La policía interrogará a más de 3.000 alumnos en la segunda fase del 'caso Edu'

La primera fase, que se centró en las ayudas concedidas en Málaga a 17 empresas por un importe de 1,5 millones de euros, se saldó con 42 detenidos (la mayoría, titulares de academias) y 250 testigos, de los cuales 215 habían sido alumnos de los cursos bajo sospecha. Como publicó SUR, los investigadores extendieron el horizonte de Edu al resto de la región, ya que descubrieron irregularidades en otras provincias.

El mapa del caso, en esta segunda fase, alcanza a casi toda Andalucía, salvo Sevilla, como ayer adelantó Vozpópuli, que cifra en 25 millones el montante del presunto fraude que ahora se investiga. Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desplazarán esta semana a las siete provincias donde se desarrolla el operativo para interrogar, en colaboración con las brigadas locales de Policía Judicial, a más de 3.000 personas que asistieron a los cursos bajo sospecha. La mitad se concentra en Granada, Almería y Jaén, donde se tomará declaración a unas 1.500. En el caso de Málaga, los interrogatorios a alumnos están muy avanzados y, de los 330 previstos en esta nueva fase de la operación, apenas quedan 60, según informaron fuentes próximas a la investigación.

La hoja de ruta del caso será la misma que se siguió en la primera tanda. Una vez que se recaben los testimonios de los alumnos, los policías tomarán declaración a los profesores de esos cursos. De confirmarse las posibles irregularidades detectadas tras el estudio de la documentación, la UDEF solicitaría a los respectivos juzgados en Málaga, las diligencias las dirige el de Instrucción 8 las órdenes de detención de los titulares de las sociedades implicadas.

Las primeras investigaciones, centradas en 17 empresas de formación, permitieron descubrir que algunas de ellas se habían creado días antes de recibir las subvenciones y que otras ni siquiera estaban dadas de alta al percibirlas. Para la UDEF, el incumplimiento del compromiso de contratación fue «generalizado», se hicieron adjudicaciones «a dedo» y la labor de seguimiento y control de la Junta de Andalucía fue casi «inexistente».