Las plusvalías heredan la polémica del impuesto de Sucesiones

Sobre las operaciones de compraventa ya se ha encargado el Tribunal Constitucional de poner fin a la histórica incongruencia que supone tener que abonar un impuesto que grava el aumento del valor que experimenta el suelo incluso cuando uno se desprende del inmueble por debajo de su precio. ¿Pero qué pasa con las herencias? Pues que una cosa es dejar de cobrar cuando se vende a pérdidas porque les obligue el Alto Tribunal y otra bien distinta renunciar también a los ingresos que se transmiten por ‘mortis causa’.

Aunque el importe se fija en función del tiempo transcurrido desde la anterior transmisión, del valor catastral y del tipo de gravamen que establezca cada municipio,  la cuota para valores inferiores a los 100.000 euros puede rondar los 5.000 euros. «Se habla mucho del impuesto de Sucesiones pero muy poco de la plusvalía», advierte el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, Juan José Hinojosa.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a los municipios bonificar hasta el 95% de la cuota en transmisiones por causa de muerte a favor de cónyuges, padres o hijos. Una posibilidad que la mayoría de grandes ayuntamientos de la provincia aplican sobre el papel. Aunque en la práctica pierden fuelle debido a los requisitos que se exigen para poder beneficiarse de esta ayudas, principalmente el de la convivencia con el fallecido durante un tiempo determinado antes de producirse el deceso. Pero también depende de otros factores como el valor catastral del inmueble, si es la vivienda habitual del causante e incluso de los recursos económicos del receptor.

La normativa estatal no dice nada al respecto, así que cada consistorio establece los criterios que considera oportunos. Aún así, la peor parte se la llevan quienes heredan una vivienda en Rincón de la Victoria y Torremolinos, donde además de tener el tipo impositivo prácticamente tocando techo (29,87% y 28%, respectivamente) no se contempla ninguna rebaja para los familiares directos. Mientras la localidad axárquica recauda dos millones anuales, la costasoleña se embolsa unos 8.

El polo opuesto está en Alhaurín de la Torre y Ronda, donde están sujetas a bonificación todas las liquidaciones de plusvalías por herencias de familiares directos. Se pueden acoger todos sin excepción, pero en menores cantidades puesto que en la ciudad del Tajo el tipo impositivo está fijado en un 29,32% y el descuento llega hasta el 80%, mientras que en Alhaurín, donde el gravamen es del 17%, la bonificación sólo cubre la mitad de la cuota.

Entre los que llegan al 95%, en el siguiente escalón figuran Marbella, Fuengirola y Antequera, donde el requisito es que se trate del domicilio habitual del fallecido. Eso sí, en la ciudad del Torcal añaden un matiz más que considerable: que los ingresos del receptor estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el índice que se utiliza en España como referencia para la concesión de ayudas y que este año está fijado en 537,84 euros mensuales.

Entre los grandes municipios que exigen convivencia previa se encuentran Málaga, Mijas, Estepona, Vélez, Nerja y Benalmádena, aunque en esta última localidad el descuento únicamente afecta a la pareja del causante.

«Las bonificaciones se miden mucho porque el nivel de incidencia de la plusvalía en los presupuestos de los ayuntamientos es importantísimo. De ahí que, por regla general, los tipos de gravamen también sean altos», apunta Hinojosa, quien aporta su explicación a por qué se han producido hasta movilizaciones en contra del impuesto de Sucesiones mientras la plusvalía es «la gran olvidada»: «La tributación municipal, pese a que puede resultar más gravosa para algunas capas de la ciudadanía, está más aceptada porque el contribuyente ve que a cambio de pagar recibe servicios públicos como la limpieza, el alumbrado o el mantenimiento de zonas verdes. Es decir, que asume que el municipio se financia con sus impuestos».

