La construcción reclama ayudas para evitar el cierre de empresas y que «se hunda» la economía malagueña

«Es prioritario mantener el empleo y las aportaciones a la sociedad, por lo que se hace obligado establecer medidas que permitan a las empresas superar la crisis y así reactivarse con la mayor agilidad en el momento que la alerta sanitaria se levante. Tenemos que adelantarnos y pensar ya en el día después», advierte el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Juan Manuel Rosillo, quien pone en valor el peso de este sector en el tejido productivo de la provincia y recuerda que, como en crisis anteriores, «será pieza esencial para la recuperación». Eso sí, siempre que se articulen «con urgencia las medidas suficiente».

¿Cuáles serían? La primera, la inyección de liquidez en un momento en el que la producción es nula mediante la concesión de líneas de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la exención y aplazamiento de impuestos y el abono de las certificaciones pendientes desde diciembre de las Administraciones con las contratistas de obra pública. En este sentido, el máximo representante de la patronal se queja del «trato discriminatorio» frente a otros sectores a los que «se les ha ayudado desde el minuto cero atendiendo a la fuerza mayor, mientras a la construcción, a pesar de estar totalmente parada tiene que seguir afrontando todos sus costes fijos y laborales».

En segundo lugar, la ACP solicita a los entes públicos que fomenten la inversión pública y privada en cuanto pase la pandemia a través de planes especiales en infraestructuras o la exención del impuesto de construcciones y obras (ICIO) durante seis meses y el prorrateo posterior durante los meses de duración de la obra. «No hay mayor política social que invertir en generar empleo», destacan desde la asociación, donde también solicitan a los ayuntamientos la agilización de los expedientes de licencias en tramitación para desbloquear proyectos pendientes.

Por otra parte, la ACP también aboga por «la necesaria apuesta por las familias». «Nuestros equipos y sus familias son el principal valor de las empresas y debemos garantizar sus puestos de trabajo para que esto no derive en una emergencia social», sentencia Rosillo, quien también pone el acento en que la agilización de las propuestas planteadas también ayudará a aquellas familias que compraron su vivienda y están a la espera de que se les entregue. En esta misma línea, también proponen que se adopten medidas para facilitar el acceso al a vivienda a jóvenes o colectivos con menos capacidad de ahorro.

Por todo ello, desde la ACP inciden en que es «absolutamente necesario para que la economía no se hunda incluir al sector de la construcción y promoción inmobiliaria dentro de los objetivos en los que trabajan actualmente las Administraciones, poniendo en marcha de manera inmediata las medidas suficientes que eviten lamentos posteriores de situaciones que ya serían irreversibles como concursos de acreedores, cierre de empresas, caída de la inversión privada y, en definitiva, caída drástica del empleo».