Agentes, enfermeros y operarios de Limasa, entre los 800 imputados por títulos falsos

Un funcionario del Grupo II de Fraudes examina documentación intervenida en la ‘operación Eladio’, en una imagen de archivo /
Un funcionario del Grupo II de Fraudes examina documentación intervenida en la ‘operación Eladio’, en una imagen de archivo

La Policía Nacional cierra en Málaga la mayor macrooperación en la historia judicial en España contra una trama de compraventa de diplomas

JUAN CANOMálaga

La bautizaron como a la antigua usanza, consultando el santoral. Le pusieron Eladio. No tiene un nombre mediático como Malaya, los ERE o Gürtel, pero se ha convertido en la mayor macrooperación de la historia judicial en España. Seis años después de aquel 25 de febrero, la Policía Nacional da por cerrado el caso con 809 imputados de los cuales 632 fueron detenidos a los que se acusa de comprar títulos académicos falsos.

La operación Eladio ha alcanzado tanto a la administración como al sector privado. En la nómina de procesados hay 25 policías locales dos de ellos subinspectores que trabajaban en distintos municipios de Málaga, aunque también se ha detectado algún caso en Córdoba y Sevilla, 14 policías nacionales y seis guardias civiles, entre los que se encuentra un capitán. No obstante, el grueso de los encartados se concentra en el gremio de la seguridad privada, con 134 acusados. Hay desde vigilantes a directores de empresas, pasado por un exjefe de seguridad de la Diputación.

Entre los imputados figuran cinco bomberos, uno de ellos jefe de brigada; seis empleados de Correos; 13 sanitarios (un odontólogo, tres enfermeros y cinco auxiliares de clínica, además de cuatro celadores); dos directores de bancos; dos inspectores de la ITV; varios militares; un abogado; un empleado de un registro de la propiedad; el segundo entrenador de un equipo de fútbol de segunda división; un escultor y hasta un profesor de autoescuela. Incluso una decena de operarios de Limasa que, según la investigación, habrían comprado títulos para cobrar un plus de formación en el sueldo.

Para evitar una macrocausa judicial de dimensiones ingobernables, el magistrado que inició Eladio el caso lo dirige el Juzgado número 4 de la capital decidió instruir un procedimiento individual para cada uno de los acusados. La jefa del Grupo II de Fraudes de la Comisaría Provincial de Málaga y el agente más veterano en la investigación, que atesoran en su cabeza todo el recorrido del caso, aseguran que la mayoría han sido condenados, sobre todo aquellos que han hecho uso de un título falso para conseguir el puesto de trabajo, ya que hubo algunos que lo compraron sólo por presumir o por engordar el currículum. Para los funcionarios policiales que se presentaron a las oposiciones con un certificado académico, la imputación ha supuesto, además, la expulsión del cuerpo, según explicaron.

Eladio nació de un rumor. En un gimnasio de la capital frecuentado por aspirantes a opositores empezó a hablarse de que había otra forma de sacarse el bachiller o la secundaria sin pisar un aula, y el comentario llegó a oídos de los agentes del Grupo II de Fraudes. Sus investigaciones condujeron hasta M. C. F., un exprofesor de instituto que entonces, en 2008, tenía 60 años y regentaba una academia de formación en la capital.

Los agentes sospechaban que era la tapadera perfecta para captar clientes más deseosos de un diploma que de conocimientos. Los primeros alumnos manifestaron sentirse engañados, ya que, según declararon a la policía, M. C. F. les había dicho que trabajaba en el edificio negro de la Junta y que él mismo podía examinarlos con un simple modelo tipo test para obtener la titulación. Lo que no sabían, prometieron, es que eran falsas.

Los policías del Grupo II consideran que, al percatarse de los pingües beneficios del negocio, se dedicó directamente a falsificarlos por encargo. Según las pesquisas, se calculan que pudo conseguir 1,5 millones de euros en seis años. Cuando amasaron las pruebas suficientes, detuvieron al profesor llegó a pasar una temporada en prisión provisional y registraron su domicilio, donde encontraron un auténtico tesoro para la investigación. En su piso conservaba, perfectamente ordenados en archivadores, todos los expedientes en los que había trabajado. Tenía fotocopias de los DNI de sus clientes con anotaciones de cantidades que permitieron reconstruir su contabilidad. Sólo había que descifrar las palabras clave.

M. C. F. habría ideado un código secreto para anotar los encargos de sus clientes. Según la investigación, vendía la «ristra de chorizos» los títulos universitarios a 2.500 euros, las «galletas Fontaneda» diplomas de COU, FP o Bachiller desde 600 a 1.500; la «caja de leche Puleva» Educación Secundaria a 1.200; y el «queso García Baquero» Graduado Escolar y Primaria también a 1.200. Por su supermercado habría pasado un millar de personas, de las que se ha conseguido localizar a 809.

Fotocopias en color

También averiguaron la técnica que empleaba para conseguir una «más que aceptable» calidad en sus falsificaciones. Supuestamente, utilizaba un ordenador y una máquina de escribir para trabajar sobre las plantillas que tenía de cada uno de los diplomas. Una vez alterados los datos con el nombre y la fecha del solicitante, los retocaba con tipex y hacía una fotocopia a color que imprimía en papel de cartulina para imitar a los oficiales. Al parecer, algunos de los sellos oficiales que empleaba eran sustraídos y otros, conseguidos a base de ingenio. El de la Universidad de Málaga (UMA), por ejempo, lo sacó de un periódico, y el de la Escuela de Ingenieros, de una invitación a la feria. «Para conseguir la marca de agua usaba un llavero con el escudo de la Junta, al que aplicaba calor», comenta uno de los agentes que llevó el caso.

Según la investigación, el «pack» completo que ofertaba incluía el título falso y seis copias compulsadas para que pudieran entregarlas en las administraciones sin necesidad de hacer fotocopias que supondría una pérdida de calidad o volver a sellarlas en un organismo oficial, donde podrían darse cuenta de que no era auténtico.

El ingente volumen de trabajo para comprobar los datos había que cruzarlos con Educación y con la Tesorería de la Seguridad Social, identificar a los sospechosos y localizarlos dilataron las pesquisas durante los últimos seis años, en los que se ha ido produciendo un goteo de detenciones por toda la geografía española, aunque la mayoría se concentra en Málaga. La última se produjo en junio y, con ello, se da por cerrado el caso.