El concurso de las torres de Repsol en Málaga puede quedar desierto por las dudas jurídicas de los promotores

Tras suspenderse la última mesa de contratación, a raíz del Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la plataforma Bosque Urbano, la Gerencia de Urbanismo dio un plazo a los licitadores para que mostraran su disposición a continuar o no con el procedimiento, para lo que tendrían que asumir las posibles consecuencias jurídicas de la compra de unos suelos cuyo futuro está judicializado.

El plazo que les dio Urbanismo para pronunciarse terminó ayer, y este periódico ha podido recabar las respuestas de algunas de las principales promotoras que están inmersas en el procedimiento. Estas han encargado informes jurídicos a despachos legales de prestigio, y sus contestaciones coinciden en dos puntos principales. El primero es la plena disposición e interés a seguir adelante con el concurso hasta su adjudicación; y el compromiso con sus respectivos proyectos. Esto es: no se quieren retirar.

Pero, a renglón seguido, advierten de sus dudas respecto a las consecuencias del procedimiento judicial. Ante este escenario, piden al Consistorio, que es el propietario del suelo y quien lo vende, «garantías jurídicas» para la compra, «respecto al objeto del concurso que ha sido el motivo de la subasta», según las fuentes empresariales consultadas. O lo que es igual: qué pasará en el caso de que los proyectos no se puedan llegar a ejecutar, porque los tribunales así lo determinen.

Otra de las empresas que participa en el concurso para hacerse con los terrenos de Repsol pone de relieve su intención de seguir adelante hasta el final, pero coincide con la primera en que para ello es necesario determinar «el alcance de las consecuencias».

Por un lado, se trata de tener algún tipo de garantía sobre qué ocurrirá si se hacen con el suelo y el juez anula el pliego del concurso y la venta queda anulada, y si habría derecho a la devolución. Y por otra, qué ocurrirá en el supuesto de que un cambio por causas «ecológicas» en la calificación del suelo impida llevarlo a cabo tal y como está previsto.

El trasfondo de esta situación es el miedo de los inversores a pagar millones de euros por unos suelos que, a la postre, sólo pudieran ser utilizados para hacer un parque. «Puede ocurrir que el Ayuntamiento se quede con el dinero y nosotros con un suelo que no vale nada», advierten. Algunos de los implicados también han pedido más tiempo para analizar con profundidad el escenario, ya que el plazo ha sido de sólo diez días, cuando las administraciones suelen dar un mes para alegaciones.

La consecuencia de la demanda de nuevas garantías jurídicas ajenas al pliego puede ser la descalificación directa de los concursantes que las formulan. En el caso de que todas vayan en la misma línea (según apuntan fuentes del sector), el Ayuntamiento se verá obligado a declarar desierto el concurso y a convocar uno nuevo, una vez que el procedimiento judicial aporte algunas certezas.

El pasado 24 de junio, el consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó un punto urgente por el cual se le daba audiencia a todos los licitadores, para informarles sobre el Contencioso-Administrativo y la suspensión cautelar solicitada por la plataforma Bosque Urbano Málaga (BUM).

En ese momento, se abrió un plazo máximo de diez días para que las empresas se pronunciaran sobre si aceptaban continuar con las fases del concurso, para lo que debían asumir bajo su responsabilidad las posibles consecuencias del procedimiento judicial, conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos. En caso de no contestar o de hacerlo con algún reparo, lo previsto inicialmente era la descalificación del concursante.

La mesa de contratación será la que tendrá que determinar si las respuestas aportadas son motivo suficiente para eliminar a los candidatos que han mostrado dudas. Y si la licitación puede seguir adelante con alguna oferta que no haya hecho tales salvedades y haya decidido asumir todos los riesgos, sin más condiciones. En este caso, esa sería la ganadora.

Consultado al respecto, Raúl López, concejal de Ordenación de Ordenación del Territorio, confirmó que el plazo para recabar las respuestas de los concursantes se cerró ayer, y se remitió a lo que diga la mesa de contratación que se convocará en los próximos días.