El tiempo de Antonio Martín se agota: Costas vuelve a pedir el derribo del restaurante

Así se expresa en una respuesta a este periódico después de que haya transcurrido el año de plazo que la Junta dio a los empresarios que explotan el restaurante para que permanecieran provisionalmente mientras se resolvía su situación legal. Según Costas, el último movimiento respecto al futuro de Antonio Martín dado por la delegación de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente data del pasado 26 de agosto, cuando le trasladó la petición de informe preceptivo en relación a la solicitud de la sociedad Explotaciones de Cesiones de Hostelería de Málaga y Andalucía (Exceho), que actualmente explota el restaurante, para contar con una concesión en regla en ese espacio, manteniendo su actual ámbito de ocupación.

En concreto, Exceho ha solicitado disponer de un establecimiento «con una superficie total de ocupación del dominio público marítimo terrestre de 1.657 metros cuadrados», según han informado desde Costas. Es decir, lo que estos empresarios plantean es seguir explotando Antonio Martín pero sin reducir su superficie, que abarca 1.524 metros cuadrados tras las sucesivas ampliaciones a las que se ha visto sometido en las últimas décadas. Esa superficie incumple la legislación actual, ya que el Reglamento de Costas señala que un negocio de hostelería en playas urbanas no puede superar los 300 metros cuadrados en total.

Por ello, Costas se reitera en que ese proyecto no es posible porque la concesión para el restaurante está extinguida y ya existe un pronunciamiento previo «sobre levantamiento y retirada de las instalaciones del dominio público marítimo terrestre, no siendo admisible, en principio, un mantenimiento de dichas instalaciones originales». «Todo lo más, si se considera que un nuevo establecimiento es necesario para la prestación del servicio público a la playa y sus usuarios, se trataría de la adaptación o construcción de unas nuevas, siendo contrario a la normativa en vigor una solicitud de concesión cuya superficie quintuplique las superficies máximas permitidas por la legislación vigente», añade la respuesta del Gobierno central.

De este modo, Costas mantiene que «procede la demolición precisa de instalaciones» y, en todo caso, dejar el edificio del restaurante reducido a su quinta parte si pudiera ser aprovechada esa estructura para un nuevo concesionario.

Este departamento estatal señala que, en este tiempo, la Junta no ha justificado que se mantenga el exceso de superficie que presenta el restaurante, para lo que llegó a recabar un escrito de apoyo del Ayuntamiento en el que se aludía al «interés público» y a que se ha convertido en un «hito importante» del barrio de La Malagueta. «No se ha hecho ninguna justificación de dicho exceso de superficie», remarcan desde Costas, al tiempo que aclaran que el proyecto «no se puede amparar en la excepcionalidad que se contempla en el art. 69.9 del Reglamento General de Costas». Ese artículo permite hacer una excepción en el cumplimiento de «superficies y distancias» para las concesiones en playas urbanas en el caso de «edificaciones ya existentes que hayan revertido al dominio público marítimo-terrestre» y sobre las que la administración competente «decida expresamente su mantenimiento por sus características singulares».

Sin embargo, Costas insiste en la respuesta a este periódico en que "la concesión originaria está extinguida y hay hasta un pronunciamiento sobre destino de las instalaciones que se refiere a la demolición de las mismas, por lo que no se ha optado por el mantenimiento de las instalaciones originales, tal y como exige dicho precepto". Asimismo, recuerda que "tampoco procede la posible admisión de este exceso de superficie en base a que las instalaciones gocen de algún tipo de figura de protección como patrimonio histórico o cultural, tal y como sucede en el establecimiento denominado Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, cuya legalización se encuentra actualmente en tramitación". En ese sentido, apuntan que los Baños del Carmen ya están catalogados como bien de interés cultural.

«Sea lo que sea, la mencionada consejería de la Junta de Andalucía no ha motivado la causa de excepcionar la regla general de superficies máximas (270 de metros cuadrados de zona de hostelería más 30 metros cuadrados de aseos), sino que ha presentado el proyecto tal cual lo ha enviado el solicitante», señala Costas, que repite que «la superficie solicitada quintuplica la máxima permitida por la legislación».

Asimismo, desde el Gobierno central advierten de que, a raíz de un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea a España, este tipo de autorizaciones de restaurantes en playas tienen que hacerse por libre concurrencia, es decir, abriendo una oferta o concurso al que podrían presentarse en igualdad de condiciones tanto los actuales empresarios que explotan Antonio Martín como cualquier otra sociedad. «No consta que la solicitud de concesión presentada se haya sometido por la Junta de Andalucía, como administración competente para la gestión de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, al procedimiento concursal de selección abierto y transparente», puntualizan desde la administración estatal.

Así, la pelota vuelve al tejado del Gobierno andaluz, que tendrá que decidir cómo actúa ahora, una vez que Costas ya le ha dejado claro que no se puede mantener el restaurante Antonio Martín en sus actuales condiciones: sin concesión en regla y con una superficie que quintuplica lo permitido. Está abierta la posibilidad de que pueda existir un restaurante en este punto de la playa de La Malagueta pero, para eso, primero hay que cerrar el actual, recuperar formalmente ese espacio del dominio público y demoler al menos el 80% del local, ya que solo podría aprovecharse un 20% de lo actual, si es que se quiere reutilizar para una nueva concesión por concurso público. Todo eso, depende a partir de ahora de los pasos que dé la Junta.

Este periódico ha intentado sin éxito conocer por parte de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga cuáles van a ser esos pasos. Según han señalado desde la administración regional, no han recibido todavía un nuevo informe de Costas para poder expresar su postura. Asimismo, desde la sociedad Exceho tampoco se han pronunciado sobre el futuro del restaurante tras esta respuesta de Costas que insta a su derribo porque no tienen «noticias».