en la Comisión de Fomento del Parlamento y que incidió además en las inversiones que hicieron los concesionarios que suscribieron los primeros contratos que incluyeron la construcción de las marinas y que, indicó, «no bajó en ningún caso de los 40 millones de euros».
Intervinieron en la sesión presentantes de los ayuntamientos de Benalmádena, Aguadulce, Adra y Torrox, además de colectivos ecologistas, sindicatos, consumidores y clubes náuticos que mostraron su posicionamiento -a favor o en contra- de la modificación de la ley que se plantea.
Una de las exposiciones más destacadas la protagonizó el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, quien advirtió de la «inconstitucionalidad» de la Proposición de Ley (PL) que debate el Parlamento Andaluz. «Esta PL no da garantía a los actuales prestadores y derivará en una escalada infernal de pleitos. Además, abrirá un conflicto con el Estado, que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad». El abogado fue claro: la normativa actual establece que «todas las concesiones están sujetas a la reducción de 30 años. No hay manera de escaparse».
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