¿Si amamos nuestra libertad debemos renunciar ahora a ella?

En estos momentos, se está produciendo un choque frontal entre el estado de alarma y la rebelión antiautoritaria del hombre pequeño que deja una pregunta esencial que requiere una respuesta: ¿Si amamos nuestra libertad, debemos renunciar ahora a ella? No existe una opinión uniforme entre los juristas consultados, pero sí una certeza que es compartida por todos: nunca antes, el Estado de Derecho se había tensionado tanto en democracia como en la crisis del coronavirus.

El estado de alarma está en vigor desde el pasado 14 de marzo y mantiene confinados a 47 millones de españoles. El catedrático de Derecho Constitucional en la UMA, Ángel Rodríguez, considera que los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno están avalados por la carta magna. «El estado de alarma es una disposición que está en la Constitución, aunque la realidad es que pensábamos que no se iba a aplicar nunca», asegura.

Rodríguez insiste en el papel fundamental que adquiere el Congreso como elemento de garantía democrática. De las mayorías que se obtienen en la cámara baja, depende si el estado de alarma se prolonga o no y de qué manera. La Constitución, subraya, no prevé medidas concretas que son inherentes al estado de alarma. Los efectos sobre el ciudadano dependen de la estrategia que diseña el Gobierno en cada momento.

Un ejemplo claro que sirve para entender este funcionamiento es la huelga de los controladores aéreos de 2010. También se decretó el estado de alarma, pero no afectó en ningún momento a la libertad de movimiento de los españoles.

El distanciamiento social es una de las claves para frenar el contagio. Decir que la vida no tiene valor si a cambio nos roban la libertad podría ser, en consecuencia, una formulación demasiado drástica. El miedo a un contagio, así se puede observar, favorece que la mayoría de los ciudadanos tolere las restricciones sin rechistar.

La libertad y los derechos conquistados, sin embargo, no pueden convertirse en víctimas colaterales del virus. Por ello, insiste Rodríguez, cada paso que da el Gobierno requiere de seguridad jurídica. En este punto, alude al artículo 30 de la Constitución: «Este dice que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública». Para el catedrático, la pandemia del coronavirus tiene su encaje en la acepción de «calamidad pública».

No obstante, admite que no todos los constitucionalistas lo ven así. «Hay quien piensa que las medidas son tan restrictivas que se tenía que haber declarado el estado de excepción. Yo no estoy de acuerdo con eso. El estado de excepción está pensando para problemas de orden público y el problema que tenemos ahora mismo es sanitario», precisa.

Sobre el hipotético confinamiento de personas asintomáticas, una de las medidas que ha barajado el Gobierno para lograr una vuelta progresiva a la vida normal, Rodríguez señala que le faltan detalles para valorar con seguridad sí tendría cobertura legal o no. Aunque se inclina hacía un sí. «Esa medida podría tener un respaldo, siempre y cuando estuviera justificada y proporcionada. Un confinamiento fuera del hogar por razones de salud pública, con carácter obligatorio, puede tener una justificación. Pensemos en los españoles que regresaron a principio de año de Wuhan a España y se les obligó a permanecer 14 días en cuarentena bajo supervisión», señala.

Pero también advierte de la dificultad de materializar una intromisión de este calibre: «Abre la veda a una cascada de recursos. Cualquiera podría argumentar que se le está reteniendo en contra de su voluntad y la decisión dependerá de un juez».

Hay otras voces que sí creen que un hipotético confinamiento selectivo presenta «graves problemas». El abogado malagueño Javier Toro duda que el estado de alarma sea la figura jurídica adecuada para anular un derecho tan fundamental como el artículo 19 de la Constitución, que promulga la libertad de circulación de las personas. «El desarrollo de un hipotético confinamiento selectivo exigiría decretar el estado de excepción y contar con la mayoría absoluta del Congreso, además de garantizar que las personas afectadas puedan recurrir ante un juez», sostiene.

Toro también apunta a las dudas que podrá generar el confinamiento de esas personas en su esfera laboral. «¿Los trabajadores infectados, pero sin síntomas, serán asimilados a accidentes de trabajo, como indica el artículo 5 del RDL 6/2020 del 10 de marzo?», se pregunta.

Al ser el coronavirus un elemento que va a afectar el futuro de los españoles a corto y medio plazo —quizá para siempre—, el abogado defiende que cualquier restricción de derechos fundamentales sean acordadas por el Congreso y con mayorías «muy cualificadas».

En el plano filosófico, este debate se centra en fijar el significado de libertad. Si se le pregunta al ciudadano, diría que ser libre equivale, en gran medida, a hacer lo que te dé la gana. El filósofo Friedrich Hegel, recuerdan en la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA, estableció en su concepción de libertad que esta no puede estar separada de la ética colectiva. Las consecuencias de una pandemia las conocía muy bien el autor. Cuando murió, el cólera estaba arrasando a Berlín.

Alejandro Rojas, profesor de Filosofía en la misma facultad, argumenta que el confinamiento podría ser una «oportunidad histórica para la recuperación de una idea clásica de libertad, en el que la cuestión de la libertad es la pregunta por lo que hacemos en nuestro tiempo libre». «Cada vez más personas encontrarán más tiempo para hacer eso que antes era bastante menos popular: pensar en su vida propia, reflexionar sobre la legitimidad de las medidas del gobierno, sobre la democracia, sobre si nuestro modelo económico de sociedad es compatible con la sociedad que querríamos construir», añade.