La jueza de 'Astapa' admite investigar la participación de Villarejo en el arranque del caso
Ordena al fiscal que se pronuncie sobre la documentación presentada por varios de los acusados, que aducen indefensión
La jueza que instruye el 'caso Astapa' ha admitido investigar la posible participación irregular del comisario Villarejo en el arranque de esa causa, ... que lleva más de una década de instrucción. Tras la presentación de diversa documentación por parte de varios de los acusados, la jueza ha ordenado al fiscal que se pronuncie a efectos de la apertura de una pieza separada secreta o la medida que se considere oportuna.
En una providencia dictada el pasado 11 de octubre, a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza ordena que se traslade al Ministerio Fiscal toda la documentación aportada en este sentido, entre la que figura un informe de la Unidad de Asuntos Internos de Cuerpo Nacional de Policía que desvelaba millonarios intereses inmobiliarios en Estepona del comisario y relataba que uno de sus hombres de confianza había conseguido el control del urbanismo en el Ayuntamiento tras la detención de Barrientos.
Este informe, del que este periódico informó en marzo del año pasado, señala que Villarejo es directa o indirectamente titular de numerosas sociedades con un capital social desembolsado que supera los 25 millones de euros. «En el entramado societario creado por Villarejo –señala el informe– se observa una operativa consistente en constituir empresas con la única finalidad aparente de que los bienes (de los que ya es propietario) figuren a nombre de las mismas, interponiendo de esta forma una persona entre las propiedades y el verdadero titular».
Nombres interpuestos
El informe, en poder del juzgado desde diciembre del año pasado, revela que estas sociedades, algunas constituidas en España y otras, en el estado norteamericano de Delaware y en Uruguay, figuran en su mayor parte a nombre de personas de la máxima confianza del mando policial.
El proceso, todavía en fase intermedia
Después de que en octubre del año pasado culminara la instrucción del caso con el sobreseimiento de 39 investigados y la continuación del proceso contra otros 50, el procedimiento se encuentra en una fase intermedia, a la espera de que los abogados de los acusados conozcan el escrito de acusación para poder presentar sus argumentaciones.
En total se trata de 14 personas, entre quienes aparecen, además de familiares directos de Villarejo, dos que tuvieron un papel relevante en la 'operación Astapa'. Uno es un testigo que denunció presiones del entorno del exalcalde Antonio Barrientos, acusado en la causa. El otro es Diego de Lucas, nombrado gerente de Urbanismo tras la detención del Barrientos y su reemplazo por David Valadez, cuya denuncia había dado inicio a toda la operación.
El fiscal aún no ha respondido al requerimiento de la instructora, que lleva apenas unos meses en el cargo, aunque en febrero del año pasado ya pidió que se investigara la posible participación de Villarejo en el procedimiento al respaldar la petición de uno de los acusados, con la adhesión de otros, que hacía referencia a la presunta falta de veracidad en informes policiales que los perjudicaron y en los que habría actuado el policía, de quien posteriormente se conocieron sus intereses inmobiliarios en Estepona. En aquella ocasión, la antecesora de la actual instructora desoyó esta petición pero ahora es la jueza la que ha tomado la iniciativa pidiendo al fiscal que se pronuncie.
Nulidad de la prueba
El escrito presentado por una de las defensas hace referencia a que desde el inicio de la instrucción las defensas han denunciado la nulidad de la prueba de fondo de la que derivan todas las demás, y que se ha corroborado que la denuncia inicial se basaba en informaciones falsas.
En el texto se señala que desde ya hace algún tiempo, y en especial desde la puesta en marcha de la 'operación Tándem' numerosos medios de comunicación han puesto al descubierto la participación de Villarejo en el 'caso Astapa', sus intereses económicos en Estepona y sus vinculaciones con personas que han testificado en la causa. «No parece en modo alguno casual que se estén conociendo situaciones de interés que explican la irregular forma de actuar en la investigación y su ausencia real de justificación, provocando en definitiva una prospección no para comprobar delitos sino para buscar si existen con el fin de eliminar a un enemigo político», sostiene el escrito.
En una segunda providencia, dictada por la jueza instructora el pasado 24 de octubre, se da por admitida a la causa otros escritos presentados por diferentes defensas, entre los que destacan una información publicada en SUR el pasado 2 de septiembre que hace referencia a 12 piezas separadas que se instruyen en relación a los servicios parapoliciales de Villarejo.
«Manifestaciones inciertas o tergiversadas motivaron la detención de mi defendido»
En su escrito de adhesión a estas actuaciones, la defensa del exalcalde Antonio Barrientos señala que las últimas informaciones y grabaciones conocidas en relación con Villarejo aportan indicios sólidos de que ha podido existir una instrumentalización del 'caso Astapa' con el objetivo de que el comisario y sus socios alcanzaran «pretensiones ilícitas» en materia de urbanismo, por lo que considera imprescindible que se aporten los informes policiales y las grabaciones obrantes en la denominada 'operación Tandem', que investiga las actividades ilícitas del policía.
El escrito recuerda que hace diez años ya advirtió del falseamiento de datos que se habían incluido en los informes policiales presentados por la UDEF, enumerando las incorrecciones contenidas en los mismos y que incluían además comentarios personales de los investigadores carentes de todo sustento. El letrado recuerda que en un auto dictado en agosto de 2010, el entonces instructor reconoció la existencia de esos errores. «Estas manifestaciones inciertas o completamente tergiversadas fueron las que motivaron la detención e ingreso en prisión preventiva de nuestro defendido y la imputación de su madre y hermano, quienes fueron finalmente apartados de la causa cuando ésta se sobreseyó frente a ellos por falta de indicios de comisión de delito muchos años después», señala el escrito.
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