La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza

Además de las dos alcaldesas, el Ministerio Público incluye en su escrito a tres trabajadores municipales y a un empresario. Para ellos reclama seis años de prisión y diez de inhabilitación, además de sanciones económicas. En el caso del empresario, también se solicita una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros. Según la acusación, participaron en la tramitación de contratos y facturas irregulares que habrían facilitado el desvío de fondos públicos.

Cabe recordar, que el caso comenzó en el 2019, tras una auditoría interna que detectó anomalías en la gestión de la empresa. En un primer momento fue archivado por el Juzgado de Instrucción de Ronda, pero en 2022 la Fiscalía decidió reabrirlo. Tras revisar documentación y testimonios, ahora presenta un escrito de acusación que deberá ser valorado por la Audiencia Provincial de Málaga, que decidirá si se abre juicio oral.

En dicho documento, al que ha tenido acceso SUR, el fiscal refleja que durante los mandatos de Fernández y Valdenebro se autorizaron prácticas contrarias a la ley. Entre ellas, contrataciones de personal sin un procedimiento claro, facturas pagadas sin contrato ni concurso, subidas de sueldo aplicando un IPC superior al oficial y pluses salariales de jefes y capataces sin cobertura normativa. También se cuestionan gastos en comidas, lotería y cestas de Navidad, que en conjunto habrían supuesto un perjuicio de más de 86.000 euros para las arcas municipales.

La Fiscalía detalla algunos ejemplos concretos: facturas emitidas a nombre de empresas proveedoras que no se correspondían con suministros reales, contratos tramitados sin licitación ni expediente administrativo, pagos sociales por celebraciones o regalos que, a su juicio, no tenían encaje legal, y retribuciones adicionales aplicadas sin aprobación expresa en convenio o norma. En conjunto, describe un patrón de actuación que, en su opinión, respondía a decisiones arbitrarias mantenidas durante varios ejercicios.

El escrito también alude a la contratación de personal entre 2017 y 2020 a través del Servicio Andaluz de Empleo. Según la Fiscalía, algunas ofertas estaban restringidas solo a vecinos de Ronda, otras carecían de bases claras y en determinados casos se localizaron exámenes que candidatos ya habían visto antes de presentarse. Para el Ministerio Público, se vulneraron los principios de igualdad y mérito en el acceso al empleo público.

En materia económica, la Fiscalía especifica que Fernández debería responder por más de 77.000 euros en incrementos salariales considerados indebidos, mientras que a Valdenebro le atribuye unos 17.000 euros en gastos ajenos a la función pública. Ambas tendrían además que afrontar otras cantidades añadidas a modo de indemnización, junto al resto de acusados.

La reacción del Ayuntamiento fue inmediata. En un comunicado oficial, el equipo de gobierno expresó su «sorpresa» por la acusación, recordando que tanto la jueza instructora como el Tribunal de Cuentas ya habían concluido que no existía ilegalidad. El Consistorio defiende que todas las decisiones contaron con respaldo técnico y que Fernández ni siquiera era alcaldesa en los ejercicios de 2017 y 2018, a los que se refieren algunos de los reproches.

El Ayuntamiento también matiza que ciertos pagos cuestionados, como la comida del patrón o la cesta de Navidad, estaban recogidos en el convenio colectivo vigente y habían pasado los controles de la Junta de Andalucía. Incluso recuerda que cuando el Consistorio intentó suspender el abono de las cestas, los tribunales obligaron a pagarlas con carácter retroactivo, lo que a su juicio demuestra que esas prácticas estaban respaldadas legalmente. En esa misma línea, insiste en que los pluses y las subidas salariales se aplicaron de acuerdo a criterios técnicos y con base en informes internos.

El procedimiento judicial sigue abierto y pendiente de recursos. Si finalmente se admite el escrito de acusación, se abrirá juicio oral y tanto Fernández como Valdenebro (una en ejercicio y otra anterior) deberán responder en los tribunales por la gestión de la misma empresa municipal.