Tres exediles alegarán un error en la sentencia de 'Malaya' por el aumento de sus penas
Sostienen que el fiscal no podía solicitar una condena mayor a la que pidió en el juicio, por lo que reclaman que la pena se quede en dos años
Héctor Barbotta
Sábado, 1 de agosto 2015, 18:21
Tres de los exconcejales que han sido condenados a tres años y medio de cárcel por recibir sobornos de Roca en la sentencia del caso ... Malaya tienen aún una opción de ver reducida su condena. Se trata de los exediles Emilio Jorrín (GIL), María José Lanzat (PA) y Belén Carmona (PSOE) a quienes el Tribunal Supremo, al igual que a otros diez exconcejales, encontró culpables del delito de cohecho pasivo (recibir sobornos) por actos injustos realizados, en contraste con la sentencia original dictada en 2013 por la Audiencia Provincial de Málaga en la que se consideraba que era por actos no realizados y por lo tanto la pena se limitaba a dos años de cárcel. En la alegación interpuesta por Jorrín se recuerda que la pena impuesta en 2013 se correspondía con la solicitud realizada por el fiscal en sus conclusiones durante el juicio oral.
La sentencia no fue recurrida por la defensa del exedil, pero sí por el fiscal, que solicitó la imposición de una pena mayor a la que él mismo había solicitado en el juicio. Esta petición, según la defensa del exconcejal, viola el principio de reformato in peius (reformar a peor) previsto en la Constitución como garantía procesal.
Al no haber recurrido la sentencia, el letrado de Jorrín impugnó el recurso, y en la vista celebrada en el Supremo el 18 de julio el año pasado el propio representante del Ministerio Fiscal reconoció el error. La misma circunstancia se produjo tanto como María José Lanzat como con Belén Carmona.
Sin embargo, en la sentencia del Supremo se incluye a los tres exediles entre aquellos a quienes se aumenta la pena dando lugar a la petición realizada por el fiscal en ese sentido, pese a que había sido retirada durante la vista.
Para la defensa de Jorrín, ejercida por el abogado Javier Muriel, se trata de un error material, por lo que solicita al Supremo que rectifique y mantenga la pena de dos años impuesta originalmente.
Las otras dos afectadas también están en disposición de presentar alegaciones a la sentencia, que pese a ser firme puede ser corregida si se constata que presenta errores materiales.
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