Estados Unidos duplica su recompensa por Nicolás Maduro hasta los 50 millones de dólares

«¡Está en Venezuela! ¿Me mandas el dinero?», se reía un usuario de X, que se hacía eco de las burlas infantiles en las redes. «¡Acepto Zelle, Venmo, Apple Pay y otras aplicaciones!», decía otro socarrón. «No se necesita ser un James «Bondi» para saber dónde se esconde», continuaban. Al anunciar la recompensa en un vídeo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó el jueves al líder venezolano de ser «el mayor narcotraficante del mundo» y prometió que, «bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia».

Se le acusa de «conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para usar y transportar ametralladoras y aparatos destructivos en la promoción de un delito de drogas», dice el cartel de «Se Busca», que ha difundido el Departamento de Estado con la promesa de confidencialidad para todas las pistas que se proporcionen a la DEA, cuyo contacto se proporciona en un código QR.

El gobierno de Trump ya imputó a Maduro en 2020 durante su primer mandato en un tribunal federal de Manhattan, junto a varios miembros de su gobierno que acusa de co-conspiradores. Fue un paso extraordinario, al criminalizar al jefe de Estado de un país con el que EE UU mantenía todavía profundos vínculos económicos, migratorios y de seguridad, pese a haber apoyado el golpe de estado de 2019 y reconocer a Juan Guaidó como legítimo presidente del país. Lejos de desaparecer, el caso se ha endurecido bajo el gobierno de Biden, que aumentó la recompensa de 15 millones de dólares del programa de Recompensas de Narcóticos a 25 millones en enero pasado -la misma cantidad ofrecida en su día por Osama Bin Laden- y ahora a 50 millones con Trump. Se le acusa de «haber sido durante más de una década» el líder del Cartel de los Soles, al que el gobierno de Trump designó el mes pasado como organización terrorista.

«Desde 2020, Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder en Venezuela. Maduro afirmó haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, pero no presentó ninguna prueba de que hubiera resultado vencedor», dice el Departamento de Justicia en su comunicado de este jueves.

El gobierno venezolano disfrutó de un pequeño balón de oxígeno a finales de 2022, cuando con la tensión en los mercados mundiales de crudo, la administración Biden concedió a Chevron una licencia limitada para reanudar operaciones en Venezuela, como parte de un experimento de alivio, condicionando el levantamiento de sanciones a concesiones electorales. Esa apertura se estrechó cuando aumentó la represión política en torno a las elecciones de 2024. En primavera del año pasado Washington reimpuso restricciones clave, dejando el canal petrolero medio abierto y medio cerrado. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, inicialmente dejó expirar la autorización de Chevron. Después, tras un debate interno y gestiones regionales, que el mes pasado dieron lugar a la liberación de diez estadounidenses encarcelados en Caracas, permitió a Chevron reiniciar las perforaciones en Venezuela de una licencia más restringida y vigilada, que prohíbe que los ingresos lleguen al Gobierno de Maduro. 

Con la ex fiscal de Florida al frente del Departamento de Justicia y el senador cubano americano Marco Rubio en el Departamento de Estado, el endurecimiento de la política hacia Venezuela era una crónica anunciada, como un mensaje destinado tanto a los tribunales como a los votantes estadounidenses.

Contrasta, sin embargo, con una serie de entendimientos que se estaban dando en los canales traseros. Tras años de acusaciones mutuas, en marzo pasado funcionarios de EE UU y Venezuela alcanzaron un entendimiento práctico para reanudar los vuelos de deportación, reabriendo un canal que había quedado inactivo, e incorporando la crisis venezolana a la agenda fronteriza de Washington. A estas alturas los tribunales han despejado los obstáculos legales para las expulsiones más agresivas y la política de deportaciones se ha convertido en otra moneda de cambio para las negociaciones bilaterales.

Como la estrategia de Trump para hacer cumplir sus promesas electorales pasa por reducir drásticamente el precio de la gasolina, incluso en el apogeo de la «máxima presión», EE UU ha concedido esas licencias a sus empresas y mantener un pie energético en Venezuela, a cambio de objetivos verificables. Los analistas lo consideran una paradoja, que encaja en las prácticas que ha usado Washington desde la Guerra Fría, -aislar, imputar, sancionar y negociar- y con el modus operandi de Trump. El autor de 'El Arte del Trato' siempre busca acorralar a su contraparte antes de negociar para poder hacerlo desde una posición de fuerza. Así que lo que el gobierno de Venezuela ve como «una operación propagandística», puede ser, en realidad, buenas noticias para un mandatario aislado internacionalmente, al que se le abre el canal de negociación de EE.UU., aunque sea en los términos de Trump.