El taxi marcha en Málaga para exigir a la Junta más control sobre los VTC
El sector protesta dividido con dos movilizaciones distintas esta semana para presionar a la Junta a que limite la actividad de Uber y Cabify
Los taxistas de la Costa del Sol vuelven a echarse a la calle para exigir a la Junta de Andalucía que limite la actividad de ... lo vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) imponiéndoles la obligatoriedad de que sus servicios sean precontratados con una antelación mínima de 15 minutos al igual que se está aprobando en otras regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco. Pero, a diferencia de en anteriores movilizaciones, el sector lo hace ahora dividido con dos acciones de protesta convocadas para esta semana en vísperas de las elecciones generales del próximo domingo. La primera, celebrada este miércoles bajo el paraguas del Grupo de Movilización de la Costa y organizaciones como Élite y Amat; la segunda, la que el viernes impulsa la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) y que secundarán las principales organizaciones del sector como la Confederación del Taxi de la Costa, Aumat o Taxi-Unión. «No es desunión, son velocidades distintas para una misma reivindicación», apuntaba el portavoz del Grupo de Movilización, Jesús Báez justo antes de arrancar la marcha desde la estación María Zambrano hasta la delegación territorial de la Consejería de Fomento, en la plaza de San Juan de la Cruz. La protesta sólo ha alterado el servicio en la parada de la estación además de las afecciones al tráfico durante el recorrido, pero las emisoras y el resto de paradas han funcionado con normalidad. La movilización ha concluido en torno a las 13.00 horas tras la lectura de un manifiesto en defensa del gremio.
Con el apoyo de una veintena de vehículos procedentes de Sevilla, Granada y municipios de la provincia como Marbella, Mijas y Benalmádena, unos doscientos taxistas han iniciado la marcha a pie con la que pretenden apremiar a la Junta a que siga los pasos de otras comunidades a la hora de regular la actividad de Uber y Cabify. «Uber ha entrado en Bilbao y a los tres días el Gobierno vasco ha anunciado que va a exigir 30 minutos de antelación, y aquí llevamos diez meses y seguimos igual», ha criticado Báez, en referencia a las conversaciones iniciadas en enero (una semana después de que la consejera Marifrán Carazo tomara posesión) para tratar de buscar un equilibrio entre el taxi y los VTC.
Fomento ha convocado al sector el viernes 15 para intentar atajar el conflicto
Para intentar atajar el conflicto, Fomento ha citado al sector a una reunión el próximo viernes 15, aunque en el gremio del taxi no son optimistas. Como ha venido informando este periódico, el principal punto de fricción está en la exigencia de los taxistas de que se obligue a estas compañías a que sus servicios tengan que ser precontratados con una antelación mínima de 15 minutos al igual que se ha hecho en otras comunidades como Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares y País Vasco. Sin embargo, en la Dirección General de Movilidad no están por la labor de establecer un intervalo temporal para garantizar esa precontratación obligatoria (estos coches sólo pueden prestar servicio bajo contratación previa, a diferencia del taxi que puede captar clientes en la vía pública) al considerar que es «difícilmente controlable» y, sobre todo, ante la falta de garantías jurídicas de esta medida sobre la que ya se han pronunciado en contra las Agencias de la Competencia.
Como alternativa, en el borrador de decreto elaborado por Fomento el pasado mes de marzo se plantea la creación de estaciones de VTC en los perímetros de las ciudades en las que deberán permanecer cuando no estén prestando servicio o la obligatoriedad de regresar a su base en lugar de estar circulando a la espera de que desde la aplicación les salte una carrera.
En lo que sí que están de acuerdo los taxistas en el resto de medidas planteadas por Fomento para modernizar su actividad mediante el establecimiento de un precio cerrado a los clientes que contraten sus servicios vía telemática (igual que ocurre con Uber y Cabify) y la posibilidad de compartir taxi mediante un cambio legal que permita cobrar por plaza en cada viaje solicitado también por una 'app'. Además, se vuelve a poner sobre la mesa la creación de áreas de prestación conjunta entre varios municipios con idénticas tarifas.
De momento, este borrador es la única novedad en Andalucía desde el decreto que el Gobierno central aprobó en septiembre de 2018 y que hace justo un año fue convalidado por el Congreso para habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los VTC, que en Málaga suman ya 1.556 autorizaciones frente a las 2.733 licencias de taxi. Unas cifras que no hacen más que reforzar el papel de Málaga como la provincia española con mayor competencia entre ambos sectores con un VTC por cada 1,7 taxis.
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