Alozaina encadena más de un año sin plenos ordinarios

Las versiones sobre lo ocurrido se dividen en tres frentes. El PP de la localidad acusa al alcalde de mantener un bloqueo deliberado que vulnera la participación democrática; el regidor socialista responsabiliza a la falta de habilitado nacional y a la insuficiente cobertura del Sepram durante este periodo; y la Diputación afirma que no tiene responsabilidad en la falta de cobertura estable y defiende que ha atendido todas las solicitudes de apoyo realizadas por el Ayuntamiento.

A partir de ahí, la disputa se ha intensificado. El portavoz popular y diputado provincial, José Santaolalla, denuncia que Alozaina lleva «14 meses sin celebrar un solo pleno ordinario» y acusa al alcalde, Antonio Pérez (PSOE), de «cerrar las vías de participación» a oposición y vecinos. Sostiene que, pese a convocar plenos extraordinarios, estos no permiten mociones ni ruegos y preguntas, lo que, a su juicio, elimina cualquier posibilidad de fiscalizar al gobierno local. El PP ha registrado un escrito exigiendo la recuperación inmediata de la normalidad institucional y recuerda que en 2017 el Defensor del Pueblo ya tuvo que intervenir ante un bloqueo similar.

Santaolalla reprocha además la «connivencia» del PSOE provincial y asegura que el regidor ha «evitado dar la cara» durante más de un cuarto de legislatura. Llega incluso a hablar de una posible «presunta prevaricación administrativa» y señala a Izquierda Unida, socio de gobierno, como «colaborador necesario» de lo que califica como «bloqueo democrático».

El alcalde, Antonio Pérez, defiende lo contrario. Niega cualquier intencionalidad política y asegura que la imposibilidad de convocar plenos ordinarios se debe exclusivamente a la ausencia de secretario-interventor desde octubre de 2024, cuando la titular obtuvo una plaza en la Diputación. «Sin habilitado nacional no se pueden celebrar plenos ordinarios. Es un mandato legal, no una decisión política», sostiene. Añade que la falta de personal habilitado «es un problema generalizado» en los municipios pequeños.

Pérez acusa al PP de «distorsionar la realidad» y convertir en polémica un problema técnico-administrativo que podría haberse resuelto antes si el Sepram, dependiente de la Diputación, hubiera proporcionado una cobertura estable. Asegura que el Ayuntamiento solicitó apoyo durante meses, pero que este solo llegó de manera puntual y sin continuidad suficiente para convocar sesiones ordinarias. «Ellos saben perfectamente cuál es la situación y aun así la utilizan políticamente», lamenta el regidor.

Por su parte, la Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Atención al Municipio, ha ofrecido su versión para aclarar su papel durante este periodo. El organismo provincial subraya a SUR que no tiene competencia en la provisión estable de plazas de Secretaría-Intervención, ya que estos puestos se cubren mediante concursos convocados por la Administración del Estado, y que tampoco es responsable del déficit estructural de habilitados nacionales. Además, recuerda que el Servicio de Asistencia al Municipio solo puede nombrar interventores en ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, un rango que Alozaina no cumple.

Pese a ello, la institución provincial asegura que sí ha prestado asistencia puntual al municipio. Entre otras actuaciones, destaca que colaboró en el nombramiento de un secretario-interventor accidental, que tutorizó su trabajo, que emitió todos los informes jurídicos solicitados y que puso en marcha una bolsa de interinos que permitió la designación de una interventora interina por parte de la Junta de Andalucía. De hecho, según apunta la Diputación, durante el periodo en cuestión Alozaina ha contado con funcionarios que han ejercido temporalmente estas funciones.

Asimismo, el organismo añade además que el Ayuntamiento está acogido al programa de Apoyo a Secretaría para la asistencia a plenos. Según la institución provincial, el consistorio solo solicitó esta asistencia una vez, para una sesión celebrada el 20 de noviembre de 2024, y se le concedió. En este sentido, la Diputación sostiene que ha atendido todas las peticiones de apoyo que le han sido requeridas.

La situación, en cualquier caso, empieza a desbloquearse. Desde el 1 de octubre de 2025, el Ayuntamiento cuenta con una nueva secretaria-interventora interina, lo que permitirá retomar la actividad ordinaria. El consistorio ya ha fijado fecha para el primer pleno tras más de un año de parálisis: el 16 de diciembre. Será la sesión que ponga fin al periodo más prolongado sin plenos ordinarios que se recuerda en el municipio y que abre ahora un nuevo capítulo político en Alozaina tras una crisis institucional de largo recorrido.