La Junta corta el servicio de lengua de signos para alumnos sordos
Las personas con discapacidad auditiva denuncian que llevan dos meses sin intérpretes en colegios, institutos y cursos de formación
Las personas con discapacidad auditiva sufren un doble aislamiento desde hace semanas. El uso de mascarillas, necesarias para evitar contagios, agravan su exclusión al impedir ... la lectura de labios. Las primeras ruedas de prensa del Gobierno para anunciar el estado de alarma no fueron subtituladas ni interpretadas en lenguaje de signos, situación que provocó desorientación entre el colectivo. «La información nos llegó más tarde que al resto. No entendíamos qué pasaba exactamente», recuerda el presidente de la Sociedad Federal de Sordos de Málaga, Daniel Aguilar. Desde entonces no han parado de salvar escollos hasta conseguir la interpretación de las comunicaciones oficiales, el acceso a información sobre ayudas y expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el acompañamiento a hospitales y centros de salud. La Junta de Andalucía, sin embargo, aún mantiene una deuda en materia de educación después de que en marzo suspendiera el servicio de interpretación de lenguaje de signos para sus alumnos sordos.
Cuando las clases se impartían de forma presencial, cada persona que lo necesitaba disponía de un intérprete en el aula, apoyo que ha sido arrebatado en el trasvase telemático forzado por la crisis sanitaria. El Gobierno autonómico mantiene externalizado el servicio de interpretación de lengua de signos en sus centros educativos desde los años noventa. Con la declaración del estado de alarma, según explican fuentes consultadas, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) equiparó y paralizó todos los servicios externalizados, como el transporte escolar o la propia interpretación de lengua de signos. «Pero se equivocan, porque sin clases presenciales no hay que llevar a los niños al colegio en autobús pero los alumnos sordos siguen necesitando apoyo», reivindica Rosa María Ruiz, delegada sindical del colectivo de intérpretes en Málaga.
Victoria Jiménez es madre de un niño de catorce años que ahora, con las clases telemáticas y sin intérprete, recibe «un diez o quince por ciento» de la formación que debería: «Hay mucha gente que desconoce que la discapacidad auditiva es una discapacidad del lenguaje, sea escrito u oral. No basta con que le manden cosas por escrito. El intérprete es su canal de comunicación, pero llevamos dos meses abandonados. Yo puedo traducir algunas cosas al lenguaje de signos, pero no soy profesional y además tengo que trabajar». Su hijo, explica, se siente «frustrado» porque no comprende la mayor parte de las clases: «Sólo quiero que se forme y en el futuro tenga opción a encontrar un empleo como cualquier persona. Pero no hacen más que ponernos barreras. Es una pena».
La suspensión del servicio no afecta sólo a menores, sino también a los alumnos que están matriculados en cursos de formación profesional. Es el caso de Vicky Román, que estudia Análisis Laboratorio: «El profesor se pone a hablar y no me entero de nada. Eso me produce ansiedad, porque quiero hacer preguntas y no puedo. Sólo pido los mismos derechos que mis compañeros oyentes. En junio tengo exámenes y no sé cómo los voy a hacer». ¿Y cuál sería la solución? «Es tan fácil como que un intérprete entrase en las clases por videollamada, como estamos teniendo esta conversación», explica en referencia a la entrevista por vídeo organizada por SUR con una intérprete de lengua de signos. Rosa María Ruiz explica el papel que desempeñan estos trabajadores: «Somos la herramienta por la que las personas sordas acceden en igualdad de condiciones a la información. Prescindir de nosotros es como retirarle la silla de ruedas a los paralíticos. La interrupción del servicio deja otra vez patente el enorme desconocimiento de la administración sobre la discapacidad auditiva y la figura de los intérpretes».
El caso ha llegado hasta la mesa de la Oficina del Defensor del Menor en Andalucía. Su director, Jesús Maetzu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Educación de Javier Imbroda para saber qué medidas piensa adoptar para permitir que el alumnado sordo, ante la necesidad de seguir la enseñanza de manera telemática durante el estado de alarma, vuelva a recibir el apoyo de los intérpretes de lengua de signos. En el documento remitido a Sevilla, el organismo recuerda que las personas con diversidad auditiva «deben continuar con sus obligaciones formativas» y reclama a la Junta que restablezca «el servicio indispensable que proporcionan los intérpretes». Maetzu recuerda que «hay servicios irrenunciables» como éste que también se presta a los alumnos de formación profesional, «que tendrán que examinarse a finales de curso». Su suspensión supone una situación «de desigualdad que hasta el momento no ha encontrado respuesta».
Desde la Sociedad Federal de Sordos de Málaga detallan que el número de alumnos afectados en la provincia por esta interrupción roza la veintena entre colegios, institutos y cursos de formación. Muchas de las aplicaciones utilizadas para dar clases a distancia no son accesibles para el alumnado sordo, y las que tienen servicio de subtítulos automáticos, como YouTube, descontextualizan frases y transcriben de forma errónea multitud de palabras y oraciones. A la espera de que la Junta reactive el servicio de interpretación de lengua de signos, estos alumnos llevan casi dos meses sin recibir la formación a la que tienen derecho.
Los intérpretes no han cobrado aún la nómina de abril
Los intérpretes de lengua de signos que trabajan en colegios, institutos y cursos de formación profesional públicos en Andalucía aún no han recibido la nómina de abril. La Junta externaliza este servicio, adjudicado actualmente a Tangram. En un documento al que este periódico ha tenido acceso, la empresa comunica a sus intérpretes que no pueden realizar su trabajo de forma telemática: «Tras varias consultas a la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, nos indicen que los contratos están suspendidos por decreto ley y, por lo tanto, no se puede ejercer ninguna actividad». La compañía, en otra carta, les anunció que no podría hacerse cargo de los sueldos al encontrarse «en la posible tesitura del no cobro de indemnizaciones por falta de presupuesto» por parte de la Junta.
«Vamos saltando de empresa en empresa, en vez de estar contratados por la administración. No entendemos por qué no podemos teletrabajar, cuando los alumnos nos necesitan y las clases pueden impartirse de forma telemática. Creemos que ni siquiera saben cómo les afecta esta situación», explica desde el colectivo de intérpretes de lengua de signos, cansados de «los continuos recortes, casi año tras año», que han sufrido. Estos trabajadores recuerdan que la ley Ley 11/2011, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, establece que «la Administración educativa dispondrá de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para facilitar en aquellos centros de enseñanza reglada que se determinen el aprendizaje de la lengua de signos española al alumnado sordo».
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