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El nuevo «edificio negro» de Málaga allana el camino. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy el acuerdo por el que se autoriza el gasto para la próxima contratación de las obras de construcción de un edificio administrativo en la avenida de ... Ortega y Gasset, 72 de la capital. El presupuesto previsto será de casi 23 millones de euros (en concreto, 22.924.005,17, IVA incluido).
El Gobierno andaluz retoma así un proyecto que acumula nada menos que 16 años de trámites, con el objetivo de contar en la capital malagueña con una nueva sede administrativa para oficinas de las delegaciones de sus consejerías. La parcela está situada en la zona de Tiro de Pichón, junto a un inmueble existente que albergó un laboratorio del Instituto Nacional de Control de Calidad. La actuación se gestó en 2008, cuando se puso en marcha un concurso para adjudicar la redacción del proyecto, y recibió una primera licencia de obras por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo en 2017.
Desde entonces, hace ya siete años, el promotor ha introducido varios cambios en la intervención, que llevó al Ayuntamiento a otorgar una nueva autorización, en marzo pasado. La principal modificación consiste en que el edificio del antiguo laboratorio, que inicialmente iba a destinarse a una guardería, pasa a tener un uso administrativo al igual que la construcción de planta baja más siete plantas que se levantará en el solar adyacente. Además, el equipo de arquitectos liderado por José Manuel Sánchez-Carrero ha revisado al alza el presupuesto de los trabajos.
Por otra parte, el proyecto ha sido adecuado a la normativa vigente en materia de construcción. Con el permiso de obras de Urbanismo, la Junta tiene ya vía libre para sacar a concurso las obras, y al que seguirá la ejecución como tal del edificio, que tiene un plazo de dos años y medio. Por tanto, todavía restan al menos tres años para que sea una realidad, y posteriormente habrá que hacer la mudanza desde las dependencias actuales de las delegaciones que finalmente la ocuparán. La Junta no tiene aún decididas qué dependencias se trasladarán a este nuevo espacio.
El inmueble tendrá capacidad para albergar a 467 funcionarios, así como cuatro sótanos de aparcamiento con 75 plazas. En el expediente se detalla que estará dimensionado para acoger las sedes de dos delegaciones de consejerías de la Junta. De este modo, se podrá abandonar varias oficinas repartidas por la ciudad, por las que actualmente se pagan alquileres.
A nivel arquitectónico, el nuevo inmueble estará revestido por una 'piel' de paneles cerámicos de distintas tonalidades entre el blanco y el verde de la bandera andaluza que, en la fachada hacia la calle Corregidor Francisco de Molina, se transforma en una pared de carpintería metálica con protección de lamas verticales automatizadas. Desde esa fachada partirá una pérgola que unirá el antiguo laboratorio del Ministerio de la Vivienda con la nueva sede de la Junta, a cuya entrada principal se accederá mediante rampas que salvarán la diferencia de cotas con el nivel de la calle.
«Por la gestión destinada a hacer caja que hizo el gobierno socialista anterior, deshaciéndose de edificios en propiedad para después alquilarlos, ahora estamos faltos de espacio y este gobierno ha decidido darle un impulso al proyecto», indicaron desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga. La Dirección General de Patrimonio, en colaboración con dicha delegación, está elaborando un plan de sedes.
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