Roca se expone a ocho años más de prisión por el caso de la desaladora

El juicio dará comienzo el 21 de diciembre, y Roca se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión y 29 de inhabilitación por sendos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico.

Junto al exgerente de Urbanismo está acusado el exasesor jurídico de Jesús Gil, el abogado José Luis Sierra, quien no comparecerá ya que padece desde hace años una grave enfermedad cuyo estado avanzado obligó a que saliera de la cárcel cuando cumplía pena de prisión por el caso Saqueo 1. Esta situación permitió que se le eximiera de comparecer en el juicio de Saqueo 2 y de ser condenado en ese proceso.

Roca, que en el momento de la construcción de la desaladora ocupaba el cargo de gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 está acusado de haberse quedado con 145 millones de pesetas de la época (873.000 euros al cambio actual) que deberían haber sido destinados al pago de las expropiaciones de los terrenos en los que se construyó esa infraestructura. El fiscal pide que Roca sea condenado a indemnizar a la Mancomunidad en la citada cantidad.

Según el escrito de acusación, Jesús Gil, con la colaboración de Sierra y Roca, lograron desviar también 75 millones de pesetas (451.000 euros) destinados al abono de la dirección de obras mediante la adjudicación irregular y directa de la dirección de la obra a una empresa privada. Esta actuación, según el fiscal, fue ejecutada por José Luis Sierra mediante cuentas abiertas de varias sociedades interpuestas.

Además de la citada pena para Roca, el escrito también solicita que se condene a Sierra a seis años de prisión y 15 de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos.

El escrito describe la situación creada en Marbella desde el acceso de Jesús Gil al poder municipal y recuerda que desde ese momento se planeó y ejecutó un procedimiento de huida del derecho administrativo tanto en la esfera de la organización municipal como en la de las contrataciones. «Dicha actuación según el fiscal fue promovida por Gil y ejecutada por su grupo de colaboradores más cercanos». El fiscal recuerda que uno de los pilares esenciales de esta actuación de exclusión deliberada de los controles legales fue la creación de un entramado de sociedades municipales al frente de las cuales se colocaba a un gerente para el cumplimiento de los fines pretendidos».

El representante del Ministerio Público basa esta descripción en los informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas y en las múltiples sentencias dictadas por ese organismo en procedimientos de reintegro y en procesos penales como Saqueo 1, Saqueo 2, Minutas o Malaya. Según el fiscal, «esta ilícita y torticera forma de actuar» aplicada al funcionamiento ordinario de la corporación municipal de Marbella fue exportada a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol cuando Jesús Gil accedió a su presidencia, en 1995.