Un conflicto jurídico entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta bloquea licencias de obra en el Centro
Promotores de proyectos exigen indemnizaciones económicas ante la parálisis que provoca el diferente criterio sobre las alineaciones de suelos
El dinamismo urbanístico que vive el Centro Histórico de Málaga desde hace varios años, impulsado en gran medida por el despegue turístico de la capital, ... ha hecho florecer no pocos proyectos para rehabilitar y construir edificios por parte de empresas no solo locales, sino también nacionales e incluso de capital extranjero. No obstante, muchos de estos proyectos se encuentran en ocasiones con el freno que suponen los trámites urbanísticos que deben superar ante el Ayuntamiento, como gestor de las autorizaciones correspondientes, y también ante otras administraciones como la Consejería de Cultura, ya que el corazón de Málaga está catalogado como bien de interés cultural por la Junta desde 2012.
Precisamente un conflicto entre la administración local y la regional tiene en estos momentos bloqueados varios proyectos urbanísticos en el Centro de la capital, a cuenta de las alineaciones que deben corresponder a cada una de las parcelas en las que se divide la trama urbana. La disparidad de criterios parte de hace una década, cuando el casco antiguo fue inscrito por el Gobierno andaluz en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC y con la tipología de conjunto histórico.
Esa inscripción suponía que el planeamiento urbanístico del Centro Histórico de Málaga, en concreto el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), aprobado en 1989, tenía que adaptarse a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía evacuada en 2007 por la Junta. Pero hasta ahora no ha sido así, y es aquí donde surge el problema.
Esa Ley de Patrimonio Histórico a nivel andaluz señala que deben mantenerse «las alineaciones, rasantes y el parcelario existente» en la trama urbana de un conjunto histórico «permitiéndose excepcionalmente remodelaciones urbanas» que modifiquen esos parámetros siempre que supongan una mejora o eviten «usos degradantes».
Este precepto entra en contradicción con la normativa del PEPRI Centro de Málaga, en la que, en relación con la conservación de la estructura urbana, se indica que las alineaciones «serán las consolidadas por la edificación existente, a excepción de las indicadas en los planos de este plan». Según se ha señalado en informes de la delegación de la Consejería de Cultura a los que ha podido tener acceso este periódico, «la aplicación de este artículo ha supuesto la realineación de un gran número de calles» que no responden a los criterios de «excepcionalidad motivados por mejoras del entorno que exige la Ley de Patrimonio Histórico».
La consecuencia de este conflicto jurídico es que ya son varios los expedientes de licencias de obra que suponen una modificación de las alineaciones de la trama urbana y que, pese a estar permitidos por el PEPRI Centro, están bloqueados por un informe negativo de Cultura. O al contrario, es decir, por seguir el dictado de las normas de la Junta, contravienen las de la Gerencia de Urbanismo.
Un ejemplo es el proyecto para construir apartamentos turísticos en el número 17 de la calle Refino, una actuación que implica la demolición de un edificio que sobresale de la línea que siguen de forma mayoritaria el resto de inmuebles de la calle. Los de nueva construcción se han retranqueado, como marca el PEPRI, y en este caso también cabría hacer lo mismo, según Urbanismo, pero el criterio de la Junta es que se respete la huella de la construcción que se va a demoler. Urbanismo ha llegado a reconocer en una resolución a la que ha tenido acceso SUR que este conflicto jurídico coloca al solicitante de la licencia –una sociedad con sede en Salamanca– «en un callejón sin salida», y ha pedido a la Junta que le permita adaptarse a los planos del PEPRI.
Indemnización
Ante esta tesitura, los empresarios que están detrás de esta actuación, asesorados por el abogado de Consulting de Derecho Urbanístico Juan Ramón Fernández-Canivell, han pedido una indemnización de 292.811 euros por responsabilidad patrimonial contra la Gerencia Municipal de Urbanismo y, de forma solidaria, contra la Consejería de Cultura.
No es el único caso. Un proyecto de viviendas con piscinas y salas de trabajo común en la zona de Lagunillas, que implica la agrupación de parcelas, también está frenado por esta disparidad de pareceres entre la administración local y la regional. En este caso, el abogado Álvaro García Cabrera ha elaborado un informe en el que avala la eficacia jurídica del contenido del PEPRI Centro respecto a la legislación sobre patrimonio.
La revisión del plan urbanístico del casco antiguo, bloqueada tras un recurso del Colegio de Arquitectos
Una cuestión clave para resolver este conflicto jurídico entre el Ayuntamiento y la Junta a cuenta de las alineaciones de las parcelas del Centro Histórico de Málaga es la actualización y revisión de su plan urbanístico, de forma que se adapte a las disposiciones de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. En octubre de 2014, el Consistorio aprobó un avance de lo que podría ser esa revisión del PEPRI, pero ocho años después todavía no se ha completado el expediente, pese a que han sido varias las ocasiones en las que la Consejería de Cultura ha recordado a la Gerencia de Urbanismo la obligación de adaptar el plan del casco antiguo a la vigente ley de patrimonio.
Actualmente, según se refleja en documentos de Urbanismo, esa revisión está frenada por la imposibilidad de seguir adelante con el contrato que activó el Ayuntamiento en 2018 para revisar el catálogo de edificios protegidos del Centro. El Colegio de Arquitectos recurrió judicialmente en primera instancia esta licitación con el argumento de que los precios fijados por Urbanismo no se ajustan a los del mercado, sino que son más bajos. En septiembre del año pasado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga dictó un auto por el que desestimó el recurso presentado por los arquitectos y avaló el presupuesto calculado por la Gerencia de Urbanismo. Sin embargo, el Colegio de Arquitectos ha optado por recurrir ese fallo judicial ante el Tribunal Supremo, por lo que la contratación está frenada a la espera de que se resuelva la casación.
Por otra parte, el Ayuntamiento inició un expediente para ampliar el ámbito del PEPRI Centro hacia los barrios de la Trinidad, el Perchel y La Malagueta, respecto al que la Consejería de Cultura ha opinado que la opción «más adecuada» es la de mantener los límites de la zona protegida del Centro de Málaga tal y como fue aprobada por la Junta en 2012. Con todo, Cultura ha señalado que, en el caso de ampliarse, no debería incluir El Ejido, y sí llegar hasta los conventos de la Trinidad y de San Andrés, en el Perchel.
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