Un limbo jurídico bloquea los arreglos pendientes en el balneario

Paradójicamente, las instalaciones sí son objeto de inspecciones, peticiones de intervención y sanciones, tal y como ponen de relieve sus actuales responsables. Incluso dirigentes de las administraciones implicadas, que pidieron no ser citados, reconocieron que la situación que se está viviendo es anómala y contraproducente para el deber de conservación del inmueble histórico. Estas voces hacen un llamamiento a la coherencia de las instituciones y piden resolver cuanto antes la situación legal de la concesión.

De momento, ni la Junta ni la Justicia (hay un contencioso-administrativo abierto) han dado ninguna solución al problema, que surge en septiembre de 2014 tras la compra de las acciones de la sociedad concesionaria Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen por parte de un grupo de socios, liderados por el empresario y exconcejal Damián Caneda. La Consejería de Medio Ambiente está todavía estudiando la hoja de ruta. Mientras, los tribunales llevan cinco meses sólo para determinar si la competencia es de un tribunal ordinario o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Ello está dando lugar a situaciones dantescas. Según explican los propietarios, tras los daños del fuerte temporal del 1 de noviembre encargaron un informe a un arquitecto, visado por el Colegio y que se entregó a la Junta, a Costas y al Ayuntamiento. «A fecha de hoy nadie se ha pronunciado», aseguran. A continuación, se pidió permiso para hacer las obras necesarias de defensa del restaurante y la terraza, y al no obtener respuesta se acometieron varias actuaciones «sólo para preservar el edificio de las inclemencias».

Estos trabajos han motivado todo un cruce de informes sobre las obras que se habían detectado (y que, evidentemente, no tenían licencia de Urbanismo) entre el Ayuntamiento, la Junta y Costas (esta última actualmente no tiene potestad sobre el espacio, ya que la competencia se le cedió al Gobierno andaluz). Pero poco más, porque nadie se atreve a tomar una decisión que suponga un reconocimiento implícito. «Ninguna administración se pronuncia ni autoriza nada, pero nosotros tenemos que avanzar ante la indeterminación de las instituciones», añaden los empresarios. «Lo único que hacemos es preservar las instalaciones del temporal».

Paralelamente, el Ayuntamiento está demandando una serie de obras y la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de varias instalaciones de la zona que están abandonadas, pero Medio Ambiente no les atiende ni les permite actuar.

Así las cosas, el muro de ribera se ha mantenido tal y como quedó tras el oleaje de noviembre, con grandes boquetes por donde el agua se cuela cada vez que hay una mínima marejada. «Estamos estudiando poner una barandilla para evitar un caída, al menos de momento», apunta Ramos.

La situación de parálisis parte de la decisión de la Junta de no darle validez a la compraventa de las acciones de la concesionaria por parte del grupo de empresarios liderado por Caneda, al no haber sido informada previamente de la operación. El procedimiento para la extinción de la concesión sigue en trámites.