Los argumentos de los agricultores malagueños para rechazar la PAC

Sobre el papel, se marca el objetivo de garantizar el futuro sostenible de la agricultura y apoyar, sobre todo, a los agricultores que trabajan a pequeña escala. Además, promete ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de tener en cuenta las particularidades locales de cada zona. La nueva PAC también ha puesto el foco en el cuidado medioambiental. De hecho, la propia Unión Europea la ve como su principal herramienta para materializar lo que se ha denominado como el 'green deal', el tratado verde ratificado por Bruselas que engancha con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La teoría, sin embargo, se ha topado con el rechazo frontal de las principales asociaciones agrarias de la provincia, que llevan meses advirtiendo de que la nueva PAC tendrá consecuencias negativas para el campo malagueño, que se empezarán a percibir a partir del próximo mes de octubre. SUR ha recopilado los principales argumentos que exponen las asociaciones agrarias para justificar su rechazo a la nueva PAC. Para Asaja, la materialización de la PAC va a conseguir justo lo contrario. «Ni sostenible y alejada de las necesidades reales que tiene el campo».

Esa es la primera conclusión que expone la asociación y que ratifica su presidente en Málaga, Baldomero Bellido. Con el cuidado medioambiental como alfa y omega, Asaja advierte de un severo aumento de la burocracia para solicitar las ayudas. Las medianas y pequeñas explotaciones, en las que el agricultor trabaja de sol a sol, se verán confrontadas con un aluvión de «papeleo» que muchos no podrán solventar. Aquí, se advierte, se vaticinan grandes problemas.

La rentabilidad es otro aspecto que las asociaciones agrarias ven amenazada. Nunca antes los agricultores han tenido que pagar tanto por el combustible, la electricidad y por los productos fitosanitarios. A ello habría que sumar las consecuencias de la inflación. La PAC no serviría para solucionar ninguna de estas preocupaciones. Al revés, cargaría a los agricultores de más obligaciones por el condicionante «verde».

Con las pequeñas y medianas explotaciones amenazadas, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), describe que la PAC acelera un «inquietante proceso de concentración de la producción». «Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa», denuncia el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

En el nuevo reparto de ayudas, la PAC estima destinar un 25% de los pagos directos a los llamados ecoesquemas, con una flexibilidad en su aplicación muy limitada. «Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla», subraya Blanco. En este sentido, recuerda que «para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas».

Además, COAG denuncia que con el acuerdo ratificado en Bruselas, el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. Todo ello, se subraya, unido al desarrollo del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, que no contaría con los instrumentos de regulación de mercado necesarios. «Un presupuesto acorde con estos objetivos supone una gran losa para los pequeños y medianos agricultores europeos», expresa el secretario general de COAG.

A estos argumentos hay que sumar otra queja, expresada por el presidente de Asaja, Baldomero Bellido: la falta de voluntad por parte del Ministerio de Agricultura para contar con las asociaciones agrarias y negociar la nueva PAC. «Es la primera PAC en la que el Ministerio solo se ha sentado con las asociaciones agrarias para informarles de lo que ha acordado», resume unos últimos meses cargados de frustración y protesta que, finalmente, han servido de poco.