Destierran de Fuengirola a un ciberacosador que forzó a niñas a practicar sexo ante una webcam

Ayer, R. H. M. S. se sentó en el banquillo en un juicio en el que la Fiscalía pedía para él 47 años de prisión. También se enfrentaba por primera vez al testimonio de sus víctimas, que iban a declarar detrás de un biombo o por videoconferencia. No fue necesario. El acusado reconoció los hechos ante el tribunal. Aunque la Sección Segunda de la Audiencia Provincial terminará de redactar la sentencia en unos días, el pedófilo se conformó con el relato del fiscal, quien según confirmaron a SUR fuentes judiciales solicitó una medida sin precedentes en Málaga: la prohibición de acceder a cualquier red social por el «plazo máximo legal». R. H. M. S. aceptó esta petición del Ministerio Público, al igual que la prohibición de vivir en Fuengirola, zona donde residía el acusado cuando fue detenido. Las mismas fuentes apuntaron que no se descarta su expulsión de España aunque goza de la nacionalidad, es natural de Chile para que cumpla condena en su país de origen.

En sus conclusiones, el representante del Ministerio Público rebajó su solicitud de pena de los 47 años de prisión que pedía inicialmente a un total de ocho años de cárcel y seis meses de multa tras aplicarle atenuantes de arrepentimiento y enfermedad mental. Tras su estancia entre rejas (está en prisión provisional desde agosto de 2014), permanecerá un tiempo en libertad vigilada para someterse a un curso de educación sexual y de control de impulsos, y deberá indemnizar a cada una de sus víctimas con la suma de 3.000 euros, medidas que R. H. M. S. también aceptó.

El fiscal mantuvo la acusación por por delitos de exhibicionismo, pornografía infantil, descubrimiento de secretos y también por nueve delitos de agresión sexual. Pese a que el acusado no habría llegado a tener contacto físico con sus víctimas, el representante del Ministerio Público considera que sí habría abusado de ellas a través de Internet, obligándolas bajo coacciones y amenazas a realizar las prácticas sexuales que él les ordenaba, una interpretación novedosa que busca perseguir estos delitos cuando se cometen en el espacio virtual. De hecho, una de las menores, que sólo tiene 11 años, declaró a la policía que estuvo «muy mal psicológicamente» durante dos años, ya que se sintió «violada y sin poder contárselo a nadie».

Investigación policial

R. H. M. S. fue detenido gracias a una investigación del Grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía a raíz de las denuncias de varias de las víctimas. El modus operandi que empleó es el típico de los cibercazadores, aunque con unos conocimientos informáticos superiores a la media que sorprendieron a los propios agentes. Una vez que contactaba con las menores, se ganaba su confianza y conseguía embaucarlas «con diversas argucias» hasta conseguir que ellas le mostraran sus pechos u otras partes del cuerpo, según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso este periódico.

Otras veces, el individuo se masturbaba delante de la webcam y enviaba las imágenes a las chicas, siempre sin mostrar su cara. También les mandaba vídeos de otras adolescentes «tocándose». Así intentaba conseguir un intercambio sexual delante del ordenador, sin que las víctimas supieran en ningún momento que el supuesto adolescente las estaba grabando. A partir de ahí, cuando las menores ya habían caído en sus manos, les advertía de que lo tenía todo filmado también guardaba las conversaciones y las amenazaba con difundir los vídeos a sus familias y amigos «si no realizaban delante de la webcam todo lo que su ánimo libidinoso le fuera pidiendo», dice la Fiscalía.

En el registro de su domicilio, los investigadores intervinieron abundante material pornográfico en que habían sido utilizadas menores de edad, así como las grabaciones de los vídeos y las sesiones de chat que había mantenido con las adolescentes. El hallazgo de esas conversaciones no fue tarea fácil, ya que el acusado modificaba la extensión propia de estos archivos y les añadía la del sistema operativo del ordenador para que, en caso de ser descubierto, los agentes pasaran por alto esos documentos. No lo consiguió.

La policía localizó a nueve afectadas, con edades comprendidas entre 10 y 17 años, que relataron el calvario que habían vivido, y rescató del ordenador del acusado varias conversaciones con otras cinco menores que no pudieron ser identificadas plenamente. La mayoría de sus víctimas ha necesitado tratamiento psicológico para controlar la ansiedad. Entre ellas, la adolescente que tuvo que mudarse de pueblo, y que todavía sufre un cuadro depresivo con secuelas a medio y largo plazo.