En el caso de Málaga capital, la ordenanza fiscal establece que los ascendientes, cónyuges o descendientes podrán ser bonificados siempre y cuando acrediten que han compartido techo con el fallecido durante dos años previos a su defunción y siempre que no se desprendan de la propiedad en los dos años siguientes. Si el beneficiario es pensionista, desempleado, menor de 30 años, discapacitado o víctima de violencia de género se le aplicará el descuento máximo (95%) cuando sus ingresos familiares no superen en 1,7 veces el IPREM. Para el resto, el impacto de la rebaja depende del valor catastral (no de mercado) del inmueble, oscilando entre el 95% que se otorga para inmuebles de hasta 100.000 euros (ocho de cada diez) y el 25% para los que superan los 250.000. ¿Cuántas personas se benefician de este descuento? Durante 2016 fueron 1.842, que en su conjunto se ahorraron 1,6 millones de euros.

En total, representan el 5% de las 19.800 liquidaciones registradas el pasado ejercicio, aunque sin separar las transmisiones por ‘mortis causa’ de las ‘inter vivos’, que no están sujetas a ningún tipo de bonificación. El Ayuntamiento no da más detalles, pero se estima que las compraventas pueden suponer aproximadamente la mitad. Precisamente este lunes, la comisión plenaria de Hacienda debatirá una moción del PSOE en la que se insta al equipo de gobierno a eliminar el requisito de la convivencia, que a día de hoy beneficia fundamentalmente al cónyuge pero no tanto a los hijos, puesto que por una simple cuestión de edad, lo habitual cuando alguien hereda la casa de sus padres es que ya esté emancipado.

Pese a haber rebajado el tipo impositivo un punto tras 25 años al máximo legal del 30% y pese a las últimas redistribuciones de las bonificaciones para beneficiar a las viviendas de menor valor catastral, lo cierto es que la recaudación en la capital se ha cuadruplicado durante la crisis hasta alcanzar en 2016 los 61,4 millones de euros, impulsada primero por el aumento de los valores catastrales coincidiendo con el final de unas bonificaciones potestativas que lo amortiguaron y, en el último ejercicio, también por la reactivación inmobiliaria.

Aumentan los ingresos en general, pero también el número de bonificaciones aplicadas en transmisiones ‘mortis causa’: 342 en 2013 (294.980 euros), 1.059 en 2014 (827.087), 1.552 en 2015 (1.212.790) y las citadas 1.842 en 2016. Esos son los datos que maneja el órgano de Gestión Tributaria (Gestrisam), donde dan por hecho que esta cifra volverá a subir este año a medida que vaya teniendo efecto la ampliación de 75.000 a 100.000 euros del límite de valor catastral para que las viviendas alcancen el 95% de bonificación. Este cambio entró en vigor el pasado enero, pero no empezará a notarse hasta finales de año, toda vez que el heredero tiene seis meses para liquidar el impuesto y otros seis para solicitar la ayuda.

En Marbella, la bonificación de la plusvalía en caso de herencia es de reciente creación. De hecho, éste es el primer año en el que se contempla un descuento, aunque de momento no se ha liquidado ninguno debido a ese año de margen que se concede. En cualquier caso, queda sujeta a la transmisión de la que haya sido la vivienda habitual del fallecido durante los dos últimos años. No se exige convivencia previa, pero al igual que ocurre en la capital, el grado de descuento varía en función del valor catastral: 95% para los que no superen los 125.000 euros, el 50% hasta 200.000 y el 20% hasta 300.000.

En el caso de Mijas, en lo que va de año se han bonificado 55 liquidaciones que han supuesto para los contribuyentes un ahorro total total de 42.063,98 euros. Mientras, Vélez bonifica el 95% en el caso de la vivienda habitual y el 50% si se trata de un segundo inmueble. Entre compraventas y herencias, las arcas municipales contabilizaron en 2016 un total de 4.640 liquidaciones, por las que se cobraron 7,3 millones. Las que conllevaron algún tipo de descuento fueron 510, que sumaron un importe de 566.066 euros.