Los condenados por 'Malaya' que no paguen las multas cumplirán sólo dos meses más de cárcel
Las sanciones impuestas en la sentencia ascienden a cerca de 550 millones de euros, de los que Juan Antonio Roca deberá abonar cerca de la mitad
Montse Martín
Sábado, 6 de febrero 2016, 00:27
Los condenados por el caso Malaya deberán pagar multas que suman 546,8 millones de euros además de la condena de cárcel impuesta en la ... sentencia. En caso de no abonarlas, el tribunal embargará sus bienes y si son insolventes deberán cumplir como máximo dos meses de prisión que se le añadirán a la pena principal de cárcel a la que hayan sido condenados. Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama de corrupción, penado a 17 años de cárcel, debe responder él solo al pago de 233,3 millones de euros, entre multas y responsabilidad civil, por los delitos de cohecho, blanqueo y contra la Hacienda Pública. Sus bienes se encuentran desde hace tiempo embargados, algunos de ellos, incluso, ya han sido vendidos, para pagar las responsabilidades derivadas de la sentencia por el caso Saqueo I, por el que fue condenado a seis años de cárcel por la Audiencia Nacional.
El tribunal del caso Malaya impuso en su sentencia que las multas millonarias que resultaran impagadas por los condenados se sustituyeran como máximo por dos meses de arresto sustitutorio (prisión) que se sumarán a la pena principal de cárcel. La Sección Primera de la Audiencia de Málaga aplica el artículo 50 del Código Penal que deja al arbitrio del tribunal que en caso de impago de la multa se pueda imponer hasta un máximo de seis meses de arresto sustitutorio.
La Fiscalía se opone a suspender la pena a dos exdirectivos de Aifos
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De los 18 condenados por Malaya a penas iguales o inferiores a dos años de cárcel, dos ya han solicitado la suspensión. Se trata de los dos exdirectivos de la promotora Aifos, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón, condenados a un año y diez meses de prisión y a una multa de 2,2 millones de euros cada uno, que han solicitado la suspensión de la entrada en prisión alegando no tener antecedentes penales y ser la pena inferior a dos años de cárcel.
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La Fiscalía se ha opuesto a esta solicitud basándose en la naturaleza de los delitos cometidos. Recuerda que las condenas se enmarcan en la sanción de conductas de corrupción administrativa que «han asolado» el municipio de Marbella con «el uso ilegal» de las facultades urbanísticas atribuidas a su ayuntamiento en beneficio de promotores, entre los que están estos condenados.
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Para el fiscal estas penas son respuesta jurídica a «un caso de corrupción especialmente sangrante», que necesitan de «una respuesta punitiva contundente».
La Sala ha optado por dos meses de cárcel para los condenados a multas superiores al millón de euros, entre ellos, además de Juan Antonio Roca, se encuentran algunos de sus testaferros, como Manuel Sánchez Zubizarreta y Salvador Gardoqui (multa de 100 millones cada uno), Montserrat Corulla (30 millones), Óscar Benavente (8,6 millones) o el prófugo Juan Germán Hoffmann (18 millones). También figuran el que fuera teniente alcalde con Jesús Gil, Pedro Román (casi 7 millones), los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor éste último en paradero desconocido (4 millones cada uno), el constructor José Ávila Rojas (16 millones), el dueño y dos exdirectivos de Aifos, Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón, respectivamente, (2,2 millones cada uno), Alberto Pedronzo (6 millones) y la exalcaldesa Marisol Yagüe (2,3 millones).
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico opinaron que , «si bien el tribunal lo que hace es aplicar la ley, esto causa perplejidad en la ciudadanía, a la que cuesta entender que el impago de millones de euros de multa, si no hay bienes embargables, se resuelva sólo con el castigo de dos meses más de prisión. Esto lleva fácilmente a la conclusión de que robar sale muy barato».
El caso de Maite Zaldívar
Los dos meses de cárcel añadida que impone la Sección Primera de la Audiencia de Málaga a los condenados con multas de más de un millón de euros en el caso Malaya contrasta con algunos casos mediáticos, como el de Maite Zaldívar, condenada a dos años y medio de cárcel y a una multa de 1,3 millones de euros por delito de blanqueo. Zaldívar carecía de bienes a su nombre y no pagó la sanción de la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, que le impuso, sin embargo, la máxima prevista en el artículo 50 del Código Penal: seis meses. Por ello, al final la exmujer de Julián Muñoz tiene que cumplir una pena total de tres años de cárcel.
Las mismas fuentes explican que esto es posible porque «la ley deja al arbitrio de cada tribunal sentenciador la duración del arresto sustitutorio en caso de impago de la multa». Es decir la Sección Segunda que condenó a Zaldívar se mostró mucho más dura que la Sección Primera de la Audiencia de Málaga penando a los encausados por Malaya, al menos en este aspecto, tratándose ambos casos de corrupción.
Los exediles
Entre las multas que deberán pagar los exconcejales de Marbella condenados por Malaya destacan la impuesta a Isabel García Marcos (700.000 euros), Pedro Tomás Reñones (320.000 euros), Rafael Calleja que aún no ha ingresado en prisión por enfermedad (350.000), José Antonio Jaén y Vicente Manciles (120.000 euros cada uno), Carmen Revilla (90.000), Pedro Pérez (84.000) y Rafael González Carrasco (88.000), entre otros. Si no pagan, los exediles deberán cumplir un mes más de prisión que se añadirá igualmente a la pena principal impuesta en la sentencia.
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