Un Juzgado pide la extradición de Carlos Fernández por una causa de corrupción urbanística

Al igual que hiciera con el 'caso Malaya' el titular del juzgado, Sergio Ruiz Martín, ha dictado auto de prisión incondicional contra el exedil y ha solicitado a las autoridades argentinas a través de Interpol que mantenga la prisión preventiva del fugado, que se encuentra ingresado en la prisión de la provincia argentina de San Juan, en el oeste del país.

Esta segunda causa por la que el Juzgado de Instrucción 3 aprueba la solicitud de extradición se refiere a un proceso abierto por la presunta concesión ilegal de licencias urbanísticas. Se trata, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de una voluminosa causa que acumuló cerca de cinco tomos y que, en el momento de la fuga del ex concejal, se encontraba ya en fase de procedimiento abreviado. El tiempo de prescripción fijado para este tipo de delitos es de diez años y, de hecho, el auto de apertura de juicio oral fue dictado en el año 2009, lo que suponía interrumpir el transcurso del tiempo de prescripción. En consecuencia, el tiempo a computar para el cálculo de la extinción de la responsabilidad penal comienza a contar a partir de ese momento, por lo que en el momento de la detención de Fernández todavía no habían transcurrido diez años.

Esta segunda petición de extradición se suma a la ya realizada por el mismo juzgado por el 'caso Malaya' y a la realizada por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional en relación con el 'caso Saqueo 2'. Asimismo, otros juzgados de Marbella están pendientes de resolver en relación a procedimientos que implican al exconcejal. La Fiscalía ha presentado siete informes relativos a la extradición de Fernández por otras tantas causas. Tres ya han sido resueltas por los juzgados y quedan cuatro pendientes en los juzgados de Instrucción número 1 y 3 de Marbella.

Entre ellas se encuentra la que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella por presunta prevaricación urbanística, conocido como «caso Obarinsa», cometida en febrero de 2004 en la que se le solicitan dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez años. En este asunto se investigó la concesión de una licencia para la ejecución de un edificio de 80 viviendas que se no ajustaba al ordenamiento urbanístico. Este procedimiento quedó paralizado el 10 de diciembre de 2009, cuando se decretó la rebeldía del exconcejal y se ordenó su busca y captura. La Fiscalía ha informado de que corresponde solicitar la extradición de Fernández también por este procedimiento.

Por otro lado, la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha declarado prescrita la única causa en la que Carlos Fernández fue condenado en sentencia firme relacionada a la malversación de fondos públicos destinados a la Unión Deportiva San Pedro.