Un juzgado incoa diligencias por la presunta falsedad en el acta del pleno del PGOU de Marbella

El titular del juzgado, Gonzalo Dívar, ya ha tomado las primeras decisiones en la tramitación de la causa, según refleja un auto dictado el pasado lunes y al que ha tenido acceso SUR. Entre ellas se encuentran la solicitud de información al Ayuntamiento de Marbella y a la Junta de Andalucía, una petición remitida al Senado para que confirme que Ángeles Muñoz es miembro del mismo, lo que implica su condición de aforada, el requerimiento a la televisión local de Marbella M-95 para que aporte la grabación del pleno en el que se aprobó el PGOU y la citación de dos testigos: la abogada denunciante, Cristina Falkenberg, y el exedil de Izquierda Unida Enrique Monterroso.

De la lectura del auto se concluye que la investigación no se centra, como se creyó inicialmente, en la supuesta falsificación de 22 planos del PGOU, dos de los cuales afectan a las lindes entre Marbella y Benahavís, donde Muñoz tiene su residencia, lo que dio lugar a la denuncia ante la Fiscalía que originó la causa, sino a una posible falsedad en el acta de la sesión del pleno en el que se aprobó ese documento urbanístico.

En ese sentido, el juez indica que la modificación del documento original del PGOU, con los 22 planos, fue realizada por el equipo redactor, pero señala también que la denuncia presentada por la Fiscalía pone de manifiesto la existencia de presuntos delitos de falsedad documental, ya que el contenido del acta de la sesión no coincide con la información que se dio al pleno y se sometió a votación, en concreto en relación al cambio de planos.

Basándose en la denuncia del fiscal, el juez señala que los cambios afectaban a dos asuntos, la suspensión de licencias y las modificaciones acordadas por el equipo redactor, y que durante el pleno solamente se hizo referencia al primero de esos apartados y no al segundo.

En ese sentido, el juez cita al exedil de Izquierda Unida, el único que votó en contra de la aprobación del Plan, para que facilite una copia del CD-Rom que se entregó a los concejales antes de la sesión, al tiempo que ordena que se requiera a la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía para que aporte el acta de la reunión en la que se decidieron los cambios, celebrada el día anterior en Sevilla entre responsables de ese departamento y los miembros del equipo redactor.

También comunica al Ayuntamiento que debe aportar dos actas, la del pleno donde se aprobó el PGOU, que tuvo lugar el 29 de julio de 2009, y la de la sesión siguiente, en la que se aprobó la anterior.

Asimismo, ordena que se cite para tomarle declaración en calidad de investigado al vicesecretario del Ayuntamiento y que se remita una comunicación al Senado para que informe al Juzgado si Ángeles Muñoz es miembro de esa cámara.

Aforada

Debido a la condición de aforada de la exalcaldesa, una vez que juez instructor reciba la confirmación de que la exalcaldesa es senadora deberá inhibirse en favor del Tribunal Supremo y no podrá seguir haciendo gestiones, al menos en lo que a la dirigente del Partido Popular se refiere.

En ese momento la causa puede tomar dos caminos. Uno es que sea el Supremo el que la asuma en su totalidad; el otro, que se separe y que el alto tribunal se haga cargo de la instrucción en lo que refiere a Ángeles Muñoz y el juzgado de Marbella continúe en lo que afecte al vicesecretario del Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que Gonzalo Dívar ya era titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella cuando en mayo de 2009 tuvo lugar la denuncia del entonces concejal independiente por el PSOE Javier de Luis contra Ángeles Muñoz, todavía alcaldesa de Marbella; su homólogo de Benahavís, José Antonio Mena, y todos los ediles del equipo de gobierno del PP por prevaricación, tráfico de influencias y negociación y actividades prohibidas a las autoridades.

La denuncia, que cuestionaba el acuerdo entre ambos ayuntamientos para modificar las lindes oficiales y ajustarlas a los planes generales de los dos municipios, fue archivada en 2010 por el juez, que consideró que se trataba de una disputa política que no debía dirimirse en los tribunales.

Conexión indirecta

Ahora, el mismo magistrado deberá entender en una causa que tiene una conexión, aunque indirecta, con la polémica de las lindes. De los 22 planos que se presentaron el mismo día por registro de entrada en el Ayuntamiento, tres eran relativos a las lindes occidentales y noroccidentales de Marbella, en los límites con los términos municipales de Estepona y Benahavís.

Esto dio lugar a la posterior denuncia ante la Fiscalía del colectivo Ni un metro de Marbella para otra población que aseguraba que el PGOU había sido falsificado y señalaba que uno de los planos afectaba a la linde con Benahavís, a la zona donde la entonces alcaldesa tiene su residencia.

El fiscal tomó la decisión de deducir denuncia contra Muñoz y el vicesecretario tras once meses de investigación en los que se analizó diferente documentación requerida al Ayuntamiento y se cotejó la grabación del pleno con las actas del mismo. En estas presuntas diferencias entre lo que se dijo en el pleno y lo que recogen las actas se centra la investigación abierta ahora en el juzgado.