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La lentitud de la justicia en Málaga ha acabado por extenderse a aquellos procedimientos penales que, por su naturaleza, se suponía que debían tramitarse por la vía 'breve'. Es el caso de los 'juicios rápidos', que, a pesar de su denominación, realmente no lo son ... tanto. Pese a que la ley establece que deben celebrarse en un plazo de 15 días, en algunos juzgados penales malagueños estos ya se están señalando para mediados de 2026, según han confirmado a SUR fuentes judiciales. En otros, pese a que la demora es menor, la espera no baja de los ocho o diez meses.
Esta dilación, como explican tanto abogados como funcionarios y magistrados a SUR, hace cuestión de años se podían situar en torno a los dos o tres meses. De hecho, las mismas fuentes aclaran que, prácticamente, nunca se ha llegado a cumplir el plazo del señalamiento en los 15 días posteriores a la presentación del escrito acusatorio y de defensa, pero en ningún caso el atasco había llegado a los niveles actuales.
El constante incremento de los asuntos ingresados en Málaga, que cada año supera la carga que la planta judicial puede asumir, ha llevado a la situación actual. En este mismo sentido se pronunció recientemente la decana de los letrados malagueños, Flor Carrasco, quien aseguró en su toma de posesión que el colapso de la justicia y el retraso en los señalamientos deja a todas las partes implicadas en un procedimiento en una posición complicada. «A veces, ya no sabemos ni qué decirle a nuestros clientes», explicaba en una entrevista concedida a este medio.
Cabe señalar que las causas que siguen el procedimiento del juicio rápido son aquellas por las que se piden penas de cárcel inferiores a los cinco años, en los que la instrucción se presume sencilla o en las que el delito ha sido flagrante. Son muchos los tipos delictivos que pueden ir por esta vía, como los hurtos, robos con fuerza, contra la seguridad vial o las amenazas, pero también aquellos de violencia de género, siempre que cumplan las características anteriormente mencionadas.
De hecho, hay juzgados de violencia sobre la mujer con asuntos –que serán enjuiciados por juzgados de lo penal– que, pese a tramitarse por esta vía abreviada, igualmente se están señalando a más de un año vista, en la primera mitad de 2026. Como explica una de las magistradas de estos órganos especializados en Málaga, esta espera deja a las víctimas en una posición muy vulnerable, en las que se ven «tremendamente revictimizadas» por este retraso.
Entre otros motivos, porque, pese a los intentos de continuar con sus vidas, la demora del procedimiento no permite a las perjudicadas dejar atrás esa historia de maltrato, ya que la tendrán que revivir una vez llegado el juicio. Lo habitual, en estos casos, es que cuenten con medidas cautelares para su protección, como la imposición de órdenes de alejamiento hacia los presuntos maltratadores. Pero en este tiempo, sostienen las mismas, «pueden pasar muchas cosas», como que aumente el peligro o que, por el contrario, al verse reducido, decidan retirar la denuncia, quedando el supuesto autor impune.
De acuerdo con las fuentes consultadas, actualmente los titulares de los juzgados penales de Málaga suelen tener reservadas en su agenda dos días de la semana para destinarlos exclusivamente a la celebración de estos juicios rápidos. «El mal que tenemos es la falta de recursos; esta medida sigue sin ser suficiente porque la cola no deja de crecer, pero también tenemos que dedicarnos a otros trámites, como al dictado de las sentencias y a darles ejecución», manifiestan fuentes de estos juzgados. Además, como apuntan, también es habitual que estos juicios puedan verse suspendidos el mismo día de la vista por incomparecencia de algunas de las partes, lo que ya obliga a los magistrados a buscar una nueva fecha para enjuiciar los hechos.
La circunstancia que atraviesan los juzgados penales con los denominados 'juicios rápidos' hay que ponerla en contexto con una Ciudad de la Justicia que, como señalan las memorias judiciales de los últimos años –tanto de los órganos judiciales de Málaga como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)–, padece un colapso que se ha cronificado en el tiempo. Y lejos de remitir, va a más.
En el caso de los juzgados civiles –a los que llegan asuntos relacionados con reclamaciones de cantidad, desahucios o cláusulas abusivas, entre otros–, las vistas también cuentan con una espera que ronda los dos años hasta su señalamiento. Los procedimientos ordinarios, como exponen las fuentes jurídicas consultadas, pueden dilatarse fácilmente hasta los tres años. «Llevo casi 30 años en civil y nunca he visto un atasco así», explicaba uno de los funcionarios de la Administración de Justicia a este diario, quien prefería mantenerse en el anonimato.
Estas dilaciones también salpican a varios de los juzgados de lo social, lo que ha dado incluso lugar a que se eleven quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Colegio de la Abogacía de Málaga por parte de algunos abogados. Como señala el letrado Santiago Orosa, estos órganos llevan asuntos como los despidos o la extinción de contratos, los cuales tienen «carácter urgente y preferencial».
Sin embargo, como manifiesta, se está encontrando con procedimientos que están siendo señalados a tres años vista. «Hasta hace dos o tres años los despidos estaban entre los tres y los cuatro meses -de espera- en la mayoría de los juzgados, y en algunos se podía ir a los nueve meses y al año», explica. Actualmente, sostiene, la mayor parte de las causas se están señalando con 13 o 16 meses de demora.
El diagnóstico que hacen los profesionales, tanto magistrados, como funcionarios, letrados de la administración de Justicia y abogados, apunta al mismo mal: faltan juzgados y plazas de titulares. Así lo puso de relieve también el anterior juez decano, José María Páez, al presentar la última memoria de la actividad de los juzgados de Málaga, correspondiente al año 2023. Directamente, tildó la situación de «alarmante».
La solución, según se recogía en este último informe, pasaba de manera irremediable por la creación de nuevas plazas de jueces, de ahí el decano hubiera solicitado entre 36 y 40 para Málaga. De hecho, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, teniendo en cuenta las circunstancias que se dan en la capital, pidió para Málaga 19 jueces más para primera instancia, otros nueve para instrucción, tres en penal, cuatro en lo social y uno de vigilancia penitenciaria.
A esta propuesta, el juzgado decano agregó otras cuatro plazas, de las que una más iría al ámbito penal, otra a los órganos de mercantil y dos jueces de Adscripción Territorial. El remedio, por tanto, a diferencia de lo que se reclamaba años atrás, ya no pasa por la creación de nuevos juzgados puesto que, dado el volumen de asuntos de Málaga, terminan igualmente saturados.
De acuerdo con este último informe, los juzgados de la capital reciben prácticamente el doble de asuntos de los considerados recomendables por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), tal y como también han denunciado sindicatos como SPJ-USO. Lo mismo sucede en los penales, que también superan con creces los asuntos que reciben anualmente a la carga de trabajo asumible. En estos órganos, se señalaron 3.736 juicios rápidos, mientras que los que llegaron a celebrarse fueron 2.334.
De acuerdo con este último informe, los juzgados de la capital reciben prácticamente el doble de asuntos de los considerados recomendables por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), tal y como también han denunciado sindicatos como SPJ-USO. Lo mismo sucede en los penales, que también superan con creces los asuntos que reciben anualmente a la carga de trabajo asumible. A los casos que entran hay que sumar, además, aquellos que han quedado pendientes de resolver y sus ejecuciones.
De ello da cuenta precisamente la última estadística sobre la actividad de los órganos judiciales, publicada por el Consejo General del Poder Judicial, con datos de Málaga relativos al tercer trimestre de 2024. Según se expone en la misma, desde que empezó el año hasta el 30 de septiembre, en los juzgados malagueños han ingresado 75.457 asuntos. En este mismo periodo, se han resuelto 66.271. Una vez finalizado, 180.459 han quedado sin resolver.
Las jurisdicciones civil y penal son las que más sufren este desfase. De acuerdo con este informe, a los 96.424 procedimientos civiles que arrastraban los distintos juzgados al comienzo del tercer trimestre, se añadieron otros 29.122, ingresados en ese periodo. Al finalizar el mismo, pese a que se les pudo dar salida a 23.148, siguieron quedando pendientes 101.571.
Los juzgados con asuntos penales partieron con casi la mitad de asuntos por resolver, con 46.699, aunque hubo 41.506 que ingresaron en estos tres meses. El balance, al finalizar el periodo, fue de 39.643 asuntos resueltos y 48.125 sin finalizar.
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