Los ayuntamientos critican a la Junta por obligarles a pagar el canon de depuración del agua

Salvo Málaga capital, que paga el recibo a la empresa municipal Emasa; Mijas, que hace lo propio a Acosol; y Benalmádena, a la sociedad mixta Emabesa, el resto de grandes ayuntamientos de la provincia se verán afectados por este cambio normativo, la mayoría de los cuales tienen externalizada la gestión del agua incluyendo en el contrato de concesión una cláusula para que los consumos municipales no se facturen. Con mayor o menor vehemencia en función de si el color político del alcalde coincide o no con el del Gobierno regional, la realidad es que lo que sí que reconocieron todos los dirigentes consultados ayer es que la obligatoriedad de abonar el canon les supone un serio contratiempo para sus arcas. El importe se cuantificará a año vencido, por lo la cuota correspondiente a 2017 se tendrá que liquidar en enero de 2018.

Entre las voces más críticas, la del alcalde de Rincón de la Victoria, el popular Francisco Salado, que hablaba sin tapujos de «un atraco de guante blanco». «La Junta no sabe ya qué hacer para recaudar. Tiene un deseo insaciable de recaudar para luego no invertir en obras de saneamiento a pesar de que es un canon finalista», afirmó el regidor rinconero, quien avanzó que su equipo estudiará la posibilidad de modificar el contrato con la empresa concesionaria para que asuma este gasto añadido, que según sus estimaciones serán unos 48.000 euros anuales.

Una cifra que elevan hasta los 145.000 euros en Vélez, donde el concejal de Aguas y Saneamiento, Marcelino Méndez-Trelles (PA) se refería a este cambio legal como «una forma de recaudar más y no invertir nada», afeando al Ejecutivo autonómico que desde que se implantó este canon en mayo de 2011 «en Vélez no se ha invertido nada». También en la Axarquía, el alcalde de Torrox, Oscar Medina, consideraba «un despropósito y una barbaridad que la Junta quiera cobrar por un bien que es un servicio público para el riego y el abastecimiento de edificios y recintos municipales».

En el litoral occidental, resulta llamativo que dos ayuntamientos gobernados por el PSOE como son los de Marbella y Torremolinos admitieran ayer que tuvieron conocimiento de que tendrán que pagar el canon de depuración tras la información publicada por SUR. El portavoz del equipo de gobierno de Marbella, Javier Porcuna, afirmó que están pendientes de chequear de qué manera influirá en las arcas municipales. Del mismo modo, en Torremolinos también empezaban ayer a hacer números, estimando en unos 200.000 euros la cantidad que deberán asumir sus debilitadas arcas, que tienen una deuda que supera los 180 millones. Desde el equipo de gobierno reconocieron que se trata de un recargo «inesperado» y, como otros ayuntamientos, también barajan la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la concesionaria para al menos hacer frente común a este pago e incluso renegociar el contrato para que lo asuma en solitario.

En Ronda, la también socialista Teresa Valdenebro reconocía que «no queda más remedio que acatar la ley autonómica», pero confiando en que «ese dinero se destine a la construcción de depuradoras ya que quedan muchos pueblos sin saneamiento en la Serranía». En la misma línea, su homólogo en Cártama, Jorge Gallardo, precisaba que «esto lo que tiene que llevar es a que las depuradoras se pongan en marcha lo antes posible». Además, el regidor socialista remarcaba que «sea mucho o poco, va a ser dinero que se dejará de emplear en prestar servicios a los ciudadanos». «El dinero que hay es el que hay y no nos podemos inventar más formas de recaudar», sentenció. Más crítico se expresaba su vecino en Coín. «Me parece fatal, ya de por sí este canon me parece un impuesto revolucionario», afirmó Fernando Fernández, mientras Toñi Ledesma (Alhaurín el Grande) se quejaba de la falta de depuración en la comarca del Guadalhorce. «Antes de cobrar deberíamos tener los medios par depurar».