Ordenan el ingreso de más de 10.000 malagueños en residencias y psiquiátricos en los últimos años

Fachada de la residencia de Guaro en la que un residente, para el que el juez ha dictado prisión, mató a una compañera. /Francis Silva
Fachada de la residencia de Guaro en la que un residente, para el que el juez ha dictado prisión, mató a una compañera. / Francis Silva

Los internamientos involuntarios en estos centros dictados por un juez han crecido casi un 12 por ciento desde 2014

ALVARO FRÍAS y JUAN CANOMálaga

En el Juzgado de Primera Instancia número 11 de la capital el trabajo es incesante. En él se encuentran los funcionarios, con el juez titular a la cabeza, que se encargan de llevar a cabo los internamientos involuntarios de ciudadanos en residencias y hospitales psiquiátricos de Málaga, entre otras funciones. Con una cifra de asuntos muy por encima del módulo de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece, este tipo de casos ha ido en aumento en los últimos años, llegando a crecer casi un doce por ciento desde 2014 hasta el año pasado –que son los últimos datos anuales de los que se dispone–. En este periodo, el magistrado del citado órgano judicial ha ordenado el ingreso de 10.161 personas en residencias y psiquiátricos.

Y es que este órgano judicial es el que se encarga en exclusiva de decidir sobre estos ingresos no voluntarios en el partido judicial de Málaga. Se ordenan sobre personas que sufren una enfermedad mental o un deterioro cognitivo severo que les impiden tomar decisiones sobre su internamiento en uno de estos centros, así como el tratamiento médico que deben seguir.

Las demencias seniles, los casos de Alzheimer, las esquizofrenias, los trastornos bipolares y psicóticos y hasta las depresiones profundas conforman el abanico de enfermedades que con más frecuencia requieren de la intervención del juez para su tratamiento adecuado en un centro. En estas situaciones, como se va a restringir un derecho fundamental como es el de la libertad, en el que la voluntad del enfermo prevalece por encima de la de sus familiares, es un juez el que tiene que ordenar el internamiento.

Se trata de un trabajo a contrarreloj, ya que una persona solo puede permanecer en un centro de este tipo sin autorización de un juez durante 72 horas. Sin embargo, el magistrado Herminio Maillo, que ha sido titular de este juzgado desde 2008, asegura que en estos momentos resulta imposible cumplir con esta previsión, por lo que considera que es necesario crear otro juzgado para que también asuma estas competencias o, como mínimo, dotar al existente de algún refuerzo.

Otra fórmula, según Maillo, es que el familiar solicite el ingreso involuntario sin que la persona se encuentre todavía en un centro psiquiátrico o una residencia. Entonces las partes disponen de más tiempo para actuar, ya que no se está restringiendo el derecho a la libertad de nadie.

En cuanto al aumento que se ha registrado en la cifra de internamientos no voluntarios a lo largo de estos últimos años, Maillo insiste en que son varios los factores que lo han provocado. El principal motivo, según indica, es el crecimiento de la esperanza de vida y, por tanto, el envejecimiento de la población.

Envejecimiento

«Llegamos más lejos en el tiempo, pero también nos deterioramos más. Envejecemos mejor, aunque aumentamos la fase de duración de nuestra dependencia en la que las personas perdemos capacidades y se incrementan las enfermedades como el Alzheimer o demencias seniles», manifiesta.

Y es que los trastornos mentales van en aumento, no solo por el incremento de la edad, sino también porque «la sociedad empuja a ello». «Tengo la sensación de que ésta es cada vez más compleja y deshumanizada en algunos aspectos», asevera el magistrado, quien añade que, según ha podido apreciar por su trabajo en los últimos años, esto provoca que los trastornos mentales, como las depresiones, aumenten.

El juez también vincula el crecimiento en los últimos años de los internamientos no voluntarios al consumo de sustancias estupefacientes. Y no solo en adultos, puesto que insiste en que cada vez son más los casos de jóvenes que toman drogas blandas, como hachís o marihuana, que les hacen tener brotes psicóticos y, por tanto, la necesidad de un internamiento.

Menores de edad

En este sentido, asevera que se ha dado un incremento de la incidencia de enfermedades mentales en menores de edad. «Nos ha llamado la atención que en estos años nos hemos encontrado con casos de menores de edad ingresados en el hospital Materno infantil con trastornos alimenticios e intentos de suicidio», señala.

Por otro lado, el magistrado apunta a la cantidad de centros especializados que existen en el partido: «Tenemos dos unidades de agudos, una en el Clínico y otra en el Civil, además de tres hospitales psiquiátricos, por lo que, si sumamos las camas, es una de las áreas que más pacientes mueve en Málaga. Asimismo, hay que añadir a los usuarios de una treintena de residencias de ancianos, así como a los de otras para discapacitados intelectuales o de protección de menores».

Finalmente, para explicar el crecimiento de los internamientos no voluntarios, el juez indica que, cada vez más, se rompen vínculos familiares de solidaridad tradicionales, por lo que crece el número de personas que acuden al sistema buscando ayuda. «Antes, los hijos tenían en mente que debían ocuparse de sus padres, aunque cada vez más crece la idea de que es el sistema el que debe hacerlo», concluye.

Primera Instancia 11, un juzgado de protección

Los internamientos involuntarios de personas con problemas cognitivos o que sufren una enfermedad mental no son los únicos asuntos que resuelve el Juzgado de Primera Instancia número 11 de la capital. Por ejemplo, otro de los aspectos que más trabajo da al equipo de este órgano judicial son las solicitudes de personas que buscan incapacitar a un familiar, un tipo de caso sobre el que el año pasado se dictaron casi 500 resoluciones, lo que supone 82 más que en el ejercicio anterior.

Numerosos asuntos que siempre están supervisados por un juez. De ahí que el magistrado Herminio Maillo, que ha sido titular de este órgano judicial desde 2008, insista en que Primera Instancia número 11 de la capital es un juzgado de protección.

El juez recuerda que en la sociedad actual hay numerosas personas que sufren una discapacidad intelectual o una enfermedad mental. «Se trata de un colectivo que sufre por ello desamparo, por lo que este juzgado debe dotarles de protección», apunta.

No perder autonomía

En este sentido, Maillo asegura que es necesario que el sistema garantice que estas personas no pierdan autonomía. Insiste en que en el citado juzgado se trabaja para protegerlas y que se trata de un órgano judicial que es cada vez más importante, puesto que, al envejecer la población, las personas más vulnerables van a ir en aumento. También respecto a aquellas que sufren trastornos mentales.

Por ejemplo, respecto a los asuntos para incapacitar a un familiar señala que los ciudadanos cada vez acceden con mayor facilidad a este tipo de procedimientos: «Antes se tenía una visión negativa de ello, por ejemplo, que era como una especie de castigo para los padres por hacerse mayores. Sin embargo, hoy en día va calando que es un procedimiento de protección, en el que existe una garantía con la intervención del fiscal y del juez. Aquí lo que tratamos es de proteger a las personas».

 

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