La Junta presenta en Cártama un avance del mapa de riesgo de inundaciones en la provincia

Navarro explicó que este documento, aún en elaboración, forma parte del Plan de Gestión del Riesgo de Inundabilidad y se integra en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El objetivo es señalar las áreas donde «la probabilidad de que se produzcan graves daños en las infraestructuras es elevada», con especial atención al Valle del Guadalhorce, la Costa del Sol Occidental y varios tramos del litoral oriental. «Es fundamental que cada municipio conozca con precisión dónde están estos puntos negros para actuar con rapidez y evitar riesgos», subrayó la delegada, que insistió en la necesidad de reforzar la cogobernanza entre administraciones.

La responsable autonómica añadió que el mapa también servirá para evitar nuevas edificaciones en dominio público hidráulico y corregir las existentes, con el fin de reducir la exposición de la población ante posibles avenidas. «Cada municipio debe tener claro dónde están sus zonas críticas, tanto para prevenir como para gestionar las emergencias», señaló.

Durante la jornada; a la que asistieron representantes de la mayoría de los municipios de la provincia, tres vicepresidentes de la Diputación y delegados territoriales de distintas consejerías, se repasaron igualmente las actuaciones ejecutadas durante el último año tras las lluvias de finales de 2024 y el tren de borrascas de marzo de 2025. Según el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, la Junta ha invertido 12,5 millones de euros en la reparación de cauces y arroyos en casi 40 municipios, además de 9 millones más en caminos rurales. Las obras, distribuidas en siete lotes, estarán concluidas antes de finalizar el año.

Navarro recordó que el agua «que da vida a la agricultura y al campo puede convertirse en una amenaza cuando los cauces no pueden contenerla». Por ello, la reunión en Cártama (uno de los municipios más afectados por la dana del 29 de octubre de 2024) quiso ser también un gesto de unidad institucional. «Todos los que estamos hoy aquí tenemos competencias en la prevención y gestión de emergencias. La coordinación nos hace más eficaces», afirmó.

Además del nuevo mapa de riesgo, la Junta trabaja en la revisión del POTA para incorporar medidas que integren la gestión del riesgo de inundación en la planificación municipal. El propósito, explicó Navarro, es proteger vidas y bienes inmuebles y reducir la exposición de las zonas urbanas más sensibles. Entre las medidas previstas figuran la restricción de usos del suelo en áreas inundables, la conservación y restauración de cauces naturales como barreras frente a las crecidas y la reforestación de cuencas para mejorar la absorción del agua. También se promoverán nuevos desarrollos urbanos que favorezcan la infiltración y el almacenamiento natural, evitando la impermeabilización excesiva del terreno.

Los Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM) deberán incluir estudios de inundabilidad y medidas correctoras. Como referencia, la Junta citó el caso de Rincón de la Victoria, cuyo plan en redacción ya identifica 58 cauces públicos susceptibles de provocar desbordamientos tanto en suelo urbano como rústico.

Finalmente, la delegada del Gobierno andaluz valoró la respuesta dada tras las riadas del pasado año y recalcó que la prioridad sigue siendo «estar preparados y, sobre todo, coordinados para dar una respuesta rápida y eficaz a la ciudadanía». «Un año después, las enseñanzas de aquella emergencia siguen muy presentes; se trata de evitar que vuelva a llover sobre mojado», concluyó Navarro.