Málaga tiene que realojar en hostales a familias desahuciadas ante la falta de viviendas sociales

Miembros de la plataforma «Stop Desahucios» protestan con pancartas para intentar evitar el desalojo de una familia (archivo)./Reuters
Miembros de la plataforma «Stop Desahucios» protestan con pancartas para intentar evitar el desalojo de una familia (archivo). / Reuters

Los desalojos por impago de alquileres aumentan en la capital malagueña, con más de 350 en lo que va de año, a los que se suman un centenar de lanzamientos hipotecarios

Nuria Triguero
NURIA TRIGUERO

La escasez de viviendas de alquiler que aqueja a la capital malagueña y la consiguiente subida de precios está poniendo en graves aprietos a cientos de familias y generando un desafío para los servicios sociales, que a día de hoy se encuentran desbordados por el aumento de desahucios derivados del impago de rentas y la dificultad para encontrar pisos asequibles. Tanto es así que el Ayuntamiento está teniendo que recurrir a hostales para dar una solución de urgencia a las familias que se ven en la calle tras ser desalojadas. La Unidad de Emergencia Social (UME), dependiente del Área de Derechos Sociales, ha intervenido en 122 desahucios y ejecuciones hipotecarias en lo que va de año y en una tercera parte de estos casos (concretamente 43) ha tenido que realojar temporalmente a los afectados en pensiones.

Y es que los diez pisos que el Consistorio destina a atender estas emergencias sociales se han revelado claramente insuficientes frente al creciente número de familias que son desalojadas por no pagar el alquiler y no tienen recursos para encontrar otra vivienda. Entre enero y julio en estos inmuebles sólo se ha podido albergar a 16 grupos. Según explica la directora general de Derechos Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Ruth Sarabia, los afectados –que tienen que cumplir un determinado perfil: básicamente tener menores a cargo y carecer de recursos económicos– permanecen en estos pisos de forma provisional mientras se les ayuda a buscar otra vivienda. «Normalmente son familias que ya cuentan con la ayuda municipal al alquiler de 450 euros mensuales; si no, se la tramitamos», apunta. Sarabia reconoce que ahora se ha vuelto más difícil encontrar alquileres asequibles, pero «tampoco es imposible», apunta.

Los datos

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desahucios y lanzamientos hipotecarios han contado con la intervención de la Unidad de Emergencia Social (UME) del Ayuntamiento de Málaga entre enero y julio. En 32 casos se ha conseguido un aplazamiento del desalojo, en 16 casos se ha albergado a la familia afectada en un piso de emergencia y en 43 casos se ha tenido que recurrir a hostales para dar cobijo temporal a los desahuciados.

Organizaciones no gubernamentales como Cáritas también tienen al completo su red de viviendas destinadas a albergar familias en situación de extrema vulnerabilidad. Incluso a la Casa del Sagrado Corazón, más conocida como el Cottolengo, llega gente pidiendo ayuda que este albergue no puede prestar, ya que está al 100%. «Estamos como nunca, peor que en la crisis. Las solicitudes son continuas y nos llama la atención el cambio de perfil de los usuarios: ahora vienen muchas familias con niños, cuando en esta casa siempre ha habido más personas solas», explica su subdirectora, Susana Lozano.

Sarabia reconoce que se está produciendo «un incremento de desahucios de particulares de viviendas de alquiler» y pone como ejemplo el pasado mes de junio, cuando la UME intervino en 16 desalojos. Los datos provenientes de los juzgados confirman esta percepción: del 1 de enero al 11 de julio se han realizado en la capital malagueña 366 desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (es decir, por impagos y finalización de contratos de alquiler), más 102 ejecuciones hipotecarias. Llama la atención que la proporción entre ambos tipos de desalojos se haya invertido y que ahora dos de cada tres casos estén relacionados con viviendas arrendadas.

Emergencia social

La previsión para el futuro cercano es que los desalojos se acrecienten todavía más, ya que durante la primera mitad del año los juzgados de la capital malagueña han tramitado nada menos 849 demandas de desahucios y lanzamientos hipotecarios, un número que supone un «fuerte crecimiento» respecto al año pasado, según el juez decano de Málaga, José María Páez. Buena parte de estas demandas se traducirán en desahucios a lo largo de los próximos meses.

El Ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra para reaccionar ante esta emergencia social. Sarabia asegura que en el plazo de un mes se van a duplicar las viviendas que el UME destina a realojar a familias desahuciadas: de diez pasarán a veinte. Tampoco pierde de vista el fondo del asunto, que no es otro que la escasez de viviendas de alquiler asequibles. Y es que si un ciudadano con trabajo y un nivel medio de ingresos tiene complicado encontrar piso en la ciudad, para una familia en paro lo es mucho más. De hecho, se da la paradoja de que hay más de 600 personas que tienen concedida la ayuda para el alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) pero no encuentran nadie que les arriende una vivienda.

Sarabia reconoce que hay propietarios «reacios» a alquilar un inmueble a estas personas por miedo a que cuando pasen los tres años que dura la ayuda dejen de pagar. Por eso el Área de Derechos Sociales y el IMV están estudiando una «reformulación» de esta ayuda para dar más garantías a los arrendadores.

Diputación y el Colegio de Abogados ayudarán gratis a inquilinos en riesgo de desalojo

La Oficina de Intermediación Hipotecaria se puso en marcha en 2012, en el momento más crudo de la crisis económica, cuando los desalojos de familias que no podían pagar la hipoteca protagonizaban día tras día los telediarios. La Diputación Provincial y el Colegio de Abogados de Málaga fueron los impulsores de esta iniciativa, mediante la cual se ha asesorado de forma gratuita a miles de personas en riesgo de perder su vivienda. Ahora las tornas han cambiado: hay más desahucios por impago de arrendamientos que por hipotecas. Así que ambas instituciones han decidido ampliar el enfoque de esta oficina para atender también a ciudadanos que tienen problemas con el alquiler.

El abogado Carlos Cuevas, coordinador de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, explica que el servicio de asesoramiento gratuito a arrendatarios que están en riesgo de desahucio ya se está prestando en Torremolinos gracias a un acuerdo con su ayuntamiento. «Esperamos que para el mes de septiembre lo podremos extender a ciudadanos de toda la provincia», añade.

Cuevas destaca que el problema que está despuntando ahora con los alquileres «no es pequeño». «Se han quitado muchas viviendas del mercado por los alquileres turísticos y, a la vez, la demanda ha subido muchísimo porque hay mucha gente que no puede comprar o que no quiere», apunta. El resultado es una subida de las rentas que está poniendo contra las cuerdas a muchas familias. «El problema viene cuando se cumplen los tres o cinco años de contrato y el propietario les plantea una subida de 300 ó 400 euros. Se encuentran con que ya no les alcanza para pagar el alquiler, pero tampoco encuentran una vivienda más barata en el mercado», explica el abogado.

Para Cuevas, la desprotección de los propietarios es un «mito», ya que el procedimiento de desahucio «es muy rápido: si el inquilino deja de pagar, en seis meses lo pueden poner en la calle». Por eso en los casos en los que el problema no es el impago, sino un conflicto con el arrendador, la consigna es «nunca dejar de pagar».

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