Condenan a Arquisocial a readmitir a una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio

El conflicto laboral y judicial generado tras el despedido de trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio ha dado un paso más. El Juzgado de lo Social número 11 de Málaga ha condenado a la empresa Arquisocial Estepona SL, que asumió el servicio tras su privatización, a readmitir a una trabajadora que fue subrogada desde el Ayuntamiento. Se trata de la primera sentencia que afecta a las empleadas que fueron despedidas por la empresa tras ser subrogadas y se suma a las 16 de sus colegas que demandaron al Ayuntamiento por la misma razón cuando el servicio aún era municipal.

La diferencia es que, mientras el Ayuntamiento de Estepona ha recurrido las sentencias que le obligan a readmitir a las 16 trabajadoras ante el Tribunal Supremo, la empresa ha optado por reincorporar a la trabajadora, algo que ocurrió ayer.

El juez declara improcedente el despido y ordena la inmediata readmisión en la empresa de la trabajadora en su plantilla laboral indefinida y en las mismas condiciones que rigieron hasta su despido. Por otra parte absuelve al Ayuntamiento, al que también demandó la trabajadora, « ya que el servicio de Ayuda a Domicilio lo sigue prestando Arquisocial».

Un primer grupo de 16 empleadas demandó al Ayuntamiento tras su despido y cuentan con sentencias favorables. Esta última corresponde a otro grupo de 7 trabajadoras que fueron subrogadas por externalización del servicio. La empleada tenía un contrato de 37,5 horas semanales y un sueldo bruto mensual de 1.844 euros antes de la privatización y Arquisocial le planteó mantener el puesto por 800 euros mensuales.

El abogado de la demandante, José Antonio Martín, ha explicado que Arquisocial incorpora a la trabajadora con las mismas condiciones que tenía antes de ser despedida y además tendrá que abonar los salarios de tramitación que ascienden a unos 12.000 euros. Y aún restan 6 demandas más en las mismas condiciones.

Salarios de tramitación

Martín considera que la empresa se ha visto obligada a la readmisión porque debe hacer frente a estos costes de forma directa y cree que el Ayuntamiento de Estepona se está «equivocando» planteando recursos ante el Tribunal Supremo contras las sentencias de readmisión del TSJA. «No es lo mismo disparar con pólvora ajena, que con pólvora propia», apunta el letrado que califica de «locura» que el Ayuntamiento siga pleiteando en este conflicto.

Añade que los criterios de los juzgados de lo Social y de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al respecto es que se ha producido un «fraude de ley en estos contratos temporales». Y recuerda que por el momento el Consistorio debería hacer frente a una cantidad superior a los 500.000 euros para responder a los salarios de tramitación de los 16 trabajadores inicialmente despedidos.