El Supremo agrava las penas para Roca y los concejales que recibieron sobornos

El Supremo hace suyas las conclusiones de la Audiencia de Málaga, que consideró probado que Marbella sufrió una trama de corrupción municipal y urbanística generalizada al frente de la cual estaba Juan Antonio Roca. Éste ejerció de alcalde en la sombra, dominando la voluntad de los concejales y funcionarios mediante entregas periódicas de dinero que él mismo exigía a los constructores para que éstos pudieran llevar a cabo sus proyectos urbanísticos a la carta en la ciudad. Roca tejió un gran entramado de empresas representadas por sus testaferros tras las que ocultó el dinero obtenido de manera ilícita, consiguiendo blanquearlo mediante distintas actividades comerciales.

La novedad más destacable que se recoge en los 3.138 folios de la resolución es la condena a Juan Antonio Roca por un nuevo delito contra la Hacienda Pública, correspondiente al ejercicio 2002, con la pena de dos años y seis meses de prisión. El exasesor urbanístico ve agravada también su condena por el delito de blanqueo de capitales, que pasa de cinco años a siete años de prisión. En definitiva, la pena impuesta al cerebro de la trama corrupta de Marbella es de 17 años de prisión frente a los 11 de la sentencia de la Audiencia de Málaga.

La condena de la exalcaldesa Marisol Yagüe también se rebaja de seis años a cinco años y medio, ya que el incremento en un año y seis meses por el delito de cohecho por el que había sido sentenciada anteriormente se compensa con la absolución por el delito de alteración del precio de concursos y subastas públicas, que ahora dicta el Supremo, por el que se le habían impuesto en 2013 dos años de cárcel.

También se absuelve de éste último delito a la exconcejala y primer teniente de alcalde en el gobierno del tripartito, Isabel García Marcos, cuya pena pasa a ser de tres años y medio de prisión por cohecho pasivo.

A otros once exconcejales acusados de cobrar sobornos, el Supremo les agrava también el castigo por considerar que dinero que recibieron fue a cambio de actos ejecutados. El tribunal hace tabla rasa e impone las mismas penas para todos ellos (tres años y medio de cárcel y siete de inhabilitación, frente a los dos años de la sentencia original), sin diferenciar, ni individualizar, «porque todos comparten los deberes inherentes al ejercicio del cargo público».

Los empresarios que fueron condenados por el pago de sobornos se han visto beneficiados también de una cierta rebaja. Los responsables de la promotora Aifos, por ejemplo, han sido condenados por el Supremo a 22 meses de prisión, frente a los tres años de cárcel a los que habían sido sentenciados inicialmente.

Lo mismo ocurre con los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, condenados por el tribunal malagueño a seis años y tres meses de cárcel, respectivamente, y a multas superiores a cuatro millones de euros. Ahora, el Alto Tribunal reduce la pena a cuatro años y seis meses, aunque mantiene las millonarias multas. En el caso del constructor granadino José Ávila Rojas, la rebaja es más leve, al pasar de tres años y ocho meses de cárcel a tres años y medio, pero en cambio se le incrementa la multa, de 11,5 a 16 millones de euros.

Además, se absuelve a Joaquín Martínez Vilanova, Julio de Marco y José María Pérez Lozano, directivos de la empresa Portillo, como consecuencia de la anulación de una parte de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación del caso Malaya.

Respecto a los considerados testaferros de Roca, el tribunal eleva de tres a cinco años la pena que impone a Juan Germán Hoffmann, considerado la mano derecha de Roca en sus negocios en el extranjero, al que, además del delito de blanqueo, le condena a dos años y medio de cárcel por un nuevo delito fiscal le impune una multa de casi 17 millones de euros , además de 232.000 euros que deberá abonar a Hacienda en concepto de responsabilidad civil.

El fallo mantiene la mayoría de las condenas y multas por blanqueo para los considerados testaferros de Juan Antonio Roca: el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta (4 años y 100 millones de multa), Óscar Benavente (4 años y 8,6 millones de multa), el contable Salvador Gardoqui (4 años y 100 millones).

Las únicas excepciones son Montserrat Corulla, a la que disminuye de cuatro a tres años de cárcel, y el cuñado de Roca, Antonio Jimeno, que pasa de tres años y tres meses a dos años y medio.

Marbella no recibirá nada

Uno de las puntos más importantes de la sentencia es que anula la decisión de la Audiencia de Málaga de que los bienes decomisados a los acusados y el importe de las multas se destinaran a abonar las deudas generadas con el Ayuntamiento de Marbella. El Supremo ordena que dichas cantidades se adjudiquen al Estado y no al Consistorio.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Saavedra Ruiz, considera nulas algunas de las intervenciones telefónicas, acordadas por juez el instructor, que suponen la absolución de los tres empresarios antes citados y desestima el recurso presentado por la Junta de Andalucía por que entiende que no está legitimada para ejercer la acusación popular en este caso.

Además, tal y como solicitó la Fiscalía, deja sin efecto la aplicación de la atenuante analógica de detención irregular, respecto a algunos acusados y la de confesión respecto de Roca, que había aplicado la Audiencia de Málaga.

Tras la sentencia del Supremo, se abre ahora un nuevo periplo judicial. Los abogados tiene dos días hábiles para solicitar aclaraciones de la sentencia. Una vez que la resolución del Supremo llegue a la Audiencia de Málaga, ésta comenzará a ejecutarla, comunicando los ingresos en prisión y reclamando el pago de las multas, lo que parece que no sucederá antes del mes de septiembre.