Paco Pomares: «La gente rara que fue a la Junta de los Caminos seguramente tenía un curso de okupación de la Casa Invisible»

Antes, Pomares había alabado cómo gente humilde se fue a la Junta de los Caminos (por encima de la autovía del Puerto de la Torre) en los años 50 y con su trabajo levantaron las casas, con sus manos, y que ahora había 700 residentes unidos y solidarios. Dos vecinos de esta zona intervenían y se mostraban asustados por la inseguridad jurídica ante la okupación ilegal de sus casas, a los que se sumaban otros dos vecinos que relataban sus vivencias con la inquiokupación. «Tenía un piso alquilado a cuatro personas, 150 pagaba cada una, 600 en total, se fueron tres y se quedó una que no me paga, y yo le pago el agua, la luz todo. Puse una demanda en junio de 2024 y me han puesto fecha para el juicio en mayo de 2027, a esto no hay derecho», que decía compungida Francisca Ramírez. Detrás, María Victoria Quintana agradecía a Vox defenderla, y sentía que siendo más de izquierdas, estos no le hubiesen ayudado. Contaba que su madre se tuvo que mudar de su casa por ser discapacitada a otra en la que no tenía obstáculos, y que alquilaron la primera vivienda, no le pagaban el alquiler y les ganó la demanda, pero que al ser una familia vulnerable allí seguían. Por eso pedía que las administraciones dispusieran de viviendas disponibles para estos casos.

Detrás, la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, proponente, indicaba que «la okupación era una plaga que ha alentado el PSOE» y pedía una serie de medidas, entre ellas revisar el padrón municipal para que los okupas no pudieran acceder a ayudas, o una patrulla especial de la Policía Local para luchar contra la okupación legal, que no tuvieron ningún respaldo. Sí apoyó el PP, y por tanto salió por mayoría absoluta, que el Gobierno reforme con urgencia el Código Penal para endurecer las penas en delitos de usurpación de inmuebles permitiendo el desalojo inmediato en 24 horas así como que se aumenten las penas a las mafias que se dedican a fomentar y organizar la okupación ilegal.

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, tomaba la palabra indignado diciendo que los que habían intervenido no eran el pueblo, lo que provocó los abucheos de la sillería. El líder de Con Málaga se quejó de que los populares y Vox querían hacerles creer «a los de abajo que el problema está entre ellos» mientras que les echaba la culpa a la especulación urbanística. Por su parte, la concejala socialista, Mari Carmen Martín, indicaba que en España sólo había habido el año pasado 16.726 denuncias por okupación y que el Código Penal facilitaba el desalojo por allanamiento de morada. El popular Paco Pomares le criticaba con dureza que no les importaran 16.000 casos en el país, y 250 en Málaga, «que les parecen bien».

Finalmente, los vecinos de la Junta de los Caminos también obtenían réditos de la iniciativa popular por la que el Ayuntamiento de Málaga insta al Gobierno «a promover un marco legislativo que proteja realmente a las familias de la okupación de sus viviendas, a promover viviendas junto al resto de administraciones para asegurar el acceso a las mismas y a garantizar la dotación del personal suficiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Málaga; todo ello al objeto de poner coto a la inseguridad jurídica y a la situación de vulnerabilidad y desprotección de las familias ante casos como el ocurrido recientemente en la Junta de los Caminos, en Puerto de la Torre».