El pacto para una Limasa pública incluye recuperar la herencia de puestos si se volviera a privatizar

Operarios del servicio de limpieza viaria. /Migue Fernández
Operarios del servicio de limpieza viaria. / Migue Fernández

Ayuntamiento, empresa y sindicatos ultiman un acuerdo para un convenio colectivo y avanzar en la municipalización del servicio de limpieza

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

La posibilidad de heredar el puesto que un empleado de Limasa deja por jubilación, invalidez o fallecimiento se anulará automáticamente en cuanto se plasme el acuerdo para municipalizar el servicio de limpieza, toda vez que en el ámbito público la política de contrataciones debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad (actualmente la empresa funciona como una mercantil ya que el 51% del capital es privado). Sin embargo, una cosa es que dejen de aplicarse los polémicos artículos que permanecen vigentes desde su privatización en 1989 y otra bien distinta es que vayan a desaparecer por completo en el nuevo convenio laboral que Ayuntamiento, empresa y sindicatos están ultimando para desbloquear la municipalización. Según ha podido confirmar este periódico, el comité de empresa ha logrado incluir una cláusula para garantizar la recuperación de los puestos hereditarios en el caso de que Limasa, en el futuro, vuelva a estar mayoritariamente en manos privadas.

En los últimos años, la aplicación de estos artículos se ha ido acotando a cónyuges e hijos, pero se sigue produciendo y sigue siendo uno de los conceptos que los trabajadores siempre se han resistido a perder. En caso de invalidez, la vacante la cubre la persona propuesta por el propio trabajador sin mayor filtro. Si es por fallecimiento, el sucesor es designado por la comisión paritaria que conforman empresa y sindicatos; y si se trata de una jubilación parcial o anticipada, es la empresa la que tiene la última palabra. Y a esto se ha agarrado la compañía para mantener en suspenso una quincena de contratos de relevo en los últimos dos años.

La suspensión de estos artículos al pasar a la esfera pública es uno de los puntos que ya está cerrado con vistas al nuevo convenio que regirá las condiciones sociolaborales de la plantilla, al que aún le quedan varios flecos por resolver antes de ser sometido a votación por la asamblea de trabajadores. ¿Cuándo será? La intención en el equipo de gobierno del PP es dejar el camino despejado a lo largo de esta semana con el objetivo de que en el Pleno ordinario del próximo martes 30 se aprueben de forma inicial los trámites para la municipalización, aunque los plazos irían muy justos. A partir de ahí, se abriría un periodo de exposición pública de 30 días naturales para que particulares y entidades puedan presentar alegaciones y, una vez resueltas, llevarlo a su aprobación definitiva, que ya sería después de las elecciones, por lo que la puesta en marcha de una Limasa pública estará en manos de la próxima Corporación.

Productividad

En cuanto al resto de cuestiones que estaban en la mesa de negociaciones, ambas partes contemplan que una parte del salario se convierta en variable y vaya ligada a la eficiencia en el trabajo diario y al no absentismo (aunque la oferta del Ayuntamiento era de 2.500 euros variables al año la cifra final podría rondar los 1.500). Del mismo modo, también coinciden en dejar a un lado las discrepancias surgidas en torno a los atrasos que se adeuda a la plantilla en cumplimiento de la sentencia del TSJA que declara que el único convenio vigente en Limasa es el de 2010-2012, previo a los recortes. A la espera de que se resuelva otro procedimiento judicial paralelo a mediados de junio, Ayuntamiento y comité de empresa se muestran partidarios de cerrar un acuerdo dejando al margen las cuestiones pendientes en los tribunales.

Tampoco parece haber problemas en torno a las vacaciones, que en lugar de concentrarse en verano se repartirían durante todo el año para reducir el gasto en contrataciones temporales para cubrir los huecos que dejan los empleados fijos en la temporada estival. Lo que aún no está cerrado es la duración del convenio, ya que el Ayuntamiento se muestra partidario de garantizar la paz social durante cuatro años mientras los sindicatos pretenden que sean tres.