Empresas del 'caso Edu' suplantaron a docentes para inflar el presupuesto de los cursos

El último informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso SUR, recoge literalmente: «Se ha podido demostrar que en ciertos casos se ha suplantado la personalidad de alguno de los monitores/tutores con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia».

De los 28 profesores llamados a declarar por la policía en el caso Edu, en el que se investiga un presunto fraude en cursos de formación subvencionados por la Junta, al menos cuatro aseguraron que no habían impartido esos seminarios, y no reconocieron los documentos que les mostraron los agentes, que supuestamente estaban firmados por ellos.

El caso más llamativo se produjo en el curso Soldador de estructuras metálicas ligeras, impartido por la academia Feijo S. L. con una subvención de 131.625 euros. Es el único de los cuatro donde, a tenor de la declaración de la supuesta docente, hasta la firma es falsa. Y la mujer, para colmo, nunca había tenido relación alguna con esa empresa en el pasado.

Según manifestó a la policía, un compañero de trabajo le comentó que una amiga buscaba a una profesora para impartir módulos transversales de un curso. Contactó con ella por teléfono y luego intercambiaron varios correos. En el último le decía: «Hola. Me ha llegado todo bien. En principio vas a impartir tú los módulos, ya te llamaré para verlos». Fue en enero de 2011 y, desde entonces, no ha vuelto a saber de ella; hasta que la policía la citó a declarar el pasado abril.

Dos profesores en un curso

En un curso de restauración, subvencionado con 79.920 euros a la mercantil Formación Hostelera del Sur, se habrían suplantado los nombres de dos profesores para inflar el importe de la ayuda. La policía contactó con ambos docentes. Aunque reconocieron haber trabajado con esa entidad, ambos confirmaron que en 2011 «no participaron en ningún curso de esa empresa, y menos en Estepona», como indicaba la documentación del expediente. «Dejé de trabajar con ellos porque no me pagaban», declaró una de ellas a los agentes.

Algo parecido ocurrió en un ciclo formativo de protésico dental impartido por Jobesa. Al interrogar a uno de los tutores, éste declaró a la policía que «nunca» había participado en un curso de formación subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Explicó que era amigo del dueño de la empresa y que éste le propuso impartirlo, pero no pudo porque incurría en una incompatibilidad en su trabajo. Sin embargo, su nombre figuraba en el expediente como profesor de un módulo de 50 horas por el que habría cobrado 3.612,50 euros. El supuesto docente reconoció su firma, pero aclaró que el documento es falso y que «no cobró nada».

La policía descubrió otras irregularidades en el profesorado. En uno de los expedientes investigados, un alumno de un ciclo formativo Programador de aplicaciones informáticas, subvencionado a Grupo Alce con 98.940 euros se convertía en profesor del siguiente. En otros casos, aparecían varios nombres como personal docente, pero en realidad los terminaba impartiendo uno solo, que además «no poseía los conocimientos necesarios para todos los módulos», dice el atestado policial. «El propio monitor subraya se encarga absolutamente de todo, hasta de hacer la compra para el curso de cocina con un presupuesto ridículo y tasado, para luego la empresa justificar gastos importantes de material».