Dos familias malagueñas piden ayuda a la Administración para no quedarse sin adoptar en Burundi

«Ha sido un choque brutal, una tragedia para toda nuestra familia y nuestros amigos, los siguientes en poder adoptar en Burundi desde España íbamos a ser nosotros, estamos los primeros de la lista», explica Lourdes Gómez quien, junto a su marido Antonio López, iniciaron en noviembre de 2011 los trámites para poder dar un hermano a su hijo biológico, que ya cuenta con ocho años de edad. «Nos decidimos por Burundi porque era el país que mejor se ajustaba a nuestras características. Además, cuando empezamos el expediente, se suponía que este país ofrecía más facilidades y la adopción sería más rápida, nos dijeron que en un año o así podríamos tener a nuestro nuevo hijo», recuerda esta vecina de Rincón de la Victoria, que firmó el contrato de adopción con Addis Galicia en diciembre de 2012.

En marzo de 2013, les comunicaron que su expediente ya se encontraba en Burundi y, desde entonces, se sucedieron las llamadas telefónicas a Vigo, donde se encuentra la sede de la ONG, a la espera del momento para viajar al país africano. «No nos daban novedades sobre nuestro caso, nos decían que la situación política en Burundi era inestable, que la cosa iba lenta», recuerda Lourdes, que junto a su marido tuvo que renovar en agosto de 2015 el certificado de idoneidad que los capacita para poder adoptar. Esta pareja recuerda que, ante la lentitud de los expedientes abiertos, la Xunta ordenó en febrero de 2015 que no se abriera ninguno más con este país africano.

Así, hasta que el pasado 20 de enero, este matrimonio recibió un correo electrónico en el que se les convocaba a una reunión urgente en Galicia el pasado 1 de febrero. Tras insistir para conocer el motivo, descubrieron que se trataba de la quiebra de Addis Galicia. «Nos dijeron que el agujero era de 140.000 euros y que, si queríamos que los trámites continuaran para las diez primeras familias de una lista de 30, teníamos que poner 6.700 euros más a los 11.000 euros que pactamos por contrato», apunta Lourdes. Ellos fueron una de las cuatro familias que mostraron su disposición a entregar esta cantidad de dinero adicional, pero la Xunta exigía que fueran al menos diez para continuar con los trámites abiertos con este país. «Nos dimos cuenta de que ya no podíamos hacer nada y nos resignamos a dejarlo todo», relata.

Movilización

Sin embargo, el pasado lunes recibieron una llamada de la directora de Addis Galicia en la que les informaba de que aún no había que darlo todo por perdido y que, si la administración ponía de su parte, podrían culminarse las adopciones. Eso ha propiciado que las diez familias andaluzas que se están en la misma situación hayan empezado a movilizarse para reclamar ayuda tanto a la Junta andaluza como a la Xunta gallega. Sin embargo, los primeros contactos con la Administración regional no les han dado resultado.

«No nos cuadra que la administración se ponga de perfil. Hay muchas opciones para que nuestras adopciones puedan completarse y solo suponen un pequeño esfuerzo para las instituciones», agrega Carlos Hernández quien, junto a su mujer Lidia Cabrera, constituyen la otra pareja malagueña que ya había iniciado los trámites -en 2012- para traer desde Burundi un hermano o hermana para su hija, de cinco años, adoptada también en África, en Etiopía. En su caso, están en el puesto 11 de la lista de espera, pero quieren mantener su lucha por aumentar su familia.