La Intervención avala la municipalización de Limasa por ser la opción más barata
El equipo de gobierno llevará al pleno del próximo martes el inicio del proceso para una gestión pública mientras los trabajadores votarán este viernes el nuevo convenio
Frente a los 100,3 millones de euros anuales que le cuesta al Ayuntamiento la actual Limasa (49%de titularidad pública), una privatización total costaría ... 97,9 millones mientras que una gestión pública de la limpieza viaria y la recogida de residuos a través de una empresa municipal saldría por 92,6 millones al no tener que abonar el IVA de la mano de obra y ahorrarse otros conceptos como la obligatoriedad de obtener un 2% de beneficio o el canon de asistencia técnica que cada año reporta 2 millones a la parte privada (FCC y Urbaser, y de forma minoritaria Sando y Unicaja). Con estos datos, la Intervención General avala la propuesta del alcalde para municipalizar Limasa, un camino que Francisco de la Torre comenzó hace dos semanas y que, una vez recibido el informe favorable del habilitado nacional, continuará en el pleno ordinario del próximo martes en el que se someterá a aprobación inicial la memoria justificativa elaborada por la comisión técnica encargada de analizar la forma de gestión y la naturaleza jurídica del ente que asumirá la prestación del servicio.
Tras todo un mandato pendiente de resolver el futuro de Limasa, el equipo de gobierno del PP inicia los trámites no sólo a un mes de las elecciones locales del próximo 26 de mayo, sino con la certeza de que la aprobación definitiva y su puesta en marcha corresponderá a la nueva Corporación que salga de las urnas. Mientras tanto, seguirá prorrogado el sistema mixto actual, que debió expirar en abril de 2017 tras 16 años de concesión pero que se mantiene 'sine die' ante la indecisión del Ayuntamiento a la hora de zanjar el asunto. Aunque la citada memoria técnica está lista desde mediados del pasado enero, De la Torre no ha dado el paso hasta tener encarrilada la negociación con los sindicatos para cerrar un convenio laboral que garantice la paz social cuando los trabajadores pasen al ámbito público. La plantilla ha sido convocada para este viernes a sendas asambleas (una por la mañana y otra por la tarde) para votar el nuevo convenio.
De la Torre acomete la municipalización una vez encarrilada la negociación con los trabajadores
La posibilidad de crear una sociedad mercantil se ha despejado a raíz de que el Ayuntamiento haya adelantado dos años la salida del plan de ajuste que puso en marcha en 2013 para reducir su deuda. De esta forma, desaparece la restricción que pesaba sobre el Consistorio a la hora de constituir un nuevo ente. Un futuro organismo que asumirá los 10,1 millones de euros que, según los últimos datos relativos al cierre de 2018, debe Limasa (9,1 por la adquisición de maquinaria y vehículos, y 996.163 de un préstamo bancario). Un 'lastre' que, según la Intervención, no impedirá que el 'holding' municipal (el Ayuntamiento y todos sus organismos) pueda cumplir con el objetivo de tener controlada su deuda por debajo del 75% de los ingresos corrientes.
Si a nivel administrativo se avanza en la municipalización, también en las negociaciones con los trabajadores fruto de las reuniones que se vienen manteniendo en el último mes con el comité de empresa. Tal y como ha venido informando este periódico, ambas partes contemplan que una parte del salario se convierta en variable y vaya ligada a la eficiencia en el trabajo diario y al no absentismo (aunque la oferta del Ayuntamiento era de 2.500 euros variables al año la cifra final podría rondar los 1.500). Del mismo modo, también coinciden en dejar a un lado las discrepancias surgidas en torno a los atrasos que se adeuda a la plantilla en cumplimiento de la sentencia del TSJA que declara que el único convenio vigente en Limasa es el de 2010-2012, previo a los recortes. A la espera de que se resuelva otro procedimiento judicial paralelo a mediados de junio, Ayuntamiento y comité de empresa se muestran partidarios de cerrar un acuerdo dejando al margen las cuestiones pendientes en los tribunales.
Tampoco parece haber problemas en torno a las vacaciones, que en lugar de concentrarse en verano se repartirían durante todo el año para reducir el gasto en contrataciones temporales para cubrir los huecos que dejan los empleados fijos en la temporada estival.
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