La comisión sobre el deslinde entre Marbella y Benahavís no convence a todos

El cambio introducido, sin embargo, no convenció a todos los grupos. La bancada popular optó por votar en contra después de que fuese rechazada su propuesta para que el punto quedara sobre la mesa hasta tanto la medida contara con un informe jurídico que avale la «cobertura legal» de la comisión, tal y como defendió el edil Félix Romero. Hace solo unos días, el grupo popular reclamaba al Ejecutivo local que de una vez quedara constituida la comisión. Sin embargo, la fórmula que el equipo de gobierno y los ediles de Podemos han consensuado no garantiza, según el concejal del PP, «que se vaya a esclarecer la verdad». Romero lanzó agrias acusaciones sostenidas sobre un argumento claro: «la comisión de investigación que plantean es ilegal, no cuenta con informe jurídico ni con la presencia del secretario municipal. Esa fórmula no está contemplada en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales». El edil del PPacusó al tripartito de «sacar» el tema de las lindes como asunto recurrente «en vez de gobernar la ciudad» e incluso de «manipular a la plataforma ciudadana contra nosotros».

El portavoz del gobierno local, Javier Porcuna, encargado de defender la propuesta, respondió a las acusaciones preguntando a los ediles de la bancada contraria si su postura respondía a cierto «miedo y nerviosismo» ante el resultado que pueda arrojar la investigación.

Desde CSSP, el edil José Carlos Núñez aplaudió el «entendimiento» alcanzado en este asunto con el tripartito y defendió, en una alusión directa el grupo popular, que «también esto es hacer oposición, porque lo importante en este asunto es que se sepa la verdad».

Tampoco hubo consenso a la hora de dar luz verde a la aprobación inicial de la baja del tipo impositivo del IBI que para el ejercicio 2017 pasará del 0,835 al 0,76 y que permitirá compensar la subida del 10 por ciento en los valores catastrales. El Ayuntamiento recaudará de esta manera 123 millones de euros por este impuesto frente a los 124 millones del ejercicio anterior. De no haberse impulsado esta reducción, los ingresos municipales por este gravamen se habrían disparado por encima de los 135 millones de euros, según los datos aportados por el concejal de Hacienda Manuel Osorio.

El grupo de CSSPrespaldó la medida. El edil José Carlos Núñez defendió que el 98% de los vecinos de Marbella verán «que su recibo o baja, o se mantiene o, en todo caso, sube entre 30 y 40 euros». Fue ese argumento de la bajada del montante al que harán frente los vecinos el que desató el debate. La concejala del PP María Francisca Caracuel defendió que la reducción del tipo «no cubrirá la subida del 10%del valor catastral, por lo que los recibos subirán», afirmó. La edil reprochó al tripartito que los informes no hubieran sido remitidos a su grupo para su estudio con detenimiento. Los populares se abstuvieron finalmente en el punto.

Sí hubo unanimidad en la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)para introducir bonificaciones en el recibo a los vehículos eléctricos (del 50%), híbridos (del 75%) y del 50% durante cinco años para todos los coches con calificación de eficiencia energética. Medidas planteadas en su día por CSSP.

El Ayuntamiento daba igualmente luz verde a la decena de obras que finalmente han respaldado con su voto los vecinos y que serán financiadas con los 9,3 millones de euros procedentes del remanente de Tesorería de la liquidación del ejercicio de 2015.

También se aprobó, con la abstención de CSSP y el voto en contra del PP(grupo al que le faltó el voto de la edil María José Figueras, ausente en la sesión, para bloquear el punto) a una medida que abre la puerta al desarrollo urbanístico en la zona de El Ancón, un asunto que colea desde el año 1997. En concreto, se llevaba a pleno el levantamiento de un par de condicionantes que en 2012 cuando se aprobó definitivamente el plan parcial del sector se impuso a los promotores para poder iniciar el desarrollo. «Dicha aprobación estaba condicionada a la presentación de un aval para la posterior urbanización y a garantizar el suministro de energía; documentos que, una vez presentados, conllevan que la aprobación definitiva sea efectiva», defendió la edil de Urbanismo, Isabel Pérez, quien reprochó al grupo popular su voto en contra a un plan parcial «aprobado durante su mandato». El concejal del PP, Cristóbal Garre, incidió en que «no ha habido tiempo para estudiar el asunto», no sin antes poner sobre la mesa que tanto IUcomo OSPvotaron en contra del plan en 2012.