De El Perchel a Santa Julia

Como explicaban los concejales socialista y de Unidas Podemos, Mariano Ruiz Araujo y Nicolás Sguiglia, respectivamente, estas casas acogen a familias desde hace cinco décadas con renta antigua, que pagan la comunidad, «pero no hay mantenimiento y los pisos están muy degradados, con grietas, humedades, problemas constantes de electricidad, fontanería, cucarachas y ratas sin que los grandes propietarios de las viviendas asuman las responsabilidades, salvo exigirles que paguen el alquiler o que se vayan», como subrayaba Ruiz Araujo.

En la moción, que han presentado de forma conjunta, la oposición pide al equipo de gobierno del Ayuntamiento que exija a los propietarios de los inmuebles que realicen los trabajos y obras precisas para devolverlos a las condiciones de seguridad y salubridad, «advirtiéndolos de que de no ser así serán sancionados conforme a ley», que se les ofrezca mediación y atención jurídica a los vecinos afectados por este «acoso inmobiliario» y que se inicie un plan especial, que recoja la normativa pormenorizada de la edificación y usos y que contemple la protección y el mantenimiento de este barrio «que tiene protección arquitectónica grado uno, pero que podrían ser derribados si entran en un estado de ruina», como explicaba Ruiz Araujo, quien ponía el foco en que Santa Julia no es aún los Callejones del Perchel, pero sí está en estado embrionario.

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El edil socialista subrayaba que el Ayuntamiento de Málaga ofrece a los especuladores barriadas enteras en bandeja de plata, dando cuenta de que nadie se atrevería a tirar la barriada de Triana, en Sevilla; la judería, en Córdoba, o el Sacromonte, en Granada, y puso en valor Santa Julia, que por sus especiales características y conformación debe conservarse tal cual está. «El Ayuntamiento de Málaga no cuida a la ciudad, está falto de amor propio», puntualizaba Ruiz Araujo, quien añadió que «Paco de la Torre persigue un modelo acomplejado de ciudad, que en vez de poner en valor nuestra esencia, busca ejemplos propios de los Emiratos Árabes (donde acaba de volver de viaje una comitiva municipal para presentar la candidatura a la Expo 2027 en Málaga), que alza torres en cada pequeña parcela sin tener en cuenta el orden, el planeamiento, ni las consecuencias o problemas del entorno».

Por su parte, el concejal de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, subrayaba que el Ayuntamiento es competente de garantizar que los vecinos vivan en condiciones dignas y obligar a los propietarios que cumplan las normativas municipales como pasar las inspecciones técnicas y cuidar del estado de sus viviendas. «Tras la impotencia que declara el alcalde se esconde una intención: ponerse del lado de la gente poderosa, los grandes tenedores de vivienda, y frente a la vecindad», subrayó al tiempo que indicó que exigirán a la Gerencia de Urbanismo que cumpla sus obligaciones y que demande a los propietarios que las viviendas estén condiciones de dignidad y que se investigue y se actúe ante las situaciones de acoso inmobiliario que sufren las familias de esta barriada de Cruz de Humilladero.

El PSOE y UP dieron la rueda de prensa por la mañana, y por la tarde, una administradora de fincas de Santa Julia, que gestiona más de 80 viviendas se puso en contacto con el periódico para contar su visión de la situación. Catalina Ruiz Urbano, conocida en la barriada porque lleva trabajando en ella muchos años, explicaba que en la actualidad la mayoría de los edificios, que son de ocho viviendas, son comunidades de propietarios. De las 600 viviendas de la zona, junto a los bloques de Mañas Bernabéu, como explicaba, unos 350 son de propietarios que viven en ellos, y el resto son los de alquiler, que pueden gestionar otros veinte propietarios. «Lo que está diciendo la oposición es de no conocer la situación, de tal manera que están generando un bulo, y no he parado de recibir llamadas de alquilados preocupados por esta noticia, que no es verdad», explicaba Ruiz Urbano, que pedía, por favor, a los concejales socialistas y de Unidas Podemos que digan nombres y apellidos y casos concretos, pero que ni mucho menos se va a acabar desahuciando a 200 familias como están diciendo. En la actualidad, explicaba, «hay tres desahucios, y algunos de familias que deben 8.000 y 20.000 euros a los propietarios y que no tienen manera de cobrar; familias que no se ajustan a las ayudas del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), que empieza dando una gran parte del alquiler y luego, según los casos, aporta un 50% y el alquilado debe pagar el otro 50%, y se tiran años sin abonarlos; esa es la verdad».

Para esta administradora de fincas hablar con «esta ligereza, sin tener datos de las 600 viviendas que hay en la zona y asustando en los vecinos, algunos de ellos muy mayores, sobre todo los de renta antigua, cuando no hay motivos resulta poco serio. Lo que está pasando en El Perchel no tiene nada que ver con Santa Julia», como afirmó.