Investigados por presunto fraude en los cursos del 'caso Edu' admiten que no contrataron, pero que fue por la crisis

Así, en esta ocasión, se ha tomado declaración a dos personas relacionadas con una empresa que obtuvo una ayuda de 70.000 euros de la que recibió 53.000 euros, dentro de la convocatoria del 15 de diciembre de 2010, según han informado fuentes judiciales. El curso era de instalador de equipos y sistemas de comunicación, teniendo el compromiso de contratar a un mínimo de nueve alumnos.

La mujer relacionada con la empresa ha dicho no saber nada, mientras que el hombre citado ha señalado que no se cumplió con el objetivo de contratación inicial, porque no había trabajo entonces, según las fuentes, además de que ha dicho que se ha devuelto la cantidad que se les abonó como anticipo y que no hubo ni inspecciones ni visitas de técnicos del SAE, a pesar de las llamadas.

Los otros tres investigados que han comparecido están vinculados con una subvención de la convocatoria de noviembre de 2010 de 60.000 euros para un curso de bar y cafetería, cantidad de la que recibieron 45.000 euros. El responsable ha dicho que no se pudo cumplir el compromiso de contratación por problemas a raíz de la crisis y que tampoco tuvieron visitas de técnicos ni inspectores de la Junta.

Ambas convocatorias de subvenciones para cursos de formación para desempleados, con compromiso de contratación, han sido investigadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En el marco de estas diligencias judiciales, ya han comparecido ante el juzgado instructor cerca de una treintena de personas, relacionadas con distintas sociedades.

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La UDEF apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior de los mismos por parte de la administración regional, encargada de ello.

Informes iniciales

Los investigadores relataban en sus informes iniciales que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las subvenciones.