Los abogados se convierten en objeto de torturas en China

Según un informe difundido por la organización de defensa de los derechos humanos, los sospechosos son abofeteados, reciben patadas, son golpeados con zapatos o botellas llenas de agua, son privados de sueño y encadenados a sillas en posiciones dolorosas durante horas. La publicación del informe se produce una semana antes de que el caso de China sea examinado en Ginebra por el Comité de la ONU contra la Tortura.

Según cifras oficiales citadas por Amnistía, la Justicia china ha recibido al menos 1.321 denuncias de casos de obtención de confesiones bajo tortura entre 2008 y la primera mitad de 2015. Durante ese lapso, sólo 279 personas fueron condenadas en toda China por haber "arrancado confesiones bajo tortura", indica la organización. "Para la Policía (china), conseguir confesiones es la manera más fácil de llegar a una condena", ha comentado Patrick Poon, un investigador de Amnistía.

Relatos estremecedores

Ciertos abogados que representan a opositores o a miembros de grupos religiosos ilegales declaran que también ellos fueron torturados, indica Amnistía. De los 37 abogados interrogados por la organización, diez sufrieron desde 2010 torturas o malos tratos.

Yu Wensheng, abogado pekinés, contó que lo tuvieron esposado por la espalda durante una detención de casi cien días en 2014. "Tenía las manos tan hinchadas y sentía tanto dolor que ya no quería vivir. La Policía apretaba regularmente las esposas y yo aullaba", declaró, citado por Amnistía.

Los tribunales chinos admiten regularmente confesiones susceptibles de haber sido obtenidas bajo tortura, afirma Amnistía Internacional. Los responsables chinos acusan con frecuencia a Amnistía de "parcialidad". China asegura que ha tomado medidas para limitar la frecuencia de la obtención de confesiones por la fuerza, entre ellas la instalación de cámaras en las salas de interrogatorio y la adopción de leyes que prohíben esas prácticas.

Según Amnistía, los fiscales y los tribunales chinos están controlados por los responsables locales del Partido Comunista, que tienen tendencia a ponerse del lado de la Policía, lo que limita el impacto de las reformas.