Ángeles Muñoz alega en el caso del PGOU que los ediles sabían qué votaban

La defensa de la exalcaldesa presentó el pasado 6 de octubre un escrito de diez folios en el que aporta documentación con la que intenta demostrar que los ediles estaban informados del contenido del PGOU que se estaba votando y en el que resalta también que la Alcaldía carece de competencias respecto a la elaboración de las actas.

Uno de los tres documentos aportados por Ángeles Muñoz es el acta de la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento celebrada dos días antes del pleno (el 27 de julio de 2009). El escrito sostiene que todos los grupos estaban perfectamente informados de la reunión que se iba a celebrar al día siguiente entre la Consejería de Ordenación del Territorio y el equipo redactor del PGOU en la que se aprobaría la modificación de los planos y de los cambios que iban a concretarse en ese encuentro y que quedarían reflejados en el documento que se aprobaría posteriormente en el pleno.

Por eso, según la defensa de la exalcaldesa, cuando el vicesecretario hizo referencia durante el pleno a los cambios aprobados en la mencionada reunión «todos sabían, o debían saber por haber estado presentes o representados en la comisión del 27 de julio a qué reunión se refería el vicesecretario y a qué determinaciones estimadas por parte de la Consjería se estaba refiriendo».

Arena política

En ese sentido, el escrito sostiene que la cuestión sobre si la información dada oralmente por el vicesecretario en el pleno es suficiente o no «entra dentro de la mera interpretación subjetiva de cada cual o de la arena política pero, desde luego, nunca trasladarse a la esfera penal».

En relación a la polémica modificación de lindes entre Marbella y Benahavís, que afecta a uno de los planos alterados, la defensa de Muñoz aportó al juzgado el informe emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía el 15 de julio de 2009 que sostiene que la línea del término municipal que aparezca dibujada en el PGOU debe ser la misma que figuraba en los planeamientos anteriores. El escrito presentado ante el juzgado subraya que este texto del Consejo Consultivo fue realizado a solicitud de la Junta de Andalucía y que los grupos políticos municipales fueron informados durante la comisión celebrada dos días antes del pleno.

«Este dictamen del Consejo Consultivo emitido a instancias de la propia Junta de Andalucía provoca la modificación de los planos inicialmente elaborados por el equipo redactor en relación con linderos, modificación realizada por el propio equipo redactor», argumenta al escrito.

El tercer documento presentado por la defensa de la exalcaldesa es el que el equipo redactor registró en el Ayuntamiento el mismo día del pleno, que según asegura el letrado «no consta por sí mismo en autos». Con la aportación de este documento, la defensa de Muñoz pretende demostrar que quien modificó los documentos fue el equipo redactor, que esos cambios fueron los acordados en la reunión entre ese equipo y la Consejería de Ordenación del Territorio y que el auto de incoación de las diligencias previas estaba errado al sostener que había un único escrito aportado por el equipo redactor.

Con toda esta documentación, el letrado de Muñoz sostiene que se puede afirmar que el acta del pleno no contiene falsedad alguna y que no se cambió el PGOU conocido por los concejales por otro que sorpresivamente se incluyó en la sesión.

Seis años después

El escrito subraya también que la presunta falsedad fue denunciada seis años después de supuestamente cometida, respecto de un PGOU que ya no existe (ya que fue anulado por el Tribunal Supremo) y por ninguno de los concejales que participaron en el pleno, que ni tan siquiera lo impugnaron.

En relación con las supuesta inclusión en el acta de afirmaciones que no se hicieron durante el pleno, el escrito indica que es práctica habitual transcribir en las actas informes y documentos que durante el pleno sólo se reseñan a fin de no hacer interminables las sesiones.

Finalmente, el escrito recuerda que la Alcaldía carece de competencias respecto de la elaboración y redacción de las actas de los plenos y que los alcaldes firman las actas una vez aprobadas por los concejales.