La policía acusa a la Junta de no aclarar qué criterios usó al conceder ayudas del 'caso Edu'

En el documento, que desde el martes de la semana pasada obra en poder del juez que instruye el caso, los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) explican al magistrado las gestiones que han hecho para averiguar el baremo que utiliza el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para discernir, entre las solicitudes recibidas, a quién adjudica las ayudas.

Los investigadores aseguran en su informe que, en los últimos meses, han remitido diversos oficios a la Consejería de Educación pidiendo que aclare qué criterios se usan para otorgar las subvenciones, «siendo siempre las contestaciones inciertas y faltas de concreción, no dando respuesta a lo solicitado», dice literalmente el atestado policial. Y añade: «Encontrándose a la espera de una última contestación por parte de dicho organismo, de lo que se dará cuenta detallada una vez que se reciba».

Los agentes se refieren con dureza a la labor de los técnicos de seguimiento del SAE al considerar que se ha producido una «absoluta falta de control tanto en la determinación y selección de los beneficiarios como sobre las subvenciones concedidas durante su desarrollo». Según la UDEF, en «la totalidad de los expedientes analizados» en la resolución del 15 de diciembre de 2010, la que dio origen al caso Edu, faltan documentos, bien los que deberían haber aportado las empresas, bien los que deberían haber emitido los técnicos de la Junta.

El propio fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ya emitió un decreto el 2 de junio del año pasado en el que pedía al juez que tomara declaración como imputados a cinco técnicos de la Junta de Andalucía que, durante el periodo de la investigación, eran responsables de la gestión de los cursos de formación. Dos de sus nombres aparecen con insistencia en los informes de la UDEF sobre las supuestas irregularidades detectadas en el caso.

No eran los únicos que, a juicio del fiscal, deben ser interrogados por su presunta responsabilidad en el fraude en la formación. El representante del Ministerio Público solicitó entonces que declararan como imputados el exdelegado de Empleo, Juan Carlos Lomeña, y la jefa de servicio de Formación, Isabel Almendro.

La punta del iceberg

Los informes de la policía permiten empezar a vislumbrar las dimensiones del caso. Las investigaciones partieron de una única resolución concedida en la provincia de Málaga a 17 empresas que obtuvieron ayudas por un importe de 1.523.628 euros. Tras analizar cada caso, los agentes llegaron a la conclusión de que el 85% de los beneficiarios incumplían alguno de los requisitos, lo que supondría que el 88,45% de los fondos públicos habrían sido obtenidos irregular o ilícitamente, según la UDEF.

Tras esa primera cata realizada en Málaga, la investigación se orientó al resto de la comunidad, ya que los agentes tenían la convicción de que el supuesto fraude era generalizado. El caso se centra ahora en 12 resoluciones en las que se concedieron subvenciones a 846 empresas repartidas por toda Andalucía. El montante de las ayudas bajo sospecha da una idea de las dimensiones de la operación: 254.810.216 euros. El caso Edu suma y sigue.