La Junta desoyó quejas de alumnos del ‘caso Edu’

El último informe del caso Edu, que desató la redada del pasado julio, con 42 detenidos, resume en 141 páginas la ristra de irregularidades descubiertas por la policía en los cursos de formación con compromiso de contratación. El atestado, al que ha tenido acceso SUR, refleja que la Junta de Andalucía desoyó las quejas amargas de varios alumnos, que llegaron a calificar los ciclos formativos a los que asistieron de «chapuza», «cachondeo» o «tomadura de pelo».

La base del informe la conforman los testimonios de 225 alumnos se identificó a 262, pero los otros 37 no pudieron ser localizados y 28 profesores de los cursos bajo investigación. Los interrogaron en dos tandas: a los asistentes, entre el 7 y el 11 de abril; a los docentes, entre el 23 y el 26.

Las declaraciones vinieron a confirmar las sospechas de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que llevaban desde mayo de 2013 recopilando todas las pruebas documentales del caso. En su origen, Edu se centró en los cursos impartidos por 17 personas físicas o jurídicas en 2011, y que fueron subvencionados por la Junta de Andalucía con una suma total de 1,7 millones de euros.

Al reclamar los expedientes al Gobierno autonómico, la primera sorpresa para los agentes fue que tres de las 17 empresas ni siquiera habían proporcionado a la Administración los listados de los alumnos inscritos a los ciclos formativos, uno de los requisitos fundamentales para percibir las ayudas, por lo que no se pudo profundizar en esa vía de investigación.

Los demás sí fueron interrogados. La principal conclusión que se extrae de sus declaraciones es la dudosa utilidad de los cursos, que tenían como finalidad formarlos como profesionales y darles una oportunidad en el mercado laboral, de ahí que se regaran con dinero público. La mayoría de los alumnos coinciden en la escasa cualificación del profesorado en muchas ocasiones los impartían los propios administradores de las empresas o sus familiares y el incumplimiento «sistemático» del compromiso de contratación, que según la legislación debía alcanzar al 60% de los asistentes. «Sabíamos que no íbamos a trabajar», contestó a la policía un joven resignado que se apuntó a un seminario de cocina en la academia de hostelería Salamar.

En el mejor de los casos, les ofrecían «contratos imposibles», empleos por horas muy mal remunerados y a cientos de kilómetros de distancia (Huelva, Melilla o Cádiz, por ejemplo), para considera la policía conseguir que firmaran la renuncia al puesto y cumplir de ese modo con la Junta. «En muchas ocasiones, mediante engaño, se ofrecían supuestos contratos que luego no se materializaban bajo alguna excusa», subraya la UDEF. Otras veces, la propuesta laboral no tenía nada que ver con la formación. Según un alumno del curso Instalador de Equipos y Sistemas de Comunicación, por el que María Luz Villa percibió de la Junta 70.822 euros, el tutor marido de la beneficiaria le ofreció trabajar como teleoperador para vender líneas de móvil e Internet en el mismo local donde se había impartido el curso, el almacén de una tienda que «parecía un cíber».

Algunos de ellos intentaron rebelarse ante esta situación. Un alumno de un curso de Servicio de bar y cafetería, impartido por la Asociación Axárquica de Formación y Empleo, declaró que el técnico de la Junta no atendió el teléfono cuando lo llamaron para quejarse de la falta de material para realizar las prácticas. «Sólamente le cogió a un alumno y le dijo que ya se pasaría, pero nunca llegó a hacerlo», manifestó.

Su testimonio queda contrastado por las declaraciones de varios profesores del curso. Uno de ellos explicó a los agentes que él mismo llamó al técnico de la Junta para informarle de las protestas del alumnado. Según su declaración, el funcionario le respondió «con evasivas» y le dijo que «son los alumnos los que tienen que presentar quejas».

El docente también declaró que el administrador de la entidad beneficiaria de la subvención le comentó tanto a él como a otros tutores que tenía «relación» con el entonces consejero de Empleo de la Junta entre 2009 y 2012 hubo dos y que a raíz de esta amistad «le habían concedido una gran cantidad de cursos». La policía constató en su investigación que su empresa y las de su entorno familiar consiguieron más de 500.000 euros en ayudas públicas desde 2010 hasta 2012.

Otro de los tutores del curso de camarero afirmó que existía una relación de «complicidad» entre el administrador de la entidad que recibió la ayuda 60.390 euros y el técnico de la Junta que debía encargarse de supervisarla, por lo que «éste haría caso omiso a cualquier reclamación realizada por los alumnos». También dijo que tenía la impresión de que la asociación se había creado con la finalidad de «recibir subvenciones».

Las quejas no sólo se hicieron llegar a la Junta por teléfono. Un alumno de un curso de Soldador de Estructuras metálicas ligeras, impartido por el centro de formación profesional Feijo S. L., por el que percibió del Gobierno autonómico la suma de 131.625 euros, aseguró a la policía que tanto él como el resto de los asistentes acudieron «en diversas ocasiones» a dependencias de la Junta para protestar por la forma en que se impartía el ciclo formativo, pero sus quejas no recibieron «respuesta alguna».

En este caso, las «deficiencias» no se referían sólo al material. Según indicaron varios alumnos, «se dedicaban a realizar trabajos de albañilería» o de «carpintería», como la construcción de un «aula para futuros cursos», llegando a pintar la nave y la maquinaria, actividades que no estaban relacionadas con el ciclo formativo al que se apuntaron. También manifestaron que el beneficiario de la subvención los enviaba a realizar trabajos para sus clientes sin percibir remuneración alguna. «Organizaba barbacoas en su domicilio y en la misma empresa fanfarroneando de que pagaba la Junta», aseveró otro alumno.

Los investigadores de la UDEF ponen el acento en su atestado en la casi «inexistente» labor de «control, seguimiento e inspección» de los cursos por parte de la Junta. Según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, los técnicos del Gobierno autonómico sólo visitaron en 2010 el 33% de los ciclos formativos subvencionados. La policía alude a la relación de «amistad o confianza» de un funcionario de Junta o un exconsejero con algunos de los administradores de las empresas beneficiarias, lo que, a su juicio, podría haber influido en la tramitación de los expedientes, pudiendo existir «algún tipo de tráfico de influencias». El informe policial dice literalmente: «Se han detectado graves irregularidades en contratos de prestación de servicios, subcontrataciones y vinculaciones, reguladas expresamente por la legislación, y resulta inexplicable que ninguno de los técnicos o sus superiores hayan detectado, paralizado o exigido responsabilidades».

Sin embargo, pese a la «laxitud en el control» que mostraba la Junta, algunos empresarios sí utilizaban la amenaza de una visita sorpresa de los técnicos para «presionar» a los alumnos y «evitar que abandonasen el curso por las irregularidades o la falta de profesionalidad de los mismos», apunta el atestado de la UDEF. En otros casos, ni siquiera se molestaban en obligarles a asistir. Las declaraciones recabadas por la policía revelan que algunas de las entidades beneficiarias directamente «falsificaban» los partes de asistencia.