Sancionan a 25 militares colombianos por espiar diálogos con las FARC

Según el inspector general de las Fuerzas Militares, vicealmirante César Augusto Narváez, los retirados del servicio activo son tres oficiales, un suboficial y un patrullero, todos miembros del Ejército o la Policía, implicados en fuga de información reservada.

Entre los veinte relevados de sus funciones figuran diez oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado, agregó el inspector, quien advirtió que los implicados pueden ser excluidos de la rama de inteligencia "si fuere del caso".

Las decisiones se tomaron después de investigar la participación de militares y policías en los casos de espionaje de la llamada "Operación Andrómeda", del pirata informático Andrés Sepúlveda, y de la filtración de documentos secretos de inteligencia y de una supuesta lista de correos electrónicos de políticos y periodistas relacionados con el proceso de paz.

La "Operación Andrómeda" fue puesta al descubierto el 4 de febrero del año pasado por la Fiscalía, que encontró que un restaurante de Bogotá era utilizado por militares como centro para operaciones de espionaje.

Según ha explicado el vicealmirante Narváez en una rueda de prensa, "Andrómeda estuvo dentro del marco legal, con fundamento en la Constitución política colombiana, directivas, reglamentos y el Manual de Manejo de Redes de Informantes", pero faltó control de las actividades allí realizadas.

Datos de periodistas

Sobre el espionaje al proceso de paz cometido por el pirata informático Sepúlveda, gestor de redes sociales de la campaña electoral del excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga, según la Fiscalía con la finalidad de "sabotear" los diálogos con las FARC , la investigación concluyó que también hubo participación de miembros de la fuerza pública.

El caso de Sepúlveda, actualmente detenido, fue descubierto en mayo pasado en plena campaña presidencial en la que Zuluaga disputó una reñida segunda vuelta con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que entonces aspiraba a la reelección.

Pero también se ha abordado la presunta existencia de un directorio militar en el que, al parecer sin conocimiento o autorización de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, se recopilaron datos de unos 500 periodistas nacionales e internacionales, hechos sobre los cuales "a la fecha no se ha encontrado evidencia", indicó el mando de la Armada.

En total, las Fuerzas Armadas realizaron 268 pruebas de credibilidad y confidencialidad a personal de inteligencia y de otras divisiones y, a partir de sus resultados, la investigación avanzó hasta determinar la supuesta vinculación de los 25 integrantes de las Fuerzas Armadas.

Además de estas sanciones, Narváez anunció que se han abierto seis "investigaciones disciplinarias", de las cuales cuatro corresponden al caso del pirata informático Sepúlveda y dos a la existencia de la lista de correos electrónicos de periodistas. En estas investigaciones están involucrados al menos once "funcionarios de la fuerza pública" sobre los que no se ofreció más detalles puesto que el proceso aún no ha culminado.