El juez que investiga a la Triple A de Marbella concluye que existió un sacrificio «masivo e injustificado» de animales
El instructor procesa a la cúpula de la asociación, a la que acusa de privilegiar sus propios intereses económicos
El juzgado de Marbella que instruye la causa en la que se investiga la actividad de la Asociación Amigos de los Animales Abandonados (Triple A) ... ha concluido la instrucción del procedimiento que se sigue contra la cúpula de esa organización, a la que acusa de haber ejecutado durante cinco años un sacrificio masivo e injustificado de animales para favorecer sus intereses económicos. En el auto por el que ordena continuar con la tramitación de las diligencias previas, el juez instructor dispone proseguir la causa contra la asociación y contra cinco de sus responsables entre 2011 y 2016, al tiempo que acuerda el sobreseimiento provisional de 14 colaboradores de la organización.
En el auto, dictado el pasado 18 de septiembre y al que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que los procesados pudieron haber cometido los delitos de maltrato animal, falsedad documental, intrusismo profesional, apropiación indebida, administración desleal, contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social y estafa.
En sus conclusiones, y después de tres años de instrucción, el juez considera que a partir de 2011 y al menos hasta 2016, y bajo la dirección de la entonces presidenta, Bettinna P., y con la colaboración imprescindible del resto de los miembros de la junta directiva, se sacrificaron animales domésticos de los recogidos en la asociación «de forma masiva e injustificada» con la exclusiva finalidad de reducir los costes y dedicar de esa manera parte de las instalaciones a fines privados.
Los acusados extraían el chip a los animales y decían a sus dueños que no los tenían
Estos sacrificios, según sostiene el auto del juez, se realizaban de manera principal por la entonces presidenta, que daba las órdenes necesarias, sin control veterinario. La propia Bettina, sostiene el auto, administraba los productos eutanásicos a los animales de su propia mano sin tener los conocimientos necesarios. Se inoculaban dosis del producto por debajo de lo indicado en el prospecto, aunque suficientes para causar la muerte, «de forma inexperta, por vía distinta a la intravenosa y sin sedación previa», sostiene el auto. De esa manera se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y, según el juez, conocida por los investigados.
El auto señala que estos sacrificios se realizaban sobre animales normalmente sanos, jóvenes (principalmente cachorros) en muchas de las ocasiones, algunos de ellos entregados en el centro tan solo días (incluso horas) antes y sin que hubiese causa que justificase su muerte, salvo la falta de espacio en el centro.Gatos negros
El juez asegura en el escrito que l investigada Andrea D., entonces vicepresidenta de la Triple A, realizaba la selección de gatos a sacrificar, «preferentemente negros», cuyo sacrificio ejecutaba Bettina o daba las órdenes directas para que se hiciese.
El auto no menciona el número de sacrificios realizados, aunque sostiene que se trata de «una cantidad desproporcionada de animales», principalmente perros y gatos, y sostiene que no existe relación entre los ejemplares fallecidos entregados por el Servicio de Sanidad Veterinaria de la Triple A y los retirados por la empresa Paraíso para su incineración.
Según el instructor, para ejecutar estos sacrificios, los investigados adquirían grandes cantidades de productos eutanásicos, que en un principio se suministraron mediante la correspondiente receta firmada por un veterinario, pero que posteriormente Bettina se encargaba de adquirirlos «llegando en algunas ocasiones a falsificar la firma del veterinario de la asociación y haciendo uso de su sello». Los animales sacrificados se hacían constar como fallecidos por enfermedad.
Asimismo, señala el escrito del juez, otros animales recibidos en la asociación u obtenidos de manera irregular eran principalmente remitidos en adopción a otros países, fundamentalmente Alemania y Finlandia, alterando los datos que debían reflejarse en la documentación necesaria para su salida de España. El juez sostiene que los acusados extraían el microchip de los animales y les manifestaban en muchas ocasiones a sus propietarios que preguntaban en la asociación que ellos no los tenían. Los ingresos que obtenían por estas adopciones no se registraban en contabilidad alguna. El juez señala a la investigada Andrea D. como la encargada de estas operaciones.
El instructor destaca que la asociación promocionaba su actividad con un sacrificio cero de animales y obtenía donativos y otras prestaciones de particulares que se destinaban a otros fines, por lo que se incumplían los estatutos.
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