Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros

El origen del conflicto se remonta a una subvención concedida en 2017 para financiar un estudio de viabilidad turística. La asociación encargó el trabajo a una empresa especializada y asegura que presentó la justificación en tiempo y forma, pero años después el área de Tercer Sector de la Diputación alegó defectos formales y abrió un expediente de reintegro. Según el secretario de la asociación, Juan Francisco Naváez, este procedimiento se tramitó «sin conocimiento de la entidad», que asegura no haber recibido «ninguna comunicación oficial ni por carta, ni por correo electrónico, ni por teléfono».

Por su parte, la Diputación afirma que embargo ejecutado por el Patronato de Recaudación fue consecuencia directa de la falta de respuesta o de la no presentación de la documentación requerida por parte de la entidad dentro de los plazos establecidos y que en el año 2021 sí accedió a la sede electrónica cuando gestionó y cobró una subvención destinada a la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

Naváez denuncia que todo el expediente se gestionó exclusivamente a través de la sede electrónica, un canal al que la asociación no tuvo acceso por falta de medios y formación digital. «Nos dijeron que estaba publicado allí, pero nadie nos avisó ni nos explicó cómo entrar», señala. La mayoría de los miembros del colectivo son personas mayores con escasos conocimientos tecnológicos, lo que, según sostienen, les impidió conocer la apertura del procedimiento. «Nos enteramos del embargo cuando vimos la cuenta vacía», lamenta el secretario.

La falta de fondos ha tenido un fuerte impacto en la actividad del colectivo, que se ha visto obligado a suspender un viaje cultural a Sevilla y a paralizar talleres y eventos locales. «Es el esfuerzo de años. Vendíamos roscos, almanaques, hacíamos rifas para sostener nuestras excursiones y actividades. Todo se ha perdido en un día», afirma Naváez. La asociación, muy arraigada en la vida social del municipio, recuerda que cumple un papel esencial como punto de encuentro y apoyo para las personas mayores del pueblo.

Ante esta situación, la Asociación de Mayores ha anunciado que recurrirá la medida y emprenderá acciones legales contra el Patronato de Recaudación, al considerar que se ha vulnerado su derecho a ser escuchada y se ha producido una «situación de indefensión». El colectivo exige la devolución inmediata del dinero embargado y una revisión completa del expediente. «No se puede castigar a quien no ha tenido oportunidad de defenderse. Esto es injusto y lo vamos a pelear», subraya su secretario.

Fuentes de la Diputación de Málaga consultadas por este medio sostienen que la Asociación de Mayores de El Burgo sí accedió con posterioridad a la sede electrónica, concretamente en 2021, cuando gestionó y cobró una subvención destinada a la adquisición de mascarillas durante la pandemia. En ese expediente, la entidad subsanó documentación a través de la plataforma digital, lo que, según la institución provincial, demuestra que la asociación conocía y sabía utilizar este sistema de comunicación electrónica.

Desde el área correspondiente explican que, tras esa experiencia, todas las notificaciones posteriores relacionadas con el expediente de reintegro de la subvención concedida en 2017 se tramitaron por sede electrónica, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Las mismas fuentes subrayan que «las comunicaciones quedaron registradas» y que consta que la asociación accedió a la plataforma en otros procedimientos, por lo que niegan que existiera una falta de notificación por parte de la administración.

Por otro lado, la Diputación añade que se mantuvieron reuniones presenciales con representantes de la asociación para abordar cuestiones vinculadas con la subvención y que el proceso administrativo siguió los cauces legales. Según la institución, el embargo ejecutado por el Patronato de Recaudación fue consecuencia directa de la falta de respuesta o de la no presentación de la documentación requerida por parte de la entidad dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, recalcan que la administración remitió al menos cinco requerimientos formales a la asociación para que completara la documentación necesaria, además de realizar llamadas telefónicas y ofrecer reuniones con responsables políticos, incluido un diputado provincial, con el objetivo de facilitar la subsanación del expediente. “Se les dieron múltiples oportunidades para justificar el uso de los fondos públicos y entregar las facturas y el resultado del proyecto, pero nunca atendieron estos requerimientos”, afirman las mismas fuentes, que insisten en que el procedimiento se activó únicamente después de agotar todas las vías de comunicación disponibles.

Fuentes conocedoras del expediente señalan, además, que la ausencia de respuesta pudo deberse a que la asociación dejó pasar los plazos voluntariamente o por descuido, lo que desencadenó el procedimiento de reintegro. Además, mantienen que el procedimiento se ajustó en todo momento a la normativa y que corresponde a la entidad demostrar la correcta aplicación de la subvención recibida